El juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada (León) ha imputados a seis empresas mineras de carbón y a 12 empresarios, todos los de la provincia que cuenta con los mayores yacimientos de carbón de España, por posibles delitos de fraude en el cobro de las ayudas al sector otorgadas por el Ministerio de Industria desde el año 2007 y hasta 2012, ambos incluidos.

300 millones al año
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el mayor plan de ayudas a la minería y las cuencas mineras de toda la Democracia. Ese plan, para los años 2007 y hasta 2012, estaba dotado con 1.000 millones de euros anuales que se repartían en cinco líneas: para el funcionamiento propiamente dicho de las minas (las que recibían los empresarios), para sufragar las prejubilaciones anticipadas, para infraestructuras de las cuencas mineras, becas de formación y proyectos empresariales (que podía presentar cualquier ciudadano). De los 1.000 millones para el sector del carbón y las cuencas mineras, las ayudas a la producción que iban directamente a los empresarios ascendieron a unos 300 millones de euros al año.

La Fiscalía ve "indicios racionales de criminalidad"
El juzgado de instrucción número 5 de Ponferrada inició la investigación en julio del año pasado a instancias de la Fiscalía, que ve "indicios racionales de criminalidad" en la actuación de las empresas mineras, a las que acusa de falsear "las condiciones requeridas" para la concesión de subvenciones o bien de ocultar "aquellas que hubieran impedido recibirlas". El titular del juzgado citará a declarar en los próximos días a los apoderados o administradores de las empresas y, posteriormente, a los empresarios.

"Incredulidad total"
Las empresas denunciadas por la Fiscalía son: Carbones Arlanza SL, Alto Bierzo SA, Unión Minera del Norte, Hullera Vasco Leonesa, Hijos de Baldomero García y Coto Minero del Cantábrico. Desde la Hullera Vasco Leonesa y desde Alto Bierzo SA sus responsables han manifestado a los medios de comunicación su "incredulidad total" ante la imputación, de la que se enteraron por la prensa.

Unión Minera del Norte y Coto Minero del Cantábrico, propiedad del polémico empresario Vitorino Alonso, han señalado que sus empresas han estado "más que vigiladas", desmienten las acusaciones y han anunciado que recurrirán la imputación.

El golpe definitivo al sector
Desde que Mariano Rajoy acusó a Zapatero en el Parlamento de malgastar dinero en la minería del carbón quedó claro que el PP tenía intención de acabar con este sector en cuanto llegara al Gobierno. Nada más llegar al poder bloquearon todo tipo de ayudas, lo que llevó a las empresas a no pagar a los mineros que, en muchos casos, estuvieron un año sin cobrar. Cuando volvieron a trabajar, tuvieron que asumir un nuevo plan del carbón que ha recortado sus derechos, han tenido que asumir recortes salariales de un 30%, las cuencas mineras están sumidas en la pobreza, los empresarios solo piensan en cerrar y el Gobierno no ha dado ninguna alternativa a los habitantes de las cuencas que se ven abocados a emigrar o a la miseria. Como siempre pagarán los más débiles, los mineros.