La Fiscalía de Sevilla ha cerrado una de las líneas de investigación más sensibles del escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía: la posible manipulación de historiales clínicos de mujeres que sufrieron un diagnóstico tardío. La causa se abrió tras la denuncia presentada en octubre por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que acusó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de haber borrado y alterado mamografías almacenadas en su servidor digital.
Amama aseguró entonces que varias pacientes habían detectado la desaparición de algunas de sus pruebas diagnósticas, mientras que otras aparecían modificadas en el sistema informático. La gravedad de la acusación llevó a la Fiscalía a reaccionar de inmediato: solo 24 horas después, abrió diligencias para esclarecer si existió un borrado intencionado de documentos médicos, un movimiento que desencadenó un evidente terremoto político en el Gobierno de Juan Manuel Moreno. El Ejecutivo andaluz negó desde el primer momento cualquier manipulación de los historiales.
Tras "analizar los informes técnicos" del SAS y las "pesquisas" de la Unidad de Policía Judicial, el Decreto de fecha 26 de noviembre de 2025 concluye que no hubo "ni saturación del sistema, ni manipulación interna ni sabotaje externo". La caída del servicio de visualización experimentada en octubre fue "provocada por una avalancha de peticiones" que saturó el módulo de 'Visor para la ciudadanía'. "Se ha determinado que este incidente tuvo un impacto exclusivamente operativo en la visualización externa, sin afectar a la integridad, autenticidad o trazabilidad de los registros clínicos alojados en los servidores centrales", subraya la Fiscalía.
Al "no apreciarse indicios" de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 y 198 CP) ni de daños informáticos (art. 264 CP), el fiscal delegado de Criminalidad Informática ha acordado el archivo de las actuaciones. La Fiscalía ha recordado, no obstante, que "este archivo se ciñe exclusivamente a los delitos objeto de denuncia y no impide que las personas interesadas puedan plantear sus discrepancias sobre retrasos o reprogramación de pruebas o sobre los criterios médicos aplicados ante la jurisdicción competente o por los canales administrativos habilitados".
Tras semanas de indagaciones, el Ministerio Público ha concluido que no existen indicios de delito y ha decidido archivar la denuncia. La resolución sostiene que no puede acreditarse que el SAS borrara o modificara mamografías con el objetivo de alterar los historiales clínicos de las afectadas. Con ello, se cierra una de las piezas más delicadas dentro de la crisis por los fallos del programa de cribado, un episodio que ha tensado la confianza de las pacientes y ha generado un profundo malestar entre las asociaciones de afectadas.
A pesar del archivo, Amama mantiene que seguirá reclamando explicaciones. La asociación ha insistido en que las mujeres perjudicadas por los errores de diagnóstico merecen transparencia y garantías, y que la desaparición de pruebas en sus historiales sigue siendo un motivo de preocupación.
Una crisis que desborda al SAS
La decisión de la Fiscalía, sin embargo, no despeja la sombra que planea sobre el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. Desde 2024, lo que comenzó como un fallo técnico puntual acabó revelando un problema de fondo en el sistema de detección precoz. El propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) reconoció retrasos de hasta dos años en la comunicación de resultados, obligando a recitar a más de dos mil mujeres. Para asociaciones como Amama, esa cifra solo refleja la superficie de un problema mucho mayor.
El desajuste no se limitó al calendario. Para muchas mujeres, la espera prolongada supuso convivir con la incertidumbre más difícil: la de no saber si un posible tumor estaba avanzando mientras sus pruebas seguían sin evaluar. En algunos casos, el retraso en las revisiones derivó en diagnósticos más tardíos, alimentando el malestar de unas pacientes que sintieron que se les había negado una opción clara de detección temprana. El episodio multiplicó las dudas sobre la fiabilidad del circuito asistencial y sobre la capacidad del sistema para responder a situaciones críticas.
La crisis del cribado desencadenó también una contestación social inédita. Colectivos de afectadas comenzaron a relatar públicamente retrasos, confusión y falta de información, poniendo el foco en aspectos que iban más allá de un error informático: la falta de radiólogos, la saturación de las unidades de imagen y la ausencia de mecanismos sólidos de control y transparencia. Para Amama y otras organizaciones, la gestión del SAS dejó a la vista un deterioro acumulado que, según denuncian, llevaba tiempo incubándose.
Por eso, aunque la Fiscalía haya archivado la investigación sobre la supuesta manipulación de historiales clínicos, el conflicto no se da por cerrado. La crisis de los cribados ha dejado una herida más profunda, marcada por la desconfianza y por la sensación de que el sistema no supo proteger a quienes dependían de él. Para las mujeres afectadas, el archivo judicial no sustituye las garantías que reclaman: un programa de cribado sólido, recursos suficientes y la certeza de que no volverán a quedar atrapadas en un vacío administrativo que afecte a su salud.
