FACUA-Consumidores en Acción ha presentado este jueves su primera denuncia ante el nuevo Ministerio de Consumo. Se trata de un fraude generalizado en el sector eléctrico en el que las comercializadoras omiten los impuestos indirectos en su publicidad e información comercial, haciendo creer a los usuarios que las tarifas son mucho más bajas.
Con esta denuncia, FACUA pide al ministro Alberto Garzón que aperciba a las eléctricas para acabar con dichas prácticas de publicidad engañosa. En el caso de negarse a rectificar, la organización de consumidores pide al ministro que emprenda acciones legales para las eléctricas que continúen infringiendo la ley.
La denuncia por fraude afecta hasta a diez comercializadoras eléctricas, entre las que se encuentran las tres principales: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Además, en la lista también aparecen Cepsa, CHC Energía, Feníe, Holaluz, Lucera, Repsol y Som Energía.
Según el análisis realizado por FACUA, no solo las ofertas comerciales de todas estas compañías son más elevadas que la tarifa semirregulada (PVPC), sino que también su publicidad e información comercial no informan del precio del kilovatio de potencia contratada ni del kilovatio hora de energía consumida.
El hecho de no incluir el precio final se considera fraudulento ya que el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que todas las ofertas comerciales deben informar “el precio final completo, incluidos los impuestos”. En la misma línea, los artículos 60 y 97 obligan a las comercializadoras a indicar los precios con impuestos y tasas incluidos.
Por otro lado, estas actividades también vulneran el artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y los artículos 7 y 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal ya que, según FACUA, se trata de publicidad engañosa.
Además de al Ministerio de Consumo, la organización por los derechos de los consumidores también está presentando denuncias por estas prácticas ante las autoridades de protección al consumidor en varias comunidades autónomas.
