El Consejo de Ministros ha aprobado tres planes clave en línea con la modernización económica. Es el caso del PERTE Chip -dotado finalmente con 12.250 millones de inversión para hacer de España un centro de producción propio-, y dos avances en la Administración Pública. Por un lado, la mayor oferta de empleo público de la historia, con 44.787 plazas, por encima de lo previsto. Por otro lado, la aprobación del Plan de Ahorro Energético para la Administración Pública.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha presentado el PERTE de semiconductores y chips, denominado PERTE Chip, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un Consejo que ha liderado a falta del presidente. Y es que Pedro Sánchez ha presentado este mismo plan en paralelo, durante su participación en el Foro Económico de Davos. Se trata del décimo plan estratégico empresarial del Gobierno y “el más ambicioso en cuantía económica”, en palabras de Calviño.

El objetivo del PERTE es convertir a España en un centro de producción propio de microchips, en aras de evitar problemas de suministro como ha ocurrido en los últimos meses en la industria automovilística. Según la vicepresidenta económica, se trata de desarrollar de manera integral las capacidades de diseño y producción de la industria española de semiconductores para generar un “efecto multiplicador” en el conjunto de la industria y la economía española.

“El semiconductor es el elemento básico de los chips, esenciales en la transformación digital. El sector de los semiconductores es global y clave en el sector I+D", ha recalcado Calviño. Precisamente este martes Sánchez se reúne con los directivos de las grandes compañías de microchips en Davos como son Intel, Cisco, Qualcomm o Micron.

Mejorar la producción a nivel europeo

Para Calviño, el objetivo pasa por que Europa pueda alcanzar el 20% de la producción mundial de la industria de semiconductores, mejorando su posición frente a los grandes productores como Taiwán, Estados Unidos, Corea del Sur y China. "Para revertir esta situación y evitar la dependencia, la Unión Europea ha lanzado varios proyectos, conocidos por las siglas IPCI”, ha avanzado la ministra de Asuntos Económicos, que asegura que España está ahora “mejor posicionada” por el respaldo de los fondos europeos.

Este PERTE tendrá su mayor impacto económico en el sector de la automoción, donde España es el “segundo fabricante y exportador de vehículos” y que ha sufrido problemas de desabastecimiento de microchips tras la irrupción de la pandemia. “En el sector de la automatización de procesos industriales, bienes de equipo e industria aeroespacial, somos el tercer país exportador en la Unión Europea", ha celebrado Calviño.

La inversión en este sector asciende finalmente hasta los 12.250 millones de euros, tras los anuncios iniciales de 11.000 millones, hasta 2027. En palabras de Calviño, el objetivo es “reforzar la capacidad científica para reforzar la I+D+I sobre microprocesadores y en fotónica integrada, el desarrollo de chips cuánticos”. Además, el Gobierno destinará 500 millones de euros a la participación de empresas españolas en proyectos europeos de microelectrónica, tal y como ha anunciado la responsable económica del Gobierno, siendo el primer paso del plan.

El segundo paso se centra en el diseño, mientras que el tercero “y más importante”, está orientado a la construcción de plantas de fabricación en España con capacidad inferior y superior en nanómetros. El cuarto y último eje se centra en la creación de fondos para chips para así alcanzar los objetivos de las startups. "La principal fuente de financiación provendrá del plan de recuperación, tanto recurriendo a posibles transferencias no reembolsables como a los préstamos reembolsables que aún no han sido movilizables por España. La ejecución del PERTE se articulará con subvenciones, contratos o encargos con colaboración público-privada", ha explicado la viceprimera ministra. 

"Si la crisis del covid puso de relieve la necesidad de acelerar la transformación digital y reforzar el Estado de bienestar, la guerra de Ucrania hace la autonomía estratégica, económica y tecnológica. Estos PERTES tienen una importancia redoblada, verdaderas misiones de países. Son proyectos transformadores que aglutinan el esfuerzo público y privado", ha recalcado.

