Los inversores españoles pueden evitar por sus propios medios seguir pagando los costes de custodia de las acciones y otros activos –por ejemplo, bonos, obligaciones o warrants- emitidos por compañías que cotizan en bolsa y están inactivas o han sido liquidadas. Así se desprende del Informe Anual 2017 emitido por el Protector del Inversor de la Bolsa de Madrid. En el fondo de esta cuestión reside el principio universal de buenas prácticas de los servicios bancarios y financieros de que una entidad no puede cobrar por un servicio que no presta.

El Protector del Inversor, figura que recae en Carlos Fernández, hace una “mención especial” en su último Informe a las “numerosas consultas recibidas sobre los gastos de custodia ocasionados por los valores excluidos de negociación o que se encuentren en situación de inactividad”.

El Informe destaca dos casos concretos reales. El primero consiste en el “especial descontento de los inversores particulares” provocado por unos warrants de una filial de la sociedad Abengoa –en varias ocasiones en situación de suspensión de pagos en los juzgados mercantiles y también suspendida de cotización de bolsa regularmente- adjudicados de forma automática a los accionistas de la sociedad y que, “aunque están admitidos a negociación no se permite su negociación en sesión abierta, restringidos los movimientos a la modalidad de bloques u operaciones especiales, y en todo caso generan gastos de custodia hasta 2025, fecha de su vencimiento.”

El segundo ejemplo es el de un inversor particular que pide ayuda al Protector del Inversor porque lleva 10 años solicitando sin éxito a su entidad financiera que deje de cobrarle gastos por la custodia de una emisión de Obligaciones de Uniasa de mayo de 1990 que ya no existen porque en su momento se realizó una quita del 80% de la deuda de esta compañía, saldándose la deuda restante incluidas las obligaciones en cuestión. En este expediente, el Protector del Inversor se puso en contacto con el departamento correspondiente de Iberclear –la sociedad de gestión de de los sistemas de registro, compensación y liquidación de Valores- y esta indicó que se podía solicitar la baja de las mencionadas obligaciones, así como el procedimiento para llevarla a cabo. En efecto, el inversor puede, rellenando un simple cuestionario, solicitar y obtener la renuncia voluntaria al mantenimiento de la inscripción en el registro de anotaciones en cuenta del activo cotizado de una empresa que está inactiva.

El Protector del Inversor añade en su Informe que, “en varias ocasiones, estos inversores se han quejado de la inactividad de las entidades depositarias de los valores en estos procedimientos.”  Dentro de sus funciones “y en aras de una mayor protección al inversor particular”, el Protector ha sugerido “que se tomen las medidas necesarias para que, en relación con las emisiones excluidas de negociación en Bolsa o cuyas entidades emisoras estén en situación de inactividad, máxime si las compañías emisoras han sido liquidadas, se activen los mecanismos necesarios por las entidades participantes en el sistema para que se proceda a la mayor brevedad posible a su exclusión y los inversores no tengan que soportar los gastos de mantenimiento.”

 Un 34% de los expedientes tramitados finalizó con acuerdo

La oficina del Protector del Inversor de la Bolsa de Madrid gestionó 13.000 solicitudes de información y tramitó 12 expedientes sobre materias diversas en 2017. El 86% de las consultas fueron realizadas por inversores particulares. A ello contribuyó el hecho de que la CNMV y las asociaciones de consumidores les remiten al Protector del Inversor “por considerarla una vía rápida y neutral”, señala el Informe.

El número de expedientes tramitados aumentó ligeramente en 2017 por tercer año consecutivo. “Se trata, en su mayoría, de consultas que no implicaban conflicto entre las partes y se resolvieron sin necesidad de solicitar alegaciones. Este hecho constata la importante labor de conciliación que se lleva a cabo. Un 34% de los expedientes tramitados finalizó con acuerdo”, explica el Informe.

El Protector del Inversor lleva más de 15 años de funcionamiento, prácticamente desde la entrada en vigor de la Ley del Mercado de Valores de 1990 que dio origen a los mercados de valores españoles contemporáneos. Esta figura tiene la función de prevenir y evitar las reclamaciones y, si no es posible, aproximar posturas y alcanzar un acuerdo entre las partes involucradas.

En no pocas ocasiones, como es esta de los gastos de custodia, el Informe del Protector de Inversor ha arrojado luz sobre aspectos que afectan a miles de ahorradores e inversores. Tradicionalmente, en asuntos relacionados con  la operativa bursátil y los gastos que las entidades repercuten sobre los consumidores.