El teatrillo montado por el Partido Popular (PP) y Vox en Andalucía está comenzando a desesperar a todos los actores. Con Doñana en juego y los agricultores en el filo del precipicio por los bandazos políticos de Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía; los ánimos continúan caldeándose a merced del trumpismo de dos derechas indistinguibles. Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, se ha dirigido en reiteradas ocasiones al Gobierno andaluz para que frene su ley de regadíos ilegales, buscando evitar el daño irreparable al Parque Nacional y alejar el desprestigio de los productos agrícolas de Huelva.

Moreno Bonilla, a caballo entre el silencio y la búsqueda de un culpable de su política, ha decidido hacer oídos sordos incluso cuando una comitiva de diputados alemanes se disponía a desplazarse a Doñana para valorar la situación y poner en cuestión la fresa de Huelva. “Basta ya de ruido e intoxicación a propósito de Doñana y las fresas”, ha rogado Ribera este jueves, queriendo elevar la situación instrumentalizada para la campaña electoral a la categoría de “problema serio”. La titular de la cartera económica ha enumerado una serie de problemas, a cada cual peor, devenidos de la gestión del PP andaluz.

La desprotección de “uno de los espacios más ricos y emblemáticos en nuestro país”, en referencia a Doñana, es el primero de los problemas que ha descrito la vicepresidenta. Sobre esta primera cuestión, desde Bruselas ya han advertido a España que, de continuar adelante con la política de regadíos, el país podría enfrentarse a duras sanciones. Multas que, por supuesto, tendría que abonar el país o, dicho de otra manera, el conjunto de ciudadanos españoles, que tendrían que pagar por la gestión de Moreno Bonilla.

Hay una campaña de acoso a Doñana por parte del PP y Vox

“Las iniciativas de Moreno Bonilla y Vox han creado un segundo problema igualmente importante”, ha continuado Ribera, señalando “el desafío que representa a la ley vigente y a nuestra obligación de velar por la ejecución de sentencias del TJUE”. Es precisamente la vulneración de la sentencia del Alto Tribunal europeo lo que podría suponer graves sanciones para España. Además, la posición del país como socio fiable en tierras europeas puede quedar seriamente deslegitimada, situación por la que ya temen desde Bruselas ante un posible Gobierno nacional de PP y Vox con Feijóo al frente.

 El tercero de los problemas señalado por la ministra, del que ha destacado la importancia de “evitar que se materialice”, es el daño al sector primario. “No debe generar daños a ningún agricultor español”, ha exigido Ribera, que ha defendido que “los productos españoles cumplen rigurosamente la legislación, son seguros y defendidos por el Gobierno español”, independientemente de la deriva política de Moreno Bonilla. Este ámbito es de vital importancia, más atendiendo a que desde Alemania ya se han organizado boicots a los productos rojos de Huelva.

Estos productos generan 1.500 millones de euros procedentes del comercio exterior, de los cuales 500 millones son llegan del país bávaro, principal comprador. La organización de consumidores Compact ya ha llamado a no comprar este tipo de productos y ha pedido a los supermercados del país (Edeka, Lidl, Rewe y Aldi) que no los oferte en sus establecimientos. Si bien esto no ha ido, por el momento, más allá de esta petición, el miedo ya se ha sembrado en un campo andaluz que bastante machacado está ya por la sequía.

“Hay una campaña de acoso a Doñana por parte del PP y Vox que afecta a la inmensa mayoría de los regantes que cumplen con una legalidad estricta, exigente y que colocan en los mercados europeos productos de alta calidad. Ahora se ven amenazados por una duda reputacional inducida por el comportamiento gamberro de la Junta”, ha lamentado la vicepresidenta. En este sentido, ha dotado de importancia “la defensa del buen hacer de agricultores y ganaderos españoles” y la necesidad de “evitar ningún riesgo reputacional para ellos avalando una ley contraria al derecho europeo y la protección de Doñana”.

Para ello, la principal responsable de la transición ecológica española ha pedido a las fuerzas de derechas que “dejen de mentir”. De igual manera que señaló en el estallido de la crisis, Ribera le ha pedido a Moreno Bonilla que “explique de dónde proponen sacar el agua”, preguntándose si, al no haber más, se la va a quitar a “los regantes legales a quienes va destinada la del trasvase acordado” o si la va a sacar “del acuífero de Doñana”. Por último, la ministra ha pedido al Gobierno andaluz que “mientras no tengan respuestas solventes, no pongan en riesgo Doñana ni agricultores y abandonen el proyecto de ley”.