El Consejo de Ministros ordinario ha aprobado una prórroga para el plazo de desinversión en Bankia de dos años, hasta el mes de diciembre de 2023. El plazo terminaba este año, en diciembre de 2021, por lo que el Gobierno ha optado por ampliar la fecha límite para la venta de la participación del Estado en la entidad en dos años más.
Según la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el objetivo de esta prórroga es “favorecer la utilización más eficiente y más eficaz de los recursos públicos, maximizando la recuperación de esas ayudas, encontrando el momento adecuado para que se puedan maximizar los recursos que se invirtieron en la entidad”.
Esta ampliación permitirá al FROB, el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, ejecutar la estrategia de desinversión con “una mayor flexibilidad y aprovechando la coyuntura más favorable”, en palabras de Montero.
El FROB cuenta con una participación del 61,8% en Bankia que, tras el proceso de fusión con CaixaBank, pasará a ser del 11,6% del capital de la entidad resultante, la nueva CaixaBank. Precisamente esta semana está previsto que ambas entidades reúnan a sus Consejos de Administración para cerrar los últimos flecos de la operación, aprobada en diciembre.
Rescate de Bankia en 2012
Hasta este momento, el Estado era el principal accionista de Bankia, con la mayoría de su participación, tras invertir 22.000 millones en el rescate de la entidad en 2012.
Se trata de la tercera ampliación del plazo inicial dotado para la venta de la entidad y con ella, el Gobierno pretende “ser capaces de hacer un uso lo más eficiente posible de los recursos que se invirtieron en Bankia, procurando el mayor retorno de las ayudas”, asegura la ministra de Hacienda.
Por otro lado, Montero ha informado que este martes se ha celebrado la primera reunión de la Comisión Interministerial para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como una “oportunidad única para transformar el modelo productivo español y hacerlo más sostenible y más competitivo”.
Para ello se ha creado un comité técnico, que apoyará y asesorará a la Comisión Interministerial para que el trabajo “sea fluido en corresponsabilidad y cogobernanza tanto con las comunidades como con las entidades locales”, explica la ministra.
