El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que compareció en el Senado este jueves y siete días antes lo hizo en el Congreso, tendrá que hacerlo de nuevo para explicar la instrucción interna de la Agencia Tributaria que permitirá a las pymes y a los autónomos seguir aplazando sus deudas tributarias -entre ellas el IRPF o el IVA- inferiores a 30.000 euros. Así lo acordó ayer, por unanimidad, la Diputación Permanente del Congreso, a petición de Ciudadanos, ante el aluvión de críticas que cuestionan la seguridad jurídica de la fórmula escogida por Hacienda.

Caos generalizado

 El propio Montoro ha pedido comparecer de urgencia sabedor de que la oposición en pleno la forzaría. El plazo para pagar el IVA concluye el próximo 30 de enero y la fórmula de Hacienda para aplazarlo o fraccionarlo ha generado un caos, ya que a las dudas sobre su aplicación se suman también las de su legalidad.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), por ejemplo, considera que la instrucción interna vulnera la Ley General Tributaria y reclama una fórmula jurídica segura, algo en lo que coincide la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que pide al Ejecutivo que modifique el decreto original para despejar cualquier duda.

En su comparecencia de la pasada semana, el ministro anunció que Hacienda iba a dar una solución para permitir que los autónomos pudiesen seguir aplazando deudas tributarias inferiores a 30.000 euros. No dio más detalles a pesar de las preguntas de los parlamentarios, pero veinticuatro horas después, el viernes, la Agencia Tributaria publicó en su web las líneas básicas de lo que sería la instrucción interna, fechada este mismo miércoles.

Hacienda contra Hacienda

La instrucción de la Agencia tributaria establece que los autónomos y las pymes podrán aplazar o fraccionar el IVA hasta la citada cuantía de forma automática -las personas físicas (autónomos) un máximo de 12 meses y las jurídicas (pymes) la mitad-, sin necesidad de aportar aval y con independencia de que se haya cobrado o no, ya que la AEAT presupondrá en todos los casos que las facturas están pendientes de pago.

De este modo Hacienda salva el escollo que introdujo el decreto de diciembre, que limitaba los aplazamientos a los tributos no cobrados. Las dudas sobre la legalidad de la fórmula radican en si una instrucción interna de la Agencia Tributaria puede contradecir un cambio normativo de la Ley General Tributaria. Tanto los asesores fiscales como los diferentes grupos políticos sostienen que no, y exigen explicaciones al ministro. El diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, además de presentar una batería de preguntas para Montoro sobre la polémica instrucción interna, insistió en la Diputación Permanente en que la fórmula no ofrece garantía jurídica porque «contraviene» la Ley Tributaria, un argumento compartido por toda la oposición.

El PSOE reclamó que el ministro explique «con celeridad» los detalles sobre los aplazamientos y aclare si la medida será permanente o transitoria.Aunque Montoro compareció ayer ante la Comisión de Hacienda del Senado, no desveló ni un solo detalle sobre el aplazamiento del IVA, pese a que los grupos insistieron en preguntarle. Eso sí, negó que las decisiones del Gobierno en materia tributaria crearan inseguridad jurídica alguna.