La política de vivienda sigue generando reacciones discrepantes entre los espectros liberales, contrarios a la regulación del sector. Este miércoles, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha vuelto a cargar contra la nueva ley, a la que ya acusó de ir “en contra del mercado y de la propia promoción de viviendas”. En esta ocasión, el líder de la patronal ha renovado su discurso y ha calificado la medida como “intervencionismo en vena” que se antepone al “derecho a la propiedad”.
El empresario vasco ha reafirmado este miércoles su posición, después de señalar el acuerdo como una decisión “populista”, y ha coincidido con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en lo que considera la principal solución: construir más. “Se podría abrir un mercado para que se construyeran del orden de 100.000 viviendas más al año”, ha sugerido Garamendi, asegurando que esto es “una necesidad” y “sería bueno para la gente que tiene que entrar a habitar esas viviendas y, a la vez, sería una fórmula muy buena para que la economía fluya”.
En la misma línea se ha pronunciado el Partido Popular, que ha calificado el tope al precio y las subidas de los alquileres, la definición de zonas tensionadas, la construcción de un parque público de vivienda que alcance el 20% como medidas de “intervención” y un “ataque” a la propiedad privada, mientras Feijóo proponía "construir más". Además, Cuca Gamarra, la portavoz del grupo parlamentario, ha confirmado que su formación recurrirá “la ley ante el Tribunal Constitucional” y “las comunidades autónomas y ayuntamientos liderados por el PP no la aplicarán” y el portavoz de campaña, Borja Semper, la ha considerado “humo”.
Críticas a los inmuebles de la Sareb
Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que se construirán 43.000 viviendas más que se destinarán a alquiler social y se sumarán a las 50.000 de la Sareb que el Consejo de Ministros aprobó este martes que se destinasen a cumplir la misma función. Sobre estas viviendas del banco malo también se ha mostrado reticente y ha llamado “a valorar cuales son exactamente las viviendas habitables y donde están ubicadas”.
De las 50.000 propiedad de la Sareb, 14.000 de ellas ya se encuentran ocupadas, 9.000 de ellas por inquilinos considerados vulnerables y que disfrutan de un alquiler adaptado a renta. Del resto, 21.000 estarán a disposición de los ayuntamientos y comunidades autónomas, aunque tan solo 9.000 listas para ser habitables y 12.000 a falta de ser ultimadas, y 15.000 deberán ser construidas en los suelos también propiedad del banco malo.
De las ya existentes, gran parte de los inmuebles se ubican en tres territorios, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, aunque se extienden por el total del territorio español. Concretamente, en Cataluña se localizan 13.499 inmuebles, en la Comunidad Valenciana 8.897 y en Andalucía 4.544. En Madrid el número es menor (2.709), aunque se sitúa bastante por encima de los territorios con menos viviendas del banco malo, Navarra (43) y País Vasco (53).
Los sindicatos exigen ir más allá
Las organizaciones sindicales también se han pronunciado sobre las nuevas medidas y, aunque las han considerado positivas, han pedido ir más allá. "Estando bien orientadas, las medidas son netamente insuficientes todavía", ha afirmado Unai Sordo, secretario general de CCOO. "Esto va de millones de viviendas", ha trasladado, asegurando que las personas que en España tienen dificultades para afrontar el alquiler o la hipoteca se cuentan por millones, más teniendo en cuenta los salarios poco más que mileuristas".
No obstante, para Sordo es "importante" que las políticas de vivienda, "que no se han hecho nunca en España", por primera vez estén teniendo el protagonismo político que tienen, así como que por primera vez se estén tomando medidas "de cierta valentía" para incrementar el parque de viviendas públicas, "sobre todo de alquiler”.
Desde UGT han señalado que es necesario "hablar de vivienda, por supuesto” a lo que su secretario general, Pepe Álvarez, ha añadido que “la vivienda es responsabilidad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos”. En este sentido, el sindicato propone la creación de un parque significativo de viviendas sociales en alquiler o ayudas directas a jóvenes y familias con menos recursos. En concreto, UGT considera "razonable" aumentar en 200.000 viviendas el parque Público de Viviendas Sociales en la próxima legislatura, con un coste de 4.000 millones de euros, financiados a través de presupuestos y créditos blandos.
