Este martes se conocerán los datos adelantados del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de febrero y, más allá del dato general que muestre la situación del coste de la vida, todas las miradas se depositan en la evolución de los precios de los alimentos. El dato será clave para los discursos enfrentados de los socios de coalición, más después de que la eliminación del IVA de los alimentos básicos, reducción del 10 al 5% en el caso de pasta y aceite, que entró en vigor el pasado 1 de enero, mostrase una reducción de la inflación alimenticia más baja de lo esperado.
El IPC alimenticio se situó en enero en 15,4%, tres décimas por debajo del dato marcado antes de que entrase en vigor la reducción de la carga tributaria. Si bien la retracción fue mayor en los productos afectados por la medida, llegando al 4,2% en el caso de las frutas frescas, la cuantía total de la cesta de la compra sigue marcando valores muy elevados. “En medida de que los costes vayan disminuyendo, estos se irán trasladando a los precios”, ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defensor de esperar a que las medidas asumidas se reflejen en los precios.
“Las medidas que adoptamos en diciembre y en enero tienen todavía recorrido”, ha apoyado Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, a su compañero de Gobierno. No obstante, la prudencia sigue siendo la tónica principal del Gobierno, tal y como ha trasladado Planas. “El escenario es de muy alta volatilidad. Tenemos factores climáticos muy importantes como la sequía que afecta mucho a producciones importantes para nosotros como son los cereales, aceite y cítricos. Estamos sometidos a muchos factores aleatorios, pero la tendencia es positiva", ha recordado.
Por el contrario, desde la parte morada del Gobierno mantienen que la reducción de gravámenes indirectos es una medida insuficiente para contrarrestar el encarecimiento de la cesta de la compra y piden ir más allá. Yolanda Díaz, también vicepresidenta y ministra de Trabajo, llama a fijar los precios de los alimentos básicos y se apoya en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista para sostener su argumento. “El Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa, en los casos siguientes”, recoge el artículo.
Desde Podemos ven imposible que la parte socialista realice esta concesión y, a través de su secretaria general, Ione Belarra, proponen bonificar el 14,4% el precio de los alimentos de la cesta básica. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 sugiere una fórmula similar a la que el Ejecutivo ya desarrolló con la bonificación de los carburantes. El conjunto de patronales y representantes de la distribución, último actor de esta contienda pide más medidas centradas en reducciones de impuestos y descarta por completo el tope de los precios, asegurando su aplicación en la práctica sería “inviable”.
Sanciones por incumplir la Ley de la Cadena
El titular de Agricultura ha defendido también este lunes la Ley de la Cadena Alimentaria, que funciona “bien” y aporta “transparencia y equilibrio” al sector agroalimentario. "La cadena funciona bien en España y esta Ley es un elemento suplementario de transparencia y equilibrio. Es un paso adelante importante, pero lo clave e importante es que cada uno reciba la parte que corresponde del beneficio de la cadena, que todas las actividades sean rentables y que haya un equilibrio, que no sean agricultores y ganaderos los que paguen el pato como ocurría en el pasado", ha señalado en una entrevista concedida a RNE.
Planas ha ahondado más y ha celebrado las primeras multas que se han puesto gracias a esta norma porque son “muestra de un buen trabajo”. Durante el 2022 se llevaron a cabo 7.600 actuaciones de las autoridades con la intención de garantizar el cumplimiento de la norma. Como resultado, casi 300 expedientes sancionadores han sido ya emitidos, aunque tan solo han trascendido 69 por ser “graves o muy graves”. Así lo ha trasladado momentos antes de presidir la reunión del consejo asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) donde se han abordado esta y otras temáticas relacionadas con el sector.
"Quizás ha chocado porque era la primera vez que se publicaban, pero lo importante no es la Ley sino su cumplimiento, porque son sanciones por incumplimiento de plazos de pago, pero sobre todo o más importante es la puesta en marcha del registro de contratos de alimentación, que ahora son de carácter voluntario, pero que será obligatorio a partir del 1 de julio, donde quedarán depositados de forma electrónica todos los contratos", ha explicado.
