Reducir la precariedad y el paro juvenil. Ese es el objetivo que se ha marcado el nuevo Ejecutivo y para ello apuesta por la derogación de la actual reforma laboral, aprobada en el año 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Una medida criticada por la oposición pero bien acogida por algunas de las agencias de calificación más prestigiosas del mundo, como Standard & Poor’s (S&P).

Concretamente, Marko Mrsnik, director de Ratings Soberanos de S&P, aseguró esta semana que “si se trata de aportar soluciones a los problemas estructurales del mercado de trabajo, sería algo positivo”. ¿Por qué? Según la agencia, esta medida elevaría el potencial de crecimiento de la economía española, que actualmente se ubica en un 1,5 por ciento.

Además, permitiría introducir una serie de cambios que combatiesen la temporalidad de los trabajos -precarios- en España. De hecho, el Informe Trimestral de la Economía Española del primer trimestre de 2019, publicado por el Banco de España, criticaba precisamente que la reforma de 2012 haya colaborado a elevar la temporalidad de los empleos en España. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretende el nuevo Gobierno?

Devolver seguridad a los trabajadores. Hasta ahora, la reforma de 2012 había sido bien acogida por la patronal y los empresarios ya que la mayoría de las medidas les beneficiaban, como por ejemplo, en el abaratamiento de los despidos o indemnizaciones. Sin embargo, las nuevas medidas que pretende introducir el Ejecutivo de Sánchez les devuelve a una posición menos ventajosa al posicionarse de parte de trabajadores y sindicatos.

Elevar el coste del despido o la derogación del mismo por absentismo cuando se está de baja por enfermedad son algunos de los puntos que el nuevo Ejecutivo quiere cambiar, con carácter urgente. De hecho, la modificación de la reforma se realizará en dos fases, una primera en la que se traten los puntos más delicados del acuerdo y en una segunda, el resto de matices.

En este contexto, en el que la reforma sólo será derogada parcialmente, la agencia de calificación pronostica buenos resultados, siempre y cuando no se retome el modelo del año 2010. También considera que la subida del Salario Mínimo Interprofesional, ya aprobada, es posible y que no ha de afectar negativamente sobre la tasa de empleo. Pero, ¿en qué situación se encuentra nuestra economía?

Manteniendo los mismos criterios que el Banco de España marcó a finales del año 2019, S&P prevé que la economía española crezca un 1,7 por ciento en el año 2020. Un crecimiento lento pero sostenido. Se trata de los mismos datos sobre la desaceleración que maneja el Fondo Monetario Internacional, que rebaja en una décima el crecimiento de nuestro país en comparación con los pronósticos de S&P, y que también respalda Bruselas.

Además, S&P espera que la tasa de paro en España se sitúe en el 13,2 por ciento y en el 12,7 por ciento en el próximo año 2021. Por otro lado, calcula que el déficit público, la mayor de las preocupaciones para la Comisión Europea, se sitúe en torno al 1,7 por ciento.

La agencia considera también que existen algunos puntos débiles en la economía de nuestro país, entre los que destaca, la incertidumbre a la hora de realizar reformas así como la incertidumbre respecto a la evolución del mercado laboral.

No obstante, el actual panorama económico de la Eurozona, especialmente debilitado por desaceleración que sufren países vecinos como Alemania, que el año pasado estuvo a punto de entrar en recesión técnica, o de Italia nos afecta y por ende las cifras se encuadran dentro de la normalidad de la región.