Las tres empresas relacionadas con altos cargos del PP almeriense, gestionadas por familiares o personas vinculadas a políticos del PP recibieron de la Junta de Andalucía un total de 301.873,37 euros. Las empresas, OYC Servicios Urbanos SL, Hijos de David Martínez SL y Tagilis SRL, tienen relación directamente con investigados en el caso Mascarillas, por supuestas mordidas millonarias por contratos de emergencias o irregularidades en contratos menores de obra pública por gestores de la Diputación almeriense.
En el día de ayer la parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, denunciaba los "vínculos" que existían entre la Junta de Andalucía y las citadas empresas. Los contratos que se denuncian, facilitados a ElPlural.com, son 10 en total, que alcanzan la citada suma: 301.873,37 euros. Las actuaciones para llevar a cabo dichas obras o servicios fueron realizadas desde la Delegación Territorial de Fomento en Almería, la Delegación de Turismo de Granada, el Servicio Andaluz de Salud o la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo, encabezada por el almeriense y ex alcalde de la capital almeriense, Ramón Fernández Pacheco, que es donde se produce el grueso de contratación. Solo por parte de esta consejería, la Junta destinó a una sola empresa, la de Tagilis SRL, un total de 176.536,1 euros.
Ángeles Férriz ha pedido "explicaciones" al Gobierno de Moreno Bonilla después de denunciar que no solo "hay contratos de la Junta de Andalucía con la trama corrupta de Almería" sino que se ha "hecho con familiares y con cargos del PP y que, además, se han hecho por procedimiento de emergencia y con contratos menores".
La diputada socialista fue muy contundente con las palabras de "agradecimiento" que los dirigentes populares dedicaron a los dimitidos en la Diputación de Almería: "De vergüenza oír al Partido Popular agradecer a estos señores su gestión, al mismo presidente de la Diputación de Almería, que agradecen su trabajo.Gracias por haber robado en la cara de los almerienses", ironizaba Férriz.
"Gracias por haber hecho negocio cuando la gente se estaba muriendo. Muchísimas gracias por ser unos corruptos de primer nivel. Muchísimas gracias, señores de Almería, con el conocimiento del señor Moreno Bonilla, jefe de la banda, que dice que es que no le cogían el teléfono, pero está perfectamente enterado desde primera hora, porque esto no es ni de ayer ni de antes de ayer, que llevamos cuatro años denunciando lo que pasa en Almería".
En este sentido, la portavoz del PSOE-A ha pedido a la Junta de Andalucía que diga "cuántos contratos hay" con estas empresas y, si al igual que hicieron el pasado domingo manifestándose en Madrid, se movilizan en la puerta de la Diputación de Almería, que "es un nido de corruptos con dineros en almohadas y pistolas", indicaba Férriz.
No obstante, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha defendido este martes que "todas" las contrataciones que realiza la Junta de Andalucía son absolutamente legales". Preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la consejera portavoz ha defendido que "todas" las contrataciones que realiza la Junta "son absolutamente legales", al tiempo que ha cuestionado la "credibilidad" de las denuncias realizadas.
La consejera se ha referido a la decisión de la Fiscalía de Sevilla, conocida este mismo martes, de archivar "la denuncia sobre las posibles manipulaciones que había en mamografías y ecografías" en el marco de los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama de la sanidad andaluza, y ha concluido señalando que en el Gobierno del PP están "tranquilos porque todas las contrataciones de la Junta son absolutamente legales".
Los vínculos
Respecto a las empresas que estarían implicadas en la trama y, además, con las que la Junta ha formalizado contratos, el alcalde de Tíjola, que aún no ha dimitido, José Juan Martínez Pérez, da la casualidad de estar relacionado con dos de ellas: Tagilis SRL e Hijos de David Martínez SL. Respecto a la primera, Tagilis, son seis contratos los que el PSOE andaluz ha denunciado, cuatro adjudicados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, uno concedido por la Delegación Territorial de Fomento y otro por el Servicio Andaluz de Salud. La suma de todos ellos alcanza los 220.780.5 euros.
Actualmente Tagilis tiene como administradora única a la mujer del alcalde de Tíjola (PP) y diputado provincial, José Juan Martínez que, además, por el momento, se mantiene en su puesto pese a que se han sucedido los primeros movimientos de "renovación" en la Diputación. Además, los contratos adjudicados por la Consejería de Agricultura, cuyo máximo responsable es Fernández Pacheco, también diputado del PP por Almería y exregidor de la ciudad, fueron concedidos a través del procedimiento de emergencia (2020), denuncia Férriz. El último, el otorogado por el SAS, fue un contrato menor en el año 2021.
La otra empresa, Hijos de David Martínez SL, ha recibido por parte de la Junta de Andalucía un total de 43.497,87 euros, es una sociedad que estuvo administrada únicamente por el propio regidor de Tíjola hasta el año 2023, denuncian los socialistas. A partir de esta fecha, pasó a formar parte de una sociedad mancomunada entre la esposa de Martínez y un trabajador. De esta cantidad, dos de los contratos fueron otorgados en Granada, uno por la Delegación Territorial de Turismo en Granada y otro por la fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada; y el tercero de ellos por el SAS. Dos de estos contratos, el de la Delegación y el del SAS, vuelven a ser dos contratos menores.
Por otro lado, el administrador actual de la empresa OYC Servicios Urbanos SL es el yerno del exalcalde de Fines (PP), Rodrigo Sánchez, según han denunciado los socialistas. El regidor popular renunció a su cargo hace una semana, justo cuando se cumplían otros siete días desde que fuera detenido en el marco de la investigación mencionada. El PP provincial suspendió de militancia a Sánchez el mismo día de su arresto y puesta en libertad con los cargos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública. Sin embargo, aguantó siete días en el cargo hasta que renunció la pasada semana.
Respecto a OYC, el PSOE denuncia un contrato cuyo montante asciente hasta los 37.595 euros. Un contrato que fue concedido por la Delegación Territorial de Fomento, que en el momento de la concesión del contrato estaba capitaneada por Eloísa María Cabrera Carmona, hoy segunda teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Almería.
