El Consejo de Ministros ordinario de este martes aprobará el Plan de Ahorro Energético para la Administración General del Estado (AGE) como parte de la respuesta a la guerra de Ucrania. Entre algunas de las medidas ya avanzadas por la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se encuentran el impulso del teletrabajo y del autoconsumo energético en los edificios públicos.

El Ejecutivo ratificará esta mañana medidas como el “despliegue masivo” del autoconsumo fotovoltaico en edificios de carácter público, así como un “refuerzo del trabajo a distancia” de los funcionarios siempre que sea posible. En concreto, propondría tres días de trabajo remoto y dos días presenciales, según los borradores, que podrían sufrir modificaciones por razones organizativas.

Este paquete de medidas está diseñado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como parte del Plan de Respuesta a la Guerra del 29 de marzo. No obstante, el paquete de recomendaciones para el sector público se aprobará este martes y estará vigente previsiblemente hasta el próximo 30 de septiembre.

Teletrabajo voluntario del 60%

Una de las medidas clave pasa por impulsar el teletrabajo entre los empleados públicos, con el fin de reducir el impacto energético, tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo como por el propio consumo de energía. La opción del teletrabajo será voluntaria y no podrá ser inferior al 40% en ningún caso.

La propuesta cuenta con matices ya que se creará un sistema de gestión de solicitudes que deberá aprobarse en cada ministerio concreto. Por el momento, se quedarán fuera los puestos que conlleven de forma necesaria la prestación de servicios presenciales o bien, una supervisión directa. Es decir, la jornada en remoto quedaría supeditada a garantizar la atención directa presencial a los ciudadanos y será cada departamento quien lo decida.

Más allá del teletrabajo voluntario para los funcionarios, las entidades del sector público también impulsarán medidas en base a la racionalización del uso de los edificios. La optimización y la racionalización de los espacios intentará reducir costes, unificando servicios y agrupando personal. Tal y como ha ratificado la ministra en varias ocasiones, las medidas no afectarán a la ciudadanía ni en servicios esenciales ni en la prestación directa.

Autoconsumo fotovoltaico y el aire acondicionado a 27 grados

En esta línea, también prevé un despliegue masivo de instalaciones de autoconsumo en los edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado y en el sector público institucional. Las estimaciones pasan por que el Gobierno va a contratar los primeros 50 megavatios de capacidad para su instalación este mismo año. Una instalación que también dependerá de cada organismo público, que tendrá que buscar la ubicación idónea.

El plan hace una serie de recomendaciones para la gestión interna de los edificios, centrado en los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación y equipamiento informático. Una de las medidas concretas es controlar la temperatura para que se mantenga entre los 19 y 27 grados, ya sea a la hora de poner la calefacción o el aire acondicionado.

Es más, se revisará la potencia contratada en los edificios públicos, con una optimización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones consumidoras de energía y del alumbrado exterior de edificios, infraestructuras, carreteras y túneles estatales. Asimismo, se hará un seguimiento del uso de papel, plástico y otros elementos utilizados a diario en las oficinas públicas.

Bicis y transporte público para ir a trabajar

A la hora de desplazarse, el Plan de Ahorro Energético contempla medidas para promover el uso del transporte público o de la bicicleta, con aparcamientos seguros en los edificios públicos. Por otro lado, se incluirán materias con respecto a contratación pública, con el foco en mejorar la eficiencia energética y el ahorro en los pliegos. Asimismo, se introducirán mecanismos específicos en la renovación de flotas y vehículos para reducir el uso de combustibles fósiles.

Estas recomendaciones están en la línea de la Agencia Internacional de la Energía, tal y como ha ratificado Ribera en las últimas semanas. De hecho, la AIE ya lanzó un plan de respuesta rápida para intentar que los países occidentales redujeran su consumo de hidrocarburos, con el fin de evitar que la Unión Europea financie a Rusia con sus compras de petróleo y gas.