El líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado que retomará inmediatamente la Operación Campamento, uno de los últimos desarrollos urbanísticos que quedan por desbloquear en Madrid. Situado en el barrio del mismo nombre, se trata de un proyecto que levantará 12.000 viviendas de obra nueva cerca de Pozuelo, de las cuales un 60% de ellas serán públicas

Este proyecto nació en 2005, al firmarse un convenio entre Alberto Ruiz Gallardón (alcalde de Madrid) y José Bono (ministro de Defensa). Se trataba de derribar 11 cuarteles abandonados y construir en ese solar más de 10.000 viviendas. Sin embargo, el proyecto no ha terminado de arrancar. En noviembre de 2019, con el mandato de José Luis Martínez Almeida, se volvieron a retomar las conversaciones y los contactos.

Otro de los problemas es que diversos solares que ha sacado a subasta el ministerio de Defensa no han tenido la suficiente aceptación en el mercado inmobiliario y, los que se han conseguido vender, lo han hecho con un precio inferior al esperado.

Asimismo, Defensa sacó a subasta una bolsa de suelo de uso residencial por 12,5 millones junto a la Operación Campamento. Esta bolsa, con 49.732 metros cuadrados, quedó desierta y sin ofertas. Probablemente, porque su precio era un 60% superior al que tenía en 2016.

Impulso a la Operación Campamento en Madrid

Los Ministerios de Vivienda y Defensa llegaron ya en 2010 a un acuerdo para que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), adquiriese a la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa (GIED), organismos que pertenecen al Ministerio de Vivienda y Defensa respectivamente, el 51% del suelo de la Operación Campamento, por un importe total de 150 millones de euros.

Este martes, durante la celebración del Debate sobre el Estado de la Nación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación futura de la primera ley de Vivienda y el "desbloque inmediato" de la Operación Campamento, que eleva la previsión de construcción hasta las 12.000 viviendas, de las cuales un 60% serán públicas.

Esta medida aumentará el parque de vivienda pública de la capital y ayudará a descongestionar el tensionado mercado inmobiliario de la capital. Asimismo, el aumento de viviendas públicas viene aparejado a enormes beneficios sociales para colectivos vulnerables o con escasos recursos económicos.