Una de las novedades de la próxima campaña electoral ha sido el fichaje de Daniel Lacalle como asesor económico de Pablo Casado. Lacalle es licenciado en ciencias económica y empresariales y doctor en economía con una tesis dirigida por Emilio Ontiveros, y aunque su carrera profesional ha estado vinculada a la gestión de fondos de inversión, particularmente en lo relativo a las inversiones en sectores energéticos, es fundamentalmente conocido por sus numerosos libros de divulgación y sus apariciones en medios de comunicación.

Lacalle ha iniciado la campaña electoral con mensaje coherente con su posicionamiento político y personal: España necesita una bajada masiva de impuestos para lograr la prosperidad. Su referencia es la evolución reciente de Irlanda, un país que en los ochenta y noventa estaba al nivel de España en términos de renta per cápita, y que hoy la duplica, con unos crecimientos económicos muy superiores y sostenidos en el largo plazo. Pese al rescate al que se vio sometido en 2010, debido a su propia burbuja financiero-inmobiliaria, Irlanda mantiene una posición fiscal muy consolidada, con un déficit público en 2017 del 0,5% del PIB, y una deuda pública del 68% del PIB.

El motivo de este milagro del “tigre celta” tiene muchos determinantes, pero quizá el más conocido es la bajada de los tipos impositivos para las compañías multinacionales, que han encontrado, conjuntamente con Luxemburgo, un pequeño “paraíso fiscal” en su territorio, inserto en la eurozona y con acceso al mercado único. Las empresas multinacionales pagan en Irlanda alrededor de un 12,5% de impuesto de sociedades, muy por debajo de tipo en España y otros países de la Unión Europea, y han convertido al país en la plataforma fundamental de actuación de muchas de estas empresas, incluyendo, lógicamente, las empresas tecnológicas. Los resultados de este movimiento fueron muy positivos hasta el inicio de la crisis: la inversión exterior se disparó, el crecimiento económico se multiplicó por dos y la renta de los hogares también. Pero tras la crisis las cosas no han ido tan bien. Si bien la renta de las empresas se multiplicó por seis entre 2008 y 2017, y el producto interior bruto ha crecido un 40% desde entonces -en España apenas estamos en las mismas cifras-, la renta disponible de las familias apenas ha crecido un 3%. En otras palabras, el dinero de los ingentes dividendos que pasan por Irlanda apenas deja unas migajas en el país. Quizá suficientes, dirán algunos. Pese a este ritmo de crecimiento -la renta nacional bruta disponible de las corporaciones no financieras ha crecido un 591% entre 2008 y 2017- el impuesto de sociedades no ha dejado de representar alrededor del 2,7% del PIB. En los gastos, el gasto social de Irlanda está decreciendo desde 2008, de manera que, si en aquel año el gasto social representaba en 15% del PIB, en 2017 bajó hasta el 9,5%. según datos de Eurostat, el más bajo de la Unión Europea, mientras su tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el 22%, por debajo de la tasa española, pero ligeramente por encima de la media de la Unión Europea.

Irlanda es uno de los mejores ejemplos actuales de la denominada “Trickle Down economics”, o economía del “goteo”, por la que si les va bien a las corporaciones que entran y salen del país, algo le podrá llegar a las familias. Muy poco: la renta mediana de los hogares en Irlanda es básicamente la misma desde 2008, habiendo pasado de 22.995 euros por hogar en 2008 a 22.879 en 2017. Si comparamos esta evolución con la de la economía española, los resultados no son tan extraordinarios: en 1995, y medido en paridad de poder adquisitivo, España tenía una renta mediana por hogar de un 83% de la renta mediana Irlandesa. En 2017, esa cifra suponía un 85%: en otras palabras, con el transcurso de los años, pese a la crisis, y pese al impacto en las familias y hogares, España le ha recortado cierta distancia a Irlanda en materia de ingresos familiares.

Con todo, el desempeño económico de Irlanda debe ser examinado, y los efectos de su política de “economía de goteo” merecen una reflexión. El problema fundamental es que la ventaja competitiva de Irlanda es sencillamente su diferencial de impuestos: las empresas se establecen allí no porque sean bajos los impuestos, sino porque son menores que en otros sitios. Si todos los países de la Unión Europea establecieran unos impuestos tan bajos, ¿cuál sería su ventaja competitiva? Eso es precisamente lo que intenta evitar la Unión Europea: que las ventajas de Irlanda y Luxemburgo se conviertan en una carrera hacia el fondo en la que todos los países de la Unión Europea renuncien a cobrar impuestos a las empresas. Si llegara ese caso, la prosperidad sería la misma y los resultados fiscales serían desastrosos para todos. El dumping fiscal, como se sabe, es una distorsión de la competencia y de las normas del mercado único, y así lo ha entendido en varias ocasiones la Comisión Europea, que ha abierto investigaciones a Irlanda por romper las reglas, al entender que las rebajas de impuestos que el país ofrece a las multinacionales puede considerarse una ayuda de estado. El año pasado, Apple tuvo que pagar 14000 millones de euros de impuestos que Irlanda “le había perdonado”. Si la Unión Europea prospera en su idea de acabar con esta competencia fiscal desleal, ¿qué quedará del milagro económico irlandés?