La reforma del subsidio de desempleo ha propiciado el primer fracaso de la nueva legislatura del Gobierno de coalición. Yolanda Díaz se encontró hace casi un mes con la negativa de los que otrora fueran sus socios, Podemos, por la disconformidad con un aspecto concreto del Real Decreto-ley. Los morados señalan el recorte de la cotización de los mayores de 52 años como única causa para su ‘no’ y desde Sumar justifican la reducción aludiendo a la cobertura de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).  

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social no lo va a tener fácil para conseguir un acuerdo en el diálogo social que legitime su propuesta inicial. Los sindicatos, en mayor medida la Unión General de Trabajadores (UGT), compran la tesis podemita e instan a la líder de Sumar a corregir el texto y retirar el recorte. La política gallega esperaba obtener un acuerdo social, por lo menos bipartito, pero a la negativa más habitual de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) puede sumarse también la parte sindical.

El debate gana picante conforme pasa el tiempo, dado que, además de afectar a millones de desempleados, es un condicionante de los fondos europeos. Si España quiere percibir la totalidad del cuarto pago de los Next Generation, debe conseguir la aprobación de la reforma in extremis. La Comisión Europea debe decidir próximamente si los 10.000 millones de euros llegan a las arcas del país y, de hacerlo, si lo hacen con la totalidad de su cuantía. El veredicto condicionará múltiples inversiones y proyectos que aguardan la llegada del dinero europeo.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha intentado estas semanas apagar el fuego en Bruselas. El sucesor de Nadia Calviño ha pedido más tiempo para la aprobación de la reforma del nivel asistencial de desempleo y ha buscado trasladar la confianza suficiente para que el Ejecutivo acepte el pago, pero la decisión se acerca y no hay nada seguro. Mientras, Díaz no se baja del caballo y sigue defendiendo a capa y espada su reforma, que será defendida este lunes frente a los agentes sociales por Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.

¿Existe un recorte?

El recorte existe y es apreciable en el texto de la ley. La modificación introducida a última hora por el Gobierno, y de la que la titular de Trabajo no dijo una palabra en las reuniones previas y en la posterior presentación de la norma, elimina la sobrecotización que beneficia a los mayores de 52 años perceptores del subsidio. Sin embargo, los de Sumar niegan la mayor, pese a quedar reflejada, y aseguran que el avance del SMI, que a su vez eleva la cotización mínima que afecta a estos subsidios, compensa holgadamente la sobrecotización.

Por su parte, desde Podemos aseguran que esta reducción ataca a un colectivo que ya se encuentra claramente damnificado y al que le cuesta más reincorporarse al mercado de trabajo. La cotización para la jubilación del subsidio de mayores de 52 años está fijada en el 125% de la base mínima y, con la nueva ley, pasaría a ser del 100% a partir de 2028, después de reducirse progresivamente desde junio de 2024. “La decisión del Gobierno implica reducir su pensión en 162 euros al mes, es decir, en 2.268 euros al año”, han denunciado los morados.

“Con el SMI que tenemos la cotización a la Seguridad Social es digna, no se requiere de sobrecotización”, defendía Pérez Rey. “De hecho, si la estableciéramos con el SMI actual seguramente se produciría una paradoja incomprensible que es que alguien que estuviera percibiendo el subsidio de 52 años podría llegar a cotizar más a la jubilación que una persona que esté trabajando y activa que tuviera un salario como el mínimo o ligeramente superior”, añadía.

El decreto contemplaba que durante 2024 la base de cotización sería equivalente al 120% de la base mínima de cotización del Régimen General de la Seguridad Social vigente en cada momento. Esta cantidad pasaría en el ejercicio 2025 a ser equivalente al 115% base mínima de cotización, al 110% durante el 2026, al 105% en 2027 y ya al 100% en 2028. “La necesidad de modificar esta norma se ha puesto de manifiesto dado el significativo aumento del importe de Salario Mínimo Profesional desde 2019, en un 46%, que paralelamente se traslada al importe de las bases mínimas de cotización y al cálculo de la futura pensión de jubilación”, justifica la propia ley.

¿Qué otras modificaciones cayeron con el decreto?

Más allá del discurso que cada parte quiera defender, lo cierto es que el recorte existe y es la única piedra en el camino para la aprobación de una reforma que, por todo lo demás, es sumamente positiva para los desempleados del país. La cuantía se sitúa actualmente en los 480 euros durante todo el periodo de derecho a cobro. La reforma introducía una subida que se reducía progresivamente con el transcurso de los meses. Así, habría pasado a ser de 570 euros (95% del IPREM) durante el primer semestre, de 540 euros (90% del IPREM) durante los seis meses siguientes y retornaba a los 480 euros durante el resto del periodo.

Además, también se ampliaban los posibles perceptores del subsidio. Se incluía a menores de 45 años sin cargas familiares; mayores de 52 años con cargas familiares, aunque la familia entera sume rentas por encima de un umbral determinado; trabajadores eventuales agrarios de comunidades autónomas que no sean Extremadura o Andalucía, dado que ya cuentan con una cobertura específica; y empleados transfronterizos de Ceuta y Melilla. También se mejoraba la compatibilidad del cobro con el acceso a un nuevo empleo y se eliminaba el mes de transición.

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