Los eurodiputados del Partido Popular han mostrado su apoyo a los halcones del norte de Europa en su intención de imponer fuertes controles y condiciones a la gestión económica de los países del sur, que recibirán una parte importante del Fondo de Recuperación de la Unión Europea tras la crisis del coronavirus, tal y como informa El País.

Según el medio, la delegación española del PP, liderada por Dolors Montserrat, ha secundado una iniciativa para garantizar que los 750.000 millones del fondo se destinan a inversiones con valor añadido. Esto lleva detrás un fuerte control y condicionalidad que podría suponer un camino de obstáculos para los países más afectados por la crisis, como son precisamente España e Italia.

La reunión se ha celebrado este martes entre los principales dirigentes del Partido Popular Europea (PPE), encabezado por el eurodiputado alemán Manfred Weber, en el que optaron por crear un equipo de trabajo que vigile la negociación sobre los detalles del fondo y que, además, incluya los criterios exigidos por las delegaciones nacionales del PP.

Esto supone el apoyo a la alternativa de los países del norte de Europa, en concreto Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca; que exigen una condicionalidad estricta para las ayudas, ligadas a reformas para mejorar la competitividad y capacidad de resistencia de los países que reciben parte del fondo.

El PP español confirma su apoyo, según El País

Según El País, fuentes del PP español confirman su apoyo al plan. Sin embargo, aseguran que no se trata de imponer recortes ni ajustes presupuestarios, sino de garantizar el gasto adecuado del dinero. En esta línea, el líder del PPE reconoce que es una iniciativa compartida por toda la formación.

“Todo el grupo apoya la idea de que la solidaridad va acompañada de responsabilidad. También los colegas españoles como Dolors [Montserrat], Esteban [González Pons] o Pablo Casado, tienen muy claro que debemos insistir en que el dinero se invierta en el futuro del país para ayudar a crear oportunidades de trabajo y perspectivas para los jóvenes y en que eso debe quedar claro”, ha asegurado en una entrevista a El País.

Asimismo, Weber explicó que el plan tiene “dos condiciones”. Por un lado, “no queremos desperdiciar el dinero en gastos del pasado, sino invertir en el futuro”, asegura el líder alemán. Por otro, lanzó un ataque al Gobierno español y en concreto a Unidas Podemos: “El PPE no está dispuesto a que se financien las falsas promesas de Podemos”.

Tal y como opinan los ‘halcones’ del norte, el PP coincide en que las condiciones de la Comisión Europea no son suficientes y aboga por una "condicionalidad más fuerte”. “Está claro que para el grueso del dinero, que es la Facilidad de recuperación y resistencia [560.000 millones de euros], los países deberán presentar planes que detallen el destino del dinero y su encaje con los objetivos generales de la Unión y con los planes de reformas ligados al Semestre europeo”, asegura Weber.

“El dinero debe desembolsarse por tramos, paso a paso. Y deberían pactarse unos baremos, con cifras claras e inteligibles, que permitan verificar en qué se ha gastado el dinero y comprobar que se ha gastado bien”, matiza el líder del PPE.

Comenzar la amortización antes de 2028

Por otro lado, el Partido Popular Europeo tampoco coincide con la decisión de la Comisión de comenzar con la amortización del fondo en 2028, tras la finalización del próximo periodo presupuestario (2021-2027). El objetivo del Ejecutivo europeo es no sobrecargar los presupuestos nacionales en los próximos años, a lo que el PP se muestra desconfiado.

El grupo popular teme que, si al final de la década hay dificultades de amortización, se comience a refinanciar el fondo. Esto supondría prolongar el saldo de las cuentas pendientes durante un plazo indeterminado. “Queremos un plan claro y fiable de amortización”- reclama Weber - “Aplazar todo hasta 2028 no es honesto”. Así, el PPE aboga por comenzar la amortización durante el propio marco presupuestario plurianual para aliviar la carga financiera de las generaciones futuras.

Si finalmente esta iniciativa sale adelante, países como España o Italia verían reducidos sus recursos del presupuesto comunitario para comenzar a pagar la deuda antes de lo previsto. Asimismo, el saldo neto de estos países se reduciría porque tendrían que aumentar su contribución al presupuesto desde 2026 o bien, recibir menos ayudas.

La apuesta de la Comisión por el retraso de la amortización corresponde a tener más tiempo para aprobar nuevas fuentes de ingresos como la nueva tasa digital o de emisiones al medio ambiente. Con estos ingresos, el saldo neto de los Estados miembros no sufriría, especialmente en un momento en el que Europa debe superar los efectos económicos de una pandemia nunca antes conocida.