La Comisión Europea ha publicado el pasado día 17 de diciembre las orientaciones económicas para el año 2020, dentro del proceso conocido como semestre europeo. El documento de orientaciones tiene como objetivo establecer las guías principales que deben dirigir los programas nacionales de reformas que los países miembros de la Unión Europea deben presentar a lo largo de la primavera de 2020, como elemento clave dentro del proceso de gobernanza económica de la Unión. Aunque la opinión pública suele centrarse en el examen de las cuentas públicas, los objetivos de déficit y de deuda pública, lo cierto es que la gobernanza económica europea va mucho más allá, incluyendo aspectos como la desigualdad y la inclusión social, el desempeño del mercado de trabajo o la integridad de los mercados.
En el nuevo período de la Unión Europea, las recomendaciones en el marco de la gobernanza económica europea tendrán una especial relevancia, en la medida en que los próximos fondos estructurales 2021-2027 podrán modificar su programación para hacer frente a dichas indicaciones. Se pretende de esta manera que la Unión tenga más instrumentos para poner en marcha su política económica, al poder condicionar la ejecución de su principal instrumento de crecimiento económico, a los objetivos compartidos entre todos los estados miembro.
En esta ocasión, se trata de la puesta de largo de la Comisión Von Der Leyen, que presentaba de esta manera su primer documento de política económica tras las orientaciones generales aprobadas como programa de la Comisión para el período 2020-2024. Y el documento ha mostrado numerosas novedades. En primer lugar, el propio nombre de la comunicación ya señala que hay un cambio en las orientaciones globales, al hablar de “Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible”. Es un título que muestra toda una declaración de intenciones, coherente con el plan de trabajo de la Comisión, que busca instaurar para la Unión Europea un Green Deal, que favorezca el crecimiento económico al tiempo que promueve la sostenibilidad y la transición justa hacia una economía baja en carbono.
Más allá del título, la estrategia adelanta los componentes clave del nuevo modelo de crecimiento económico, basado en el concepto de “competitividad sostenible”, que articula cuatro pilares de intervención: el pilar medioambiental, el pilar de justicia social, el pilar de estabilidad macroeconómica y el pilar de productividad.
Atendiendo al pilar medioambiental, la Comisión establece como ejes de actuación el desarrollo de inversiones sostenibles, el establecimiento de un sistema impositivo verde, el avance hacia la neutralidad en emisiones -en línea con lo propuesto en el marco de la COP25- y el desarrollo de la economía circular. Se trata de los componentes básicos de la estrategia ambiental de la Unión Europea, que, combinados con el pilar de Justicia Social, apuntan a los aspectos más progresistas de la nueva estrategia. En efecto, en materia social, la Comisión propone la implementación del Pilar Europeo de Derechos sociales, la lucha contra la pobreza, la inversión en cualificaciones, la igualdad de género, y la cohesión territorial, entre otros aspectos.
En materia de productividad, la Comisión propone avanzar en la innovación, la digitalización, los mercados competitivos y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con acceso adecuado a la financiación y con la profundización del mercado único. Condiciones estas que requieren del mantenimiento de los marcos básicos de estabilidad macroeconómica, con el objetivo de completar la Unión Económica y Monetaria y evitar la acumulación de desequilibrios macroeconómicos y fiscales.
Se trata, por lo tanto, de una estrategia de crecimiento renovada en la que, al menos sobre el papel, ninguno de los aspectos está supeditado a otro. No es la primera vez que la Unión Europea plantea una estrategia de estas características. Ya la estrategia de Lisboa, aprobada en 2001 y que mantuvo su vigencia hasta 2010, avanzaba en una dirección similar, al igual que la abandonada Estrategia 2020, que apostaba por una serie de indicadores vinculados al crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Las condiciones macroeconómicas hicieron descarrilar estas estrategias, encerrándolas en el baúl de los proyectos abandonados.
Pero algo ha cambiado en esta ocasión. Tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional, así como centros de estudio y think tanks como la Fundación Bruegel o el Foro Económico Mundial, ha hecho cambiar la dirección del péndulo y hoy hablar de desempeño económico a largo plazo es hablar de una economía sostenible y socialmente justa. La Comisión se suma de esta manera un nuevo ciclo de política económica.
Veremos hasta donde llevan estas orientaciones: el camino hacia el infierno de las crisis económicas está empedrado de buenas intenciones. Pero a fecha de hoy es indiscutible que el año que ahora termina ha supuesto un punto de inflexión en cómo entendemos la política económica, hacia un modelo más inclusivo, sostenible, justo y con mayor participación del sector público en el gobierno de los asuntos económicos.
Es motivo de reflexión que para que se produzca este cambio de orientación económica hayamos tenido que sufrir una de las mayores crisis económicas de la historia, se hayan multiplicado los sentimientos de desafección política y tengamos a buena parte de la sociedad del continente en contra del proyecto europeo. Pero también lo es que se abre ante nosotros una ventana de oportunidad, que bien aprovechada, puede suponer cierto momemtum socialdemócrata en la construcción europea, con independencia de los magros resultados electorales de los partidos así denominados históricamente. Veremos.
