Este lunes, Bruselas ha aprobado el quinto pago a España de los fondos europeos del plan de recuperación, aunque cogelando 1.000 millones de euros de este pago por no haber cumplido varios hitos. Uno de estos compromisos que España todavía es la subida fiscal al diésel, una normativa que el Gobierno ha intentado aprobar en varias ocasiones pero no ha recibido el apoyo parlamentario necesario para ello. La última vez, en noviembre del pasado año, cuando Podemos, PP, Vox y UPN tumbaron en el Congreso de los Diputados el último intento de aprobar la subida fiscal al diésel que la Comisión Europea exige.
En el marco de la ley para instaurar un impuesto mínimo global a grandes empresas, las tres formaciones unieron sus votos en contra de una enmienda del PSOE para eliminar, a partir del 1 de abril del 2025, la bonificación fiscal que tiene el diésel con respecto a la gasolina.
La enmienda tenía por objeto introducir un mecanismo para rebajar la tributación, que se activaría si durante dos meses consecutivos la media del precio del diésel superase los dos euros por litro y la media de cotización del barril de Brent se incrementara ese segundo mes por encima de la media del mes anterior.
Esta medida era uno de los hitos que la Comisión Europea exigía a España para acceder a los fondos europeos. Además, PSOE y Sumar llevaban en su acuerdo de Gobierno un punto para avanzar en la fiscalidad verde siguiendo la filosofía de "quien contamina paga". Este lunes, el no cumplimiento de este hito por el rechazo parlamentario de cuatro formaciones ha supuesto la congelación de 1.000 millones de euros del quinto pago de los fondos europeos.
Los motivos de Podemos, PP, Vox y UPN
Los números no le dieron al Gobierno en el Parlamento para que el diésel fuese más caro y tuvo que encajar la derrota, pese a que era una exigencia europea. El Partido Popular y Vox lo rechazaron por su oposicion a las subidas de impuestos y Podemos por considerar que podría perjudicar a las clases trabajadoras y que sería preferible actuar fiscalmente contra las energéticas.
Aunque miembros del Ejecutivo se han mostrado optimistas con que la medida pueda salir adelante, esta no ha vuelto a incluirse en ningún decreto ni otros textos legislativos que se han votado en el Congreso de los Diputados ante la oposición frontal de Podemos, socio de investidura.
Y este lunes, la Comisión Europea ha congelado por este motivo a España cerca de 1.000 millones del quinto tramo del plan de recuperación y resiliencia, que lleva asociados 23.900 millones --8.000 millones en subvenciones y 16.000 en préstamos-.
La congelación de esa partida también se debe al incumplimiento con las inversiones en la digitalización de las entidades regionales y locales. España dispondrá ahora de un plazo adicional para completar los hitos pendientes, aunque seguirá recibiendo un pago parcial por el resto de hitos que sí ha completado.
El desembolso que llega a España
El nuevo desembolso aprobado este lunes asciende a 24.137 millones de euros brutos (22.926 millones de euros netos, de los cuales 6.991 millones corresponden a transferencias y 15.935 millones a préstamos). Quedarían pendientes otros 1.000 millones hasta alcanzar los 23.900 millones netos que inicialmente fueron solicitados.
La evaluación positiva incluye 69 hitos y objetivos relacionados con transferencias (41 objetivos y 28 hitos) y 13 correspondientes a préstamos. Además, la Comisión ha validado el cumplimiento del hito pendiente del cuarto pago relacionado con el programa Kit Consulting, por lo que se liberarán también con el quinto desembolso los 139 millones pendientes.
