La patronal ha necesitado escasas horas para rechazar el acuerdo de Gobierno anunciado por el PSOE y Sumar, pese a qué aún no se conocen los detalles ni se han desgranado las propuestas adelantadas. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Cepyme y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) han emitido un comunicado conjunto en el que, pese a que admiten estar “a la espera de conocer el texto final”, rechazan “las medidas que se han conocido del acuerdo programático para la formación de un nuevo Gobierno”.

Las organizaciones empresariales, lideradas por Antonio Garamendi, aseguran que las líneas generales del pacto, que aún se desconoce cómo se desarrollarán, “van a tener un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las PYMES y autónomos, y por tanto para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España”. Los empresarios se han mostrado enfadados y aseguran que los aspectos abordados son propios del diálogo social.

Los líderes de los dos partidos, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, todavía no han comparecido para explicar en qué consiste el acuerdo, cuál es el groso de las medidas contempladas en él o cómo se desarrollarán. Nadie ha siquiera sugerido que el diálogo social vaya a quedar excluido de los aspectos laborales que se incluyen en el texto; es más, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, apuntaba este lunes que se contará con la interlocución con los agentes sociales. Sin embargo, las empresas han decidido salir al quite y criticar un pacto del que han trascendido cuatro párrafos escuetos.

“Existe la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de reparto entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso u ocio, pero no como consecuencia de una imposición legal”, denuncian los empresarios. Lo consensuado por los socios para reeditar un Gobierno de coalición son líneas de gobernabilidad, horizontes que deberán contar con el apoyo parlamentario para ver la luz, fruto de la soberanía popular que otorgan las urnas. “Imposición legal” es la forma que ha encontrado la patronal para definir un acuerdo de Gobierno.

El principal puno de fricción es la reducción de la jornada laboral de las 40 horas semanales a las 37, con la pretensión de alcanzar las 35 antes de finalizar la legislatura. Esta demanda del partido de Díaz pretende modernizar el mercado laboral español, que no modifica el tiempo de trabajo desde 1983, pese a todos los cambios productivos acaecidos desde entonces. “La regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa a empresa, analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades organizativas del empleador”, recoge el comunicado de la patronal.

Lo cierto es que más tiempo de trabajo no trae aparejado más productividad, tal y como evidencian grandes economías europeas del nivel de Francia o Alemania, que con jornadas inferiores gozan de niveles de productividad superiores. No obstante, las organizaciones empresariales señalan un posible “aumento de costes para las empresas, que se suma a los mayores costes de producción, de financiación y de otro tipo (cotizaciones, subida del SMI) que ya venían sufriendo”.

Los sindicatos defienden la reducción

En el otro lado de la mesa de negociación, los sindicatos celebran el acuerdo para reducir la jornada laboral. Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha celebrado que se establezca de forma “legal” un tiempo de trabajo que ya constituye la jornada efectiva. Además, ha defendido la importancia de la negociación colectiva en la consecución de una jornada que culmine en los cuatro días laborables.

"Saludamos que se haya alcanzado este acuerdo, esperamos conocerlo con detalle y que el diálogo social pueda jugar su papel", ha añadido. "El debate sobre el tiempo de trabajo no va sólo de reducción sino de distribución, son dos cuestiones paralelas e igual de importantes, hay que abordar la distribución de los tiempos de trabajo y la desconexión digital", ha concluido el líder sindical.

En la misma línea, su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, ha valorado de forma “positiva” el acuerdo alcanzado. "Esta legislatura debe ser la de las 35 horas semanales", ha instado, en línea con lo defendido por el partido magenta. Así, considera "imprescindible" iniciar un proceso para reducir el tiempo máximo de trabajo que hace "40 años que no se toca".

"Estamos en la buena senda y lo que sabemos de la propuesta de PSOE y Sumar es positivo, aunque esta debería ser la legislatura de las 35 horas semanales", ha insistido. Para defender su postura, Álvarez ha recordado que la última vez que en España se produjo una reducción de la jornada máxima de trabajo fue 1983 y que, por tanto, "reducir las horas de trabajo era una reclamación, una exigencia de las organizaciones sindicales".