El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el primer tramo de avales del ICO por un importe de 5.000 millones de euros. En concreto, ha aprobado el acuerdo que recoge las características del primer tramo de la línea de avales para autónomos y empresas. Esta nueva dotación forma parte de las medidas incluidas en el Plan de respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania aprobadas en el Real Decreto-ley 6/2022.
La nueva línea reforzará la liquidez de autónomos y empresas que sufren el impacto del incremento de los precios de la energía, materias primas o electricidad como consecuencia de la guerra, garantizando de esta forma su acceso a la liquidez. Esta línea de avales se enmarca en el nuevo marco temporal de ayudas aprobado por la Comisión Europea, destinadas a respaldar el tejido productivo y la economía europea ante los efectos económicos de la invasión rusa de Ucrania.
El primer tramo aprobado de 5.000 millones de euros, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en colaboración con las Entidades Financieras, está dirigido a todas los autónomos y empresas de todos los sectores económicos afectados por los efectos económicos de la guerra, con excepción del sector financiero y de seguros, tal y como ha informado el Gobierno.
Los avales se destinarán a garantizar nuevas operaciones de financiación concedidas por las entidades financieras, y podrán solicitarlos hasta el próximo 1 de diciembre los autónomos y empresas que no se encuentren en situación de morosidad ni en procedimiento concursal a la fecha de firma de la operación -como viene siendo habitual en los avales de este tipo- ni estén sujetos a sanciones por parte de la Unión Europea, ni tengan en el momento de solicitud del aval ningún proceso de ejecución de avales gestionados por el ICO.
Importe máximo de 400.000 euros
El aval garantizará hasta el 80% de los nuevos préstamos de operaciones solicitadas con importe máximo avalado de hasta 400.000 euros con carácter general, o 35.000 euros para empresas del sector primario, acuicultura o pesca, en una o varias operaciones de préstamo, según las cifras facilitadas por el Gobierno. En estos casos, el aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de diez años.
Para préstamos por un volumen superior, el aval podrá garantizar hasta el 80% del importe del crédito para pymes y autónomos y hasta el 70% para el resto de empresas, si bien el importe total del préstamo no podrá ser mayor del 15% del volumen de negocios anual medio total del beneficiario durante los tres últimos ejercicios, o del 50% de los costes de la energía en los doce meses anteriores a la solicitud del préstamo. Para estos préstamos el aval coincidirá también con el plazo de amortización de la operación, que será de hasta ocho años.
Todas las operaciones contarán, a solicitud del deudor, con un periodo de carencia inicial del principal de 12 meses y las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el próximo 31 de diciembre. Asimismo, las entidades financieras deberán aplicar los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de sus clientes y no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.
"El buen funcionamiento de esta línea es la que ha provocado que, ante otra crisis, el Gobierno haya decidido estar de nuevo al lado de las empresas y los autónomos para sostener sus economías", ha resaltado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
