Son muchas las familias que deciden optar por el alquiler de una vivienda para disfrutar de sus vacaciones. Solo en Galicia, donde la Xunta reguló hace algo más de un año este tipo de arrendamientos, hay alrededor de 5.700 los pisos turísticos dados de alta.
La temporada, aunque algo más floja que la del pasado año, debido a que las condiciones meteorológicas no han acompañado demasiado, está siendo satisfactoria para los propietarios. Sin embargo, hay malestar en el sector debido a cómo está actuando la Agencia Tributaria.
Hacienda rastrea en internet las viviendas vacacionales para destapar alquileres en negro y este verano, además, ha reclamado a plataformas online como Airbnb, Windu o HomeAway que identifiquen a los propietarios de las viviendas turísticas y les informen de los ingresos que se perciben.
Pero el problema no reside en esto, sino en que los inspectores se están presentado sin previo aviso en las viviendas y están interrogando a los inquilinos. “Les preguntan a través de qué medio han alquilado, cuántos días van a estar, cuántas personas son o cuánto han pagado” cuenta a ELPLURAL.COM Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación gallega de Viviendas Turísticas (Aviturga).
Desde esta entidad insisten en que consideran “lógico y normal” que Hacienda vigile, advierta y recuerde a los propietarios que han de tributar los ingresos de los alquileres, sin embargo, rechazan de forma tajante esta forma de proceder, que, aseguran, les está dando “muchísimos problemas”.
Consideran que la Administración ha de dirigirse al propietario del inmueble y no al inquilino. “Solo pedimos que no generen malestar y molestias entre nuestros turistas, ya que recibimos muchas quejas”, recalca Aguín. “Hay mucha gente, incluso, que se niega a responder y les piden que se pongan en contacto con el dueño. A otros, estos interrogatorios les generan muchas dudas, no están seguros de si realmente se trata de inspectores de Hacienda, aunque lleven un número de indentificación”.
Del mismo modo, creen que las comprobaciones por parte de la Administración han de hacerse “con comunicación”. “No sabemos si esto se hace así en otros sitios de España”, confiesa la presidenta de Aviturga, pero “nuestros clientes se quejan de que nunca han tenido una experiencia similar en otras regiones”, denuncia.
El impuesto desconocido
Al margen de esto, otro aspecto que está generando cierto desconcierto, aunque en este caso entre los clientes es el impuesto que han de pagar por su alojamiento.
Alquilar un piso turístico no conlleva IVA, pero sí tiene una carga fiscal, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que varía según el coste del alquiler y la cuota que tenga establecida cada comunidad autónoma, ya que son éstas las que lo fijan. En caso de que la región no haya aprobado tarifa alguna, la cuota máxima a abonar es de 30,77 euros.
