Una guerra de organizaciones de consumidores ha estallado en España por el presunto cobro de comisiones a cambio de captaciones de clientes y por la retirada de demandas. Facua-Consumidores en Acción asegura que el Ministerio de Consumo está investigando a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a raíz de una denuncia presentada por la asociación dirigida por Ruben Sánchez. “Vulnera la prohibición de realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios y su deber de independencia”, acusan desde Facua.
La supuesta investigación abierta por la cartera liderada por Alberto Garzón estaría centrada 47 convenios firmados con empresas que la OCU ha depositado en el ministerio desde 2018. Desde Facua aseguran que Consumo se mantiene a la espera desde hace meses de una contestación proveniente de la OCU con relación a un requerimiento de información sobre el acuerdo que anunció en 2021 con Facebook.
“Se trata de un convenio por el que la organización retiró una demanda contra la multinacional por irregularidades en materia de protección de datos en la que reclamaba indemnizaciones para decenas de miles de consumidores, que finalmente no recibieron ni un céntimo”, explican desde Facua. Además, añaden que “numerosas compañías pagan una comisión a una sociedad instrumental de la OCU por cada cliente que les capta a través de publicidad sus ofertas”, lo que, de ser cierto, podría incurrir en la emisión de publicidad comercial o nomeramente informativa.
“Por mucho menos de lo que está haciendo la OCU, Ausbanc fue expulsada del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores. El ministerio de Garzón no puede seguir tolerando el cobro de comisiones a cambio de captar clientes para energéticas, compañías de telecomunicaciones, aseguradoras”, ha exigido Sánchez a través de sus redes sociales.
En su denuncia, FACUA expone una serie de ejemplos de mensajes publicitarios lanzados por la OCU en su página web y en sus revistas para promover la contratación de servicios de distintas empresas. “En algunos casos no solo los publicita, sino que llega al extremo de avalar la calidad de los servicios ofertados sin que realmente verifique cómo se prestan y de asegurar que han sido valorados por expertos de la OCU cuando es la empresa en cuestión la que los valora”, lamentan.
En lo referido a comisiones, Facua asegura poder documentar el cobro de entre 18,15 y 80 euros por cliente captado o el abono de 6,50 euros cada vez que un usuario utilizase un comparador de tarifas de la OCU. Todos estos pagos, según lo publicado por la organización de Sánchez, llegarían a OCU Ediciones SA, de la que la OCU solo es propietaria del 10%, mientras que el 90% está en manos de la asociación belga Test Achats/Test Aankoop.
La OCU lo niega
La OCU no ha tardado en salir a defenderse y ha desmentido que el Ministerio de Consumo esté investigando decenas de acuerdos suscritos por la propia asociación con empresas y ha trasladado que desde el comienzo de su actividad ha cumplido "de forma escrupulosa" con todas las obligaciones impuestas que garantizan la independencia de sus actuaciones. En el comunicado emitido, han tildado las informaciones de “tendenciosas”.
Desde la organización han querido subrayar que "todas las actividades llevadas a cabo de forma legítima tienen como objetivo mejorar la posición en el mercado de sus socios y de los consumidores en general, facilitándoles el acceso a diferentes bienes y servicios en mejores condiciones de información y de mercado, garantizando la independencia de la organización". En este sentido, OCU ha recordado que la legislación española es "bastante garantista" y asegura que los acuerdos con empresas no merman la independencia de las asociaciones que los firman.
Así, según reza el escrito, "OCU ha cumplido con todas sus obligaciones y proporcionado al Ministerio de Consumo toda la información requerida sin que hasta el momento tenga conocimiento de ningún expediente sobre sus actuaciones que se ajustan a la legalidad". Como respuesta, ha denunciado los "ataques injustificados de organizaciones de consumidores que pretenden imponer un modelo único de defensa de los consumidores, con una clara finalidad de utilización política del mismo, que atenta contra la pluralidad democrática y se aleja del principio de independencia política que establece la normativa española".
En consecuencia, OCU ha anunciado que llevará a cabo cuantas actuaciones legales estén en su mano para defender su honorabilidad y buen nombre y parar "los mezquinos intentos" de impedir el cumplimiento de su objetivo exclusivo, que es la defensa y representación de los consumidores de este país.
