Los tiempos de trabajo siguen protagonizando el debate laboral en España. La llegada de las altas tempertaturas endurece las condiciones de vida de la clase trabajadora, supeditada por completo a su puesto y, en el mejor de los casos, deseosa de que lleguen los escasos días de descanso. Ante esta realidad, la reforma para la reducción de jornada parece no reunir los apoyos políticos necesarios y su impulsora, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, se ha visto obligada a aplazar el debate para extender la negociación.
El tridente de derechas compuesto por Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya ha asumido la representación de los intereses empresariales pese a que todas las recomendaciones que llegan desde más allá de nuestras fronteras apuntan a la necesidad de reducir la jornada y acercar a España al resto de países europeos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido el último organismo en dar un toque de atención al país por la jornada laboral máxima contemplada por ley y por el pago de las horas extra.
El máximo que puede alargarse la jornada ordinaria de un trabajador asciende hasta las nueve horas, tiempo que puede ampliarse a través de horas extraordinarias, siempre que se respete el descanso de 12 horas entre jornada y jornada. Más allá de que este periodo de descanso no siempre se cumpla y del impago sistemático de horas extra en algunos sectores económicos, lo cierto es que la OIT ha criticado lo atrasada que esta la legislación laboral española en esta materia.
En consecuencia, desde la organización internacional reclaman al país el aminoramiento hasta las 8 horas de la jornada laboral máxima y el pago de la hora extra a, como mínimo, el 125% del salario correspondiente para la hora ordinaria. Esta y otras sugerencias, que llegan de la mano de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomedaciones después de ser abordado en 113 Conferencia Internacional del Trabajo, ha sido recibida de buen grado en el Ministerio de Yolanda Díaz, que espera poder abordar estas cuestiones con la norma de reducción de jornada, aunque a priori no están contempladas en el proyecto impulsado por el Gobierno.
Muchas cuentas pendientes
Díaz insiste en ganar tiempo para poder negociar con los de Carles Puigdemont y reunir la mayoría necesaria para aprobar una norma que ya llegaría, de llegar, mucho más tarde de lo comprometido. No obstante, esta no es la única materia que se está atragantando a la líder de Sumar. Similar es el caso del Estatuto del Becario que, pese a que el acuerdo con los sindicatos fue suscrito hace más de dos años, sigue en el cajón y ni siquiera ha superado todavía el paso previo del Consejo de Ministros. Las patronales no lo apoyan, lo que anticipa el voto de las derechas parlamentarias, y al PSOE no le convence, por lo que su futuro parece negro.
Desde Europa llegan otros tirones de orejas a España por materias laborales. Es el caso de la indemnización por despido improcedente, que no se abordó con la última reforma laboral, y que incumple la Carta Social Europea. Sumar quiere llevarlo cuanto antes al seno del Gobierno y al Parlamento, pero siendo realistas apuntan a finales de año. Esta modificación está recogida en el acuerdo de Gobierno y la Comisión Europea ya ha sentenciado en dos ocasiones que la indemnización actual es insuficiente y e inexistente el derecho a readmisión obligatoria en determinados casos. Lo mismo sucedía con los permisos parentales, materia que ya solventaron ambas formaciones de la coalición.
