El precio de la vivienda no da tregua a las familias y continúa su avance hasta valores que no se registraban desde hace 13 años. Los datos publicados este viernes por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, coincidiendo con el día de entrada en vigor de la ley de Vivienda, ponen de manifiesto este problema y muestran que el precio de la vivienda libre se ha encarecido un 3,1% más tan solo durante el primer trimestre del año, lo que coloca la tasación media en niveles que no se conocía desde 2010. El coste del metro cuadrado asciende hasta los 1.788,4 euros, cantidad que muy superior en las zonas donde el mercado está más tensionado.
Los valores ya sufrieron un incremento del 3,3% en el último trimestre de 2022 y en el primero de 2023 la vivienda libre aumentó su precio un 2,2% más. Además, a pesar de que la media se sitúa en los 1,788,4 euros, el montante es mucho más elevado para aquellos inmuebles que no superan los cinco años de antigüedad (2.112,1 euros por metro cuadrado) tras sufrir un incremento del 6,6% en comparación con el mismo periodo de 2022. Para aquellas viviendas en el que la antigüedad supera los cinco años, el precio medio ha aumentado un 3% y se sitúa en los 1.778,1 euros.
Un Madrid inhabitable
El caso más escandaloso es el de la Comunidad de Madrid, donde el precio medio del metro cuadrado asciende hasta los 2.978 euros, más de mil euros por encima de la media. Atendiendo a estos datos, el precio de una vivienda de 80 metros cuadrados ascendería en este territorio hasta los 238.000 euros. Esta tesitura no parece preocupar a la presidenta de la Comunidad Autónoma, Isabel Díaz Ayuso, que ya ha dejado claro que no aplicará ninguna de las medidas de la nueva ley de Vivienda, que pretende abaratar los precios, y que su pretensión es liberalizar más suelo para que así la oferta crezca, estrategia que ya propició la burbuja inmobiliaria.
La siguiente región golpeada por el elevado precio de la vivienda libre es Baleares, golpeada duramente por la gentrificación y la orientación económica centrada en el turismo. El metro cuadrado asciende en el archipiélago hasta los 2.803 euros, 175 euros por debajo del valor madrileño. Las primeras posiciones las completan, aunque a bastante distancia de las dos primeras, País Vasco, con un precio medio de 2.541 euros, y Cataluña (2.186 euros por metro cuadrado).
En el extremo opuesto, Extremadura es la que presenta un precio más barato, con 880 euros por metro cuadrado, seguida de Castilla-La Mancha (929 euros), Murcia (1.049 euros) y Castilla y León (1.057 euros). El precio medio de una casa de 80 metros cuadrados ubicada en tierras extremeñas asciende hasta los 70.400, lo que arroja una diferencia con el precio de una casa del mismo tamaño en Madrid de 167.600 euros.
Más allá del precio medio, los mayores incrementos interanuales se registran en Baleares, con un alza del 7,8%; Andalucía (4,8%), donde el precio medio es de 1.466 euros por metro cuadrado; Canarias, donde subió el precio un 4,7%, hasta los 1.670 euros por metro cuadrado, y Madrid, que elevó sus precios un 4,6%, hasta los casi 3.000 euros por metro cuadrado ya mencionados.
Bruselas da un toque a España
La situación del mercado inmobiliario es tan insostenible en España que desde Bruselas han llamado a solucionar el problema. “La asequibilidad de la vivienda es una preocupación”, sentencia la Comisión Europea en su análisis de la economía española presentado este miércoles. Las cifras presentadas por el Ejecutivo europeo son escandalosas y sitúan a España como el cuarto territorio de toda la Unión Europea (UE) en el que más porcentaje de la población destina a pagar el alquiler el 40% o más de sus ingresos.
Concretamente, el 40,9% de los alquilados españoles destinan un 40% o más de sus ingresos al pago de la renta, lo que supone casi duplicar la media europea (21,2%). Nos superan tan solo Grecia (74,6%), Países Bajos (48,3%) y Bulgaria (45,4%) y, por el contrario, la diferencia con grandes economías como Alemania (13%), Francia (18,2%) o Italia (26,2%) es sangrante. El propio Banco de España ya advirtió de esta situación hace escasos quince días elevando el porcentaje y asegurando que la mitad de los arrendatarios españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
Desde Europa destacan además que, sobre todo, “afecta desproporcionadamente a los hogares vulnerables”, que están encontrado múltiples problemas para asumir el pago del hogar y sus gastos. Escuchar el llamamiento europeo y aplicar la ley de Vivienda depende ahora de los gobiernos autonómicos que se conformen tras las elecciones municipales y autonómicas que se celebran este domingo. Estos Ejecutivos albergan las competencias y deberán de tomar la iniciativa para declarar las zonas tensionadas como tal y contener los precios.
