La reciente iniciativa planteada por el comisario europeo de Asuntos Económicos de la Comisión Europea (CE) de elaborar una "lista negra" única de paraísos fiscales, sobre la base de criterios comunes de los 28 estados miembros, a raíz del escándalo de los 'papeles de Panamá', es una más de la larga lista de iniciativas que desde hace años vienen proponiendo los diferentes organismos internacionales, entre la que se encuentra la propia CE que hace menos de un año publicó una lista de 30 paraísos fiscales en la que se encontraba Panamá, elaborada sobre la base de las aportaciones de los países miembros.
Desde que en abril 2009, el G20 aprobara un documento base, en su reunión de Londres, en el que, además de anunciar urbi et orbe que el secreto bancario se había acabado, los 20 países pertenecientes al organismo se planteaban “tomar medidas contra las jurisdicciones no cooperativas, incluidos los paraísos fiscales”, y “desplegar sanciones para proteger nuestras finanzas públicas y nuestros sistemas financieros”, se han ido sucediendo iniciativas y ocurrencias por parte de los organismos internacionales, entre las que sobresale la firma de 300 acuerdos fiscales para cumplir con las normas en materia de transparencia fiscal y el intercambio efectivo de información.
Desde entonces, todos los países de la OCDE y del G-20 se han comprometido con estas normas con el resultado conocido de Panamá, aunque se constata que filiales de varias multinacionales asentadas en España y otros países de la Unión Europea han creado complicadas estructuras societarias, que les permite pagar sus impuestos en países con menor carga fiscal, en lugar de pagarlas donde están desarrollando su actividad y así compañías como Google, Apple o Amazon han trasladado la facturación de sus ventas a Irlanda o a Luxemburgo, dado que en ese país miembro de la Unión el impuesto de sociedades es mucho menor que, por ejemplo, en España.
Lo cierto es que los paraísos fiscales siguen campando por sus respetos y no solo en las Islas Caimán o las Bahamas, sino en el propio Delaware, pequeño estado estadounidense situado en la costa este, donde tienen su sede la mitad de las compañías que cotizan en Wall Street, seguido por Luxemburgo, Suiza o la City de Londres, que, pese a los avances conseguidos y a los acuerdos alcanzados, siguen siendo refugio del billón de euros que, al parecer, tiene hoy la calificación de negro.
Así las cosas, pocos son los que se oponen a la necesidad de adoptar y promover medidas eficaces que favorezcan la transparencia y la lucha contra la evasión, el fraude fiscal y el lavado de dinero de todo tipo realizados mediante los paraísos fiscales o centros financieros para no residentes.
Llegados a este punto, algunos expertos se preguntan por el origen de la filtración de los papeles de Panamá y el correspondiente cui prodest, más allá de la tesis que apunta a que es la consecuencia del abnegado trabajo de un colectivo de periodistas de investigación, y lo unen a intereses de muy alto nivel, en donde pueden entrar los Wikileaks, las filtraciones de Snowden o las acusaciones de EEUU a China de hackear a las grandes empresas norteamericanas.
Putin ha sido el primero en lanzar la piedra, acusando a Estados Unidos de estar detrás de la filtración para desestabilizar a Rusia. El argumento, siendo muy simplista, se puede acercar más a la realidad de la filtración y que desde luego no está en un administrativo desleal que se quiera ganar unos dólares fácilmente.
En este complejo escenario, organizaciones políticas cercanas al mundo antisistema convienen en reclamar a la comunidad internacional toda una batería de medidas entre las que se encuentran que se contemple como paraísos fiscales efectivos a todos aquellos que, de hecho, siguen actuando como centros offshore extraterritoriales o para no residentes; que no se permita que en el seno de Europa existan países que son, de hecho, centros offshore como Luxemburgo, Malta o Chipre; que se realice un exhaustivo control de las sociedades mercantiles y entidades financieras registradas en centros financieros offshore o extraterritoriales; que se publiquen las cuentas de las corporaciones trasnacionales, país por país; que se lleve un riguroso registro de los beneficiarios efectivos de Fundaciones y trust o fideicomisos, o que se lleve a cabo una eficaz cooperación judicial y fiscal a nivel internacional.
