El Gobierno ha anunciado la presentación de una adenda específica para completar la aportación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia al plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Se trata de una adenda que amplía las transferencias recibidas y propone la recepción de hasta 84.000 millones de préstamos. El tramo de préstamos se acordó en el marco de la negociación de 2020 para moderar el grado de mutualización que generaba el instrumento: mientras que el tramo de donaciones emitiría una deuda respaldada por las aportaciones extraordinarias de los miembros al presupuesto de la Unión Europea, el tramo de préstamos estaría inicialmente respaldado por las devoluciones de los préstamos. De esta manera, el Next Gen adquiere dinero en los mercados a través de la emisión de bonos compartidos, y devuelve ese dinero a los inversores a partir de los préstamos devueltos por los países que hayan optado al instrumento.

En un contexto como el de 2020, con bajos tipos de interés de la deuda pública, los incentivos para acceder al tramo de préstamos eran muy pequeños, aunque la importancia política de hacerlo era relevante: no se podía dejar de ejecutar el Next Gen después de las duras negociaciones que llevaron al mismo. Ahora, con unos tipos de interés crecientes, el recurso al tramo de préstamos gana importancia, aunque no es el principal incentivo para su uso. A fin de cuentas, los préstamos que ofrece la Unión Europea son préstamos finalistas, sometidos al reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y por lo tanto, constreñidos en su uso a los objetivos y condicionantes que tienen las subvenciones. En comparación, la emisión de nueva deuda sería sólo un poco más cara y su uso sería de libre disposición por parte de los gobiernos. En otras palabras, el acceso al tramo de préstamos no sustituye las necesidades de emisión de deuda pública del tesoro.

España ha optado por un diseño del tramo de préstamos inteligente, que busca no incrementar el endeudamiento neto de nuestra economía. Para ello, los fondos recibidos bajo esta modalidad no se utilizarán para financiar subvenciones, lo cual significaría que esos 84.000 millones de euros incidirían en el nivel de gasto público y consecuentemente en la deuda pública neta. Un incremento del 8% de la deuda pública es inasumible. La alternativa que se plantea es utilizar esos préstamos para generar inversiones financieras y reales que supongan un efecto neto muy reducido en la deuda pública española. En otras palabras: España pedirá prestado el dinero para, a su vez, prestar el dinero a empresas, comunidades autónomas y ayuntamientos, en proyecto que, inicialmente, generen un retorno suficiente para devolver el préstamo. De esta manera, el gobierno actuará como un “banco de inversiones” en diferentes líneas de intervención. Es un diseño inteligente pero que al mismo tiempo supondrá un reto en la ya sobrecargada gestión de los instrumentos. Así, los PERTE recibirán nuevos fondos en formato de préstamos, pero también serán gestionados por el ICO, COFIDES y otras entidades financieras del Estado. Al contrario que otros países, España no tiene un genuino banco público de inversiones, de manera que las funciones de apoyo están distribuidas entre diferentes entidades, con cierta primacía del Instituto de Crédito Oficial, que necesariamente tendrá que reforzar sus capacidades de selección, preparación y seguimiento de proyectos.

Una buena idea sería plantear una territorialización de los apoyos: a fin de cuentas, las Comunidades Autónomas cuentan con mucha experiencia en materia de instrumentos financieros similares financiados por fondos europeos. Sólo por señalar algunos: el Instituto Valenciano de Finanzas, el Instituto de Fomento de Murcia, el Instituto de Competitividad de Castilla y León, Extremadura Avante, etc. conforman una red de instituciones financieras con experiencia, capacidad y herramientas que podrían completar los esfuerzos de las entidades financieras de la Administración General del Estado. Veremos si esta idea se abre paso, pero sería un excelente canal de distribución de los fondos, a falta de una institución con la fortaleza suficiente para llevar a cabo semejante reto.

Por último, la puesta en marcha de estos instrumentos financieros abre la puerta a una verdadera revolución en el ámbito de las finanzas sostenibles en España. Dados los objetivos del Next Gen, tanto en lo relativo a las inversiones climáticas, como en lo relativo a la necesidad de atender al principio de “Do not Harm” (No hacer daño), dirigido a evitar inversiones que causen perjuicios ambientales o sociales, los mecanismos de planificación, seguimiento y monitoreo de las inversiones puede suponer un importante impulso a la financiación con criterios sostenibles en nuestro país. Sólo en inversiones temáticamente sostenibles, España ha consignado 20.000 millones para Comunidades Autónoma, y otros 400 millones en un novedoso instrumento de financiación de impacto que, de desplegarse adecuadamente, puede situar a España en la primera división mundial de este tipo de inversiones dirigidas a generar un impacto social y ambiental positivo.

Veremos cómo se estructura todo este nuevo sistema de implementación, diseño, seguimiento y monitoreo, pero la oportunidad que se abre es enorme. No todo va a ser negativo en 2023.