El frenético 2022 llega a su fin, pero los indicadores económicos no responden al calendario. La inflación da una tregua a España, país de la zona euro con el dato más bajo (6,7%), y los datos de crecimiento económico sitúan al país a la cabeza de Europa; sin embargo, los alimentos parecen no inmutarse ante la caída de precios y marcan un IPC de 15,3%, más dramático si cabe en productos como la leche (30,9%), el aceite de oliva (+26%) o los huevos (27,1%). Ante esto, el Gobierno asume la necesidad de tomar medidas que alivien el precio de la cesta de la compra de las familias. Ahora, la discusión gira en torno a qué políticas asumir.
El problema experimentado en el seno del Ejecutivo, tanto entre los socios de la coalición como entre Ministerios pertenecientes a la parte socialista, es la elección y definición de las medidas, situación que está dilatando la tan necesaria intervención en el mercado alimentario en favor de las familias. Sobre la mesa parece haber tres propuestas: la reducción del IVA de algunos productos, que parecía desestimada por ambas partes del Gobierno de coalición la semana pasada; la concesión de un cheque, cuya cuantía y destinatarios está generando discrepancias; y la definición de un impuesto a los beneficios extraordinarios de las distribuidoras que descarta la parte socialista. En las diferentes carteras ministeriales el silencio reina.
Este periódico se ha puesto en contacto con los diferentes ministerios para conocer como avanzan las negociaciones y, por el momento, el acuerdo parece lejano. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que la situación no ha variado en los últimos días y se continúa trabajando en las diferentes medidas sociales que se van a adoptar para el próximo año, no solo las relativas a la alimentación, pero “aún no se puede concretar ninguna”. Desde el Ministerio de Economía, las fuentes consultadas por este periódico son todavía más tajantes y garantizan que no hay nada cerrado por el momento. “No hay información”, trasladan, quitando peso al papel en este ámbito a la cartera dirigida por Nadia Calviño. Desde Trabajo la posición es la misma: “se sigue negociando”. El Gabinete de Yolanda Díaz no da más detalles y actúa con prudencia después del nulo apoyo que recibió dentro del Gobierno tras su propuesta de topar el precio de alimentos básicos.
Diferentes propuestas
La propuesta de la ministra de Trabajo, que se quedó en agua de borrajas al no contar con el apoyo del resto del Ejecutivo, no era otra cosa que un tope al precio de los alimentos básicos. Concretamente, una cesta de la compra de productos básicos con precios "congelados" o limitados que debía variar cada semana, incluir proteínas y frescos (pescado, carne, fruta, huevos y hortalizas) y estar disponible para las familias al menos hasta después de Navidades. Asimismo, pedía a las distribuidoras de alimentos que se ofertasen una cesta específica para celiacos.
Además de ser asequible, de calidad y estar disponible al menos hasta después de Navidades, Díaz afirmaba que esta cesta básica de la compra debía ser fruto de un acuerdo entre las grandes distribuidoras, que ahora parecen sí estar por la labor, según fuentes cercanas a la negociación. Las señaladas eran las distribuidoras, que han disparado los precios en todo este tiempo con la excusa de la subida de la energía y, ahora que la inflación se encuentra en torno al 6% y la energía no tiene un coste tan elevado, no han bajado los precios.
Declaraciones disparadas de beneficios de estas compañías mediante, la cesta 30x30 de Díaz (30 productos por 30 euros) no llegó a puerto. En septiembre llegó este debate a la agenda política, mediática y social. En diciembre, con las navidades ya en las casas, han pasado tres meses y los hogares siguen pagando cantidades desmedidas por alimentarse, muchos obligados a elegir entre gastos o hipotecas disparadas y comida.
Ahora, desde Unidas Podemos, defienden nuevas propuestas que podrían aliviar el precio de los alimentos, con la pretensión de que, en este caso, no acaben ignoradas. Una de ellas es la entrega de un cheque, de entre 250 y 500 euros abonados en un plazo, que se abonaría a ocho millones de personas aproximadamente, diferenciando por renta y situación social. Esta medida, asumida también por el Ejecutivo francés, podría aliviar la subida de la inflación en los precios de los alimentos, de ser destinado a adquirir comida. Si bien es cierto que esta solución no abordaría el problema estructural de la subida desmedida de precios acometida por las grandes distribuidoras, sino que supondría, más bien, un balón de oxígeno para las familias, al no abordar los beneficios disparados de estas empresas ni unas subidas de precios que no responden al incremento del resto de materias.
Otra de las opciones planteada por los morados, peor vista por la parte socialista del Gobierno, es la implantación de un impuesto extraordinario a los beneficios de los grandes supermercados. El tipo sería del 33% y afectaría a los márgenes gananciales. La intención, meramente disuasoria, es que estas compañías se lo piensen dos veces antes de elevar los precios para disparar sus beneficios. Desde Agricultura, en defensa de las grandes empresas de distribución, se han posicionado en contra alegando que estas no están registrando beneficios extraordinarios.
La única propuesta en la que parecían estar de acuerdo ambas partes hace apenas una semana era la reducción del IVA a determinados productos propuesta por la patronal de este sector (ASEDAS). Ahora, desde el Ministerio de Agricultura parece que se está dando alas a esta medida, defendida también por el PP, a pesar de las reticencias de la parte morada del Gobierno y de los problemas indicados por Hacienda y Economía en reiteradas ocasiones. Con esta medida quien asumiría el peso sería el Estado, mientras que los supermercados no aportarían nada y seguirían manteniendo sus beneficios. Por no hablar de que la mayoría de alimentos ya cuentan con un IVA reducido del 10% y otra gran cantidad con el superreducido del 4%.
El tiempo apremia, las familias siguen sin poder asumir el precio de la compra y el final del año se acerca e, independientemente de la decisión final que asuma el Ejecutivo, esta debe tomarse de forma inminete. El Gobierno ahora tiene la posibilidad de sorprender con un ‘regalo de navidad’, que no es más que justicia, desprivilegiando el comer y recuperando la cordura en los tickets de los super.