"El Plan de Recuperación está en marcha, es una realidad" -mantiene Calviño- "El PERTE Chip es el mejor ejemplo del impacto transformador porque España dispone del talento, centros de investigación de primera categoría y de las capacidades, pero no ha estado ahí por la falta de apoyo, compromiso y una estrategia coherente. Queremos que España tenga un papel relevante en el ámbito tecnológico. Ahora, tenemos el Plan de Recuperación, la financiación para hacerlo realidad, y desde el Gobierno la determinación para aprovecharla".

45.000 nuevos empleos en la Administración Pública

Ya en el ámbito de la Administración Pública, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha anunciado la mayor oferta de empleo público de la historia. Finalmente serán 44.787 plazas nuevas en la Administración General del Estado (AGE), tras las 30.000 acordadas este lunes con los sindicatos.

"Hemos ido incrementando la dotación de personal y revirtiendo los recortes que practicó el Partido Popular con la imposición de una tasa de reposición que ha impedido durante muchos años renovar al personal que se jubilada y, ha dado como efecto, una gran precariedad que ha sido denunciada en muchos entornos. Hoy damos un paso más en la potenciación del sector público con la aprobación de esta oferta pública de empleo, la mayor de la historia, con 44.787 plazas que se ponen a disposición de las administraciones", ha celebrado la ministra.

Del total, 15.800 serán plazas de ingreso libre, mientras que 9.591 corresponden a promoción interna. Por otro lado, 4.992 plazas se ofertarán en la Policía y Guardia Civil, de las cuales 4.352 serán de ingreso libre y 650 de promoción interna. Por otra parte, otras 1.737 ofertas irán para la Administración de Justicia, 945 de ingreso libre y 792 para la promoción interna. A esta cifra hay que añadir la cifra de estabilización, 10.617 plazas con esta distribución de sectores, y 5.000 para el personal de la administración de justicia. Montero ha cifrado 64.869 plazas de empleo nuevas desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

Además, el Gobierno ha aprobado una ley que frena la temporalidad en el empleo público, una de las críticas habituales procedentes de la oposición y de la patronal. La nueva norma, pactada con Bruselas, limita la temporalidad en el 8%. Un límite que “todas” las Administraciones Públicas tendrán que adaptar antes del próximo mes de junio, mediante la publicación de las ofertas de empleo que se derivan de empleos de estabilización.

Según las previsiones del Gobierno, los nuevos puestos de empleo se publicarán antes de diciembre de este año y los procesos estarán adjudicados y terminados antes del 31 de diciembre de 2024, dentro de dos años. “Las ofertas públicas no solo hay que aprobarlas, sino desarrollarlas en tiempo y forma", recalca Montero.

Plan de Ahorro Energético: teletrabajo y placas solares

Por otro lado, Montero ha informado de la aprobación del Plan de Ahorro Energético de la Administración Pública, con medidas que pasan por impulsar el teletrabajo -voluntario y con un mínimo del 40% presencial- y el autoconsumo fotovoltaico en los edificios públicos. "Hemos abordado la aprobación definitiva de la ley de evaluación de políticas públicas que nos va a permitir dar un salto cualitativa en las políticas públicas para mejorar la rendición de cuentas con la ciudadanía y la calidad democrática en nuestro país", ha recalcado Montero.

"Tenemos que poner en marcha un motor de transformación, esperamos que seguido de la privada, que permita reforzar la seguridad energética en tres grupos: racionalización del uso de las instalaciones; impulso de fórmula organizativa sostenible y programa de formación y sensibilización", ha explicado la ministra de Hacienda sobre el Plan.

Entre las medidas principales, destaca el establecimiento de horarios de encendido y apagado de edificios, el refuerzo del trabajo a distancia o el incentivo del uso del transporte público para acudir a trabajar. Una de las medidas más comentadas ha sido el mantenimiento de la temperatura en las oficinas entre los 19 y los 27 grados. Estas medidas están en línea con la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la Edificación en España, y el Plan nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

En este ámbito, el Consejo de Ministros también ha aprobado una convocatoria de subvenciones públicas para la renovación de instalaciones en oficinas del SEPE por 15 millones de euros, una inversión que se ejecutará durante este ejercicio.