Las negociaciones para diseñar la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre continúan este lunes entre Gobierno y agentes sociales. Tras el parón de la reunión del viernes por la ausencia de representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno ha convocado este domingo a última hora a sindicatos y patronales.

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Una reunión “de urgencia”, en palabras de UGT, de la mesa de diálogo para el Acuerdo Social por la Defensa del Empleo, efectuada en este caso por el Ministerio de Trabajo en la madrugada del domingo. A pesar de que la reunión se extendió durante la tarde del domingo, tampoco en este momento las partes cerraron el acuerdo.

UGT desvela en un comunicado que el Gobierno facilitó finalmente un texto “con el que poder trabajar”, una propuesta que contiene algunas de las mejoras reivindicadas por el sindicato en la mesa. Entre estas aparecen que las prórrogas se puedan tramitar a lo largo de todo el mes de octubre, manteniendo la vigencia y los efectos del Real Decreto Ley de mayo.

Asimismo, se ha fijado ya “definitivamente” que el silencio administrativo se aplique con carácter positivo, según el sindicato. Se mantienen también los beneficios relacionados con la prestación por desempleo de los trabajadores, entre los que aparece el mantenimiento de las condiciones de protección de los trabajadores con contrato fijo discontinuo y el mantenimiento del contador a cero hasta julio de 2022.

Prohibición de despedir

Por otro lado, asegura que se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo -mediante la prohibición de despedir-, la interrupción del cómputo en contratos temporales, la prohibición de realizar horas extras, el impedimento de realizar contrataciones nuevas en empresas que están aplicando ERTE o el coto a la externalización mientras se disfrutan de los beneficios de la legislación.

Los sindicatos celebran ahora la presencia del secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, en la reunión del domingo y aseguran que ha permitido que el Gobierno haya trasladado la propuesta de acciones formativas, vinculadas a las exoneraciones a la Seguridad Social. Aquí, UGT revela que ha adelantado que deberían de emplearse 30 horas en acciones formativas en empresas de entre 10 y 49 trabajadoras y 40 en empleadoras de más de 50 trabajadores.

Se vinculan también las actividades formativas con un incremento de crédito para la financiación en el ámbito de la formación programada, recogida en la Ley 30/2015, por el que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, asegura el sindicato.

Mientras que la parte sindical ha aceptado estas medidas, las patronales de empresarios en la negociación -CEOE y Cepyme- han mostrado su rechazo al sistema de exoneraciones vinculado a la formación, tanto en los ERTE de limitación como en los de impedimento.

Aquí, el Gobierno ha trasladado a las partes que las empresas podrán reducir sus cuotas de seguridad social en un 20% en empresas de más de 10 trabajadores, si no se da formación, y en un 50% en caso de impartir formación -en ERTEs de limitación- y del 50% y 70% respectivamente en empresa de menos de 10 trabajadores.

Desacuerdo en las exoneraciones en la formación de trabajadores

En esta línea, todas las empresas acogidas a la medida disfrutarán de una exoneración total en ERTEs de impedimento, mientras que se modifica el tamaño de las empresas que ha servido habitualmente de diferencia, situándolo en 10 en vez de los habituales 50, desvela el sindicato. UGT pide apostar por la formación de trabajadores acogidos a un ERTE pero matiza que la premura de esta prórroga impedirá que tenga las garantías suficientes.

“De mantenerse en el texto se deberá ampliar el plazo para su desarrollo eficaz, por ello hemos pedido que se amplie el plazo hasta el 31 de marzo de 2022”, reclama UGT. El sindicato explica que el desacuerdo en las exoneraciones vinculadas a la formación de trabajadores es el punto que impide alcanzar un acuerdo con todas las partes del diálogo social, es decir, CEOE y Cepyme.

“Los ERTE han sido un instrumento, fruto de la negociación y el acuerdo de todas las partes -Gobierno, patronales, UGT y CCOO- que ha servido para mantener puestos de trabajo y empresas, por lo que debemos apostar por conseguir de nuevo un acuerdo”, pide el sindicato.

Más allá de la prórroga de los ERTE, la propuesta trasladada por el Gobierno hace apenas unas horas cuenta con un apartado vinculado a la situación que atraviesan las Islas Canarias, y en concreto La Palma, por la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

Según UGT, esta propuesta recoge las peticiones sindicales de exoneraciones y mantener el contador a cero aunque matizan que es “incompleta”. Sin embargo, el Gobierno ha avanzado que en la próxima reunión del gabinete se completen las ayudas económicas mediante la declaración de zona catastrófica en el archipiélago canario.