El Ministerio de Industria, cuyo titular es José Manuel Soria, ha convertido la situación de la central nuclear de Garoña en algo surrealista y en un ejemplo de la mala gestión del PP con mayúsculas. Garoña es el símbolo de una promesa electoral fallida y de un desastre de gestión absoluto. Conviene recordar que está central nuclear es la más antigua de España, tiene 42 años de funcionamiento, y es gemela (la misma tecnología) que la de Fukushima. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó su cierre para el 2014, superado el umbral de 40 años de "vida útil" que se considera de seguridad absoluta. Cuando Zapatero tomó esa decisión en el año 2009 el PP inició toda una campaña, apoyado por los medios de comunicación, para levantar una auténtica polvareda denunciando los puestos de trabajo que se suprimirían. Incluso se sacaron encuestas en medios afines de la derecha afirmando que la mayoría de los españoles eran pro-nucleares. En el lado contrario los grupos ecologistas protagonizaron sonoras protestas denunciando a Zapatero por prorrogar cuatro años el funcionamiento de Garoña. Los ecologistas acusaron al Gobierno socialista de someterse a las eléctricas. El PP contrató autobuses y vallas publicitarias, prometió que derogaría el cierre y ¡ha sido el Gobierno del PP el que ha parado Garoña!

Despropósito tras despropósito
A los pocos meses de llegar al Gobierno, el PP amplió hasta el 2019 años el funcionamiento de Garoña, pero resulta que el Ministerio de Industria, incapaz de diseñar un plan de calado para reducir el déficit de tarifa, subió los impuestos a las industria eléctrica y creó otros nuevos. Además Garoña, tras el accidente de Fukushima, debía acometer importantes inversiones en seguridad impuestas por la Unión Europea a todas las centrales nucleares. En consecuencia a la empresa propietaria de la central, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola) no le salía rentable mantener en funcionamiento al central, con lo que el Gobierno consiguió que se parara Garoña en el 2012, dos años antes del decreto de Zapatero y siete años antes de lo prometido por el PP.

El Gobierno quedó en ridículo, la Junta de Castilla y León (PP) más aún, y el ministro de Industria en vez de buscar un acuerdo salió en tromba a criticar a las empresas eléctricas. Nuclenor anunció que cerraba Garoña, posteriormente el Gobierno les dio un año de plazo, que termina el próximo 6 de julio, y ahora se negocia otra prórroga de un año más de inactividad. No un año de funcionamiento, sino un año de parada antes del cierre definitivo. De traca.

La esquizofrénica gestión de Soria
El Partido Popular se negó a firmar un pacto con el Gobierno socialista para poner coto al déficit de tarifa, la diferencia entre el precio real de la energía y lo que paga el consumidor, que suma ya 25.000 millones de euros a cuenta del déficit del Estado. Una auténtica barbaridad. En el casi año y medio que el PP lleva en el Gobierno ha subido la luz, ha disparado los impuestos a las eléctricas y ¡el déficit de tarifa ha crecido en 5.000 millones!, de los 20.000 que 'heredó' a los 25.000 millones de euros. Por el camino, solo seis meses después de llegar al Gobierno, Soria se tuvo que cargar al primer secretario de Estado de Energía, no hay un auténtico plan energético encima de la mesa, la única estrategia que sigue el ministerio es amenazar a las empresas que protesten y prometer trato de favor a las sumisas. Y al ministro lo único que le preocupa es  obligar a la industria a tener un trato de favor con Canarias (su tierra), aunque sea económicamente inviable y aunque dispare el déficit de tarifa. Todo un despropósito.