La vivienda también ha sido uno de los temas clave de una campaña electoral, eso sí, liderada por el problema de los separatismos. Ahora con los datos de las elecciones frescos y con la posibilidad de pactos se abren numerosas incógnitas de cómo puede quedar la vivienda para inquilinos y arrendadores. El PSOE consiguió in extremis introducir un Real Decreto para alargar los contratos de alquiler de tres a cinco años, que se eleva hasta siete cuando el arrendador es una persona jurídica.

Una reforma para dar más estabilidad al sector que no contó en principio con el apoyo de Unidas Podemos que pretende una intervención directa en los precios de los alquileres como ha ocurrido en ciudades como Viena o Berlín.

Actualmente, el 24% de los españoles vive de alquiler. Y es más, 2,2 millones de españoles obtienen rentas por el alquiler de viviendas (impulsados por el boom del alquiler turístico), según los datos de la Agencia Tributaria. No solo es la banca o los llamados fondos buitres los grandes caseros del país, sino que muchos españoles han confiado su ahorro a la vivienda para su posterior alquiler. El tema es, pues, delicado porque afecta a grandes capas de la población en las dos direcciones: inquilino y arrendador.

Con datos del Banco de España, conocidos este mismo mes, la rentabilidad anual media por alquiler se situó en el 3,99% al cierre de 2018, frente al 4,22% del año anterior y que alcanzó el  4,64% en 2014 que ha sido el más alto de la última década. Una rentabilidad que ha superado a los bonos, a los depósitos bancarios y a la propia Bolsa española. Lógicamente, un factor clave para estas ganancias es la evolución del propio precio de la vivienda que cayó durante los años 2008, 2009, 2011 y 2012, según el supervisor bancario. Desde 2013 no ha parado de subir. Pero estos vaivenes no han afectado demasiado al alquiler que se mostraba como única salida habitacional para muchas familias españolas, impidiendo la bajada de los precios en consonancia con la caída de la vivienda.

Aunque en estas primeras horas postelectorales, el PSOE ha anunciado su intención de gobernar en solitario, pero necesitará ayudas para ir sacando adelante sus proyectos. Dependiendo de si mira a su izquierda o a su derecha en esos acuerdos el resultado puede ser distinto. Unidas Podemos ya acusó a Sánchez de haber aprobado un proyecto que se quedaba corto y en su programa electoral pide que salgan al alquiler social aquellos pisos propiedad de la banca o de la Sareb que se encuentren vacíos, con la creación de un parque de 50.000 viviendas al año. Además, intervenir directamente en los precios y prohibir los desalojos que no cuenten con una alternativa habitacional. La dación en pago y derogar el índice hipotecario IRPH son otras de sus pretensiones.

Si el acuerdo llegase de la mano de Ciudadanos sus exigencias están más en sintonía con las propuestas del propio PSOE. El partido de Rivera propone una Ley de Vivienda para incrementar el alquiler de viviendas sociales a precios que puedan acceder quienes no pueden en el mercado libre. También establecer un servicio de alquiler temporal que cumpla esa misma función de integrar a aquellos con menos posibilidades y reforzar la seguridad jurídica con el fin de dinamizar el mercado. Y añade un plan de erradicación del chabolismo y la infravivienda.

El partido liderado por Pedro Sánchez, se propone destinar una partida de los Presupuestos Generales del Estado a viviendas en alquiler para jóvenes.  También quiere rescatar la iniciativa de Rodríguez Zapatero de la renta básica de emancipación para los jóvenes con bajos ingresos. Y promover la vivienda de alquiler social movilizando suelo público para lograr oferta de alquiler social de forma permanente.

De los acuerdos que surjan en los próximos días o meses, se irá orientando el modelo de vivienda para España. Lo que sí parece claro que todos los partidos políticos apuestan más por el alquiler social que por la compra directa de viviendas. Esto pasa en un país en el que hoy por hoy más del 70% de las familias son propietarias de su casa.