La sostenibilidad del sistema de pensiones, acechado por la temida llegada de la generación del baby boom, es el principal problema que pretende abordar la segunda parte de la reforma de las pensiones, después de que la primera ahondase en la revalorización conforme a la inflación. Una de las propuestas que se ha conocido este lunes, adelantada por el periódico ElPaís, es la de aumentar, con un recargo adicional, la cotización de los salarios más altos. Aunque por el momento esta medida no está cerrada, es una de las posibilidades que ha planteado José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a Bruselas.
De esta manera, la Seguridad Social pretende gravar a aquellos que más cobran y que escapan de tributar por una parte de su salario. Actualmente, aquella parte del sueldo que sobrepase la base máxima (4.495 euros al mes en 2023) está exenta de cotizar a la Seguridad Social, situación que quiere corregir Escrivá. Esta propuesta es compatible con el aumento del 30% de las bases de cotización a 30 años vistas contemplado, ya que, incluso con este incremento, los salarios más elevados evitarían cotizar por una parte de su cuantía.
No obstante, desde Seguridad Social trasladan que esta no es la única medida presentada ante la Comisión Europea, sino que está dentro de un abanico de iniciativas encaminadas a incrementar los ingresos de la Seguridad Social que aún está en discusión tanto con los agentes sociales como con los grupos parlamentarios. De hecho, aseguran que se están incluyendo tanto las iniciativas que son propuestas por el Gobierno como las planteadas por el resto de los interlocutores, buscando que el aporte europeo esclarezca una reforma que debería haber sido aprobada antes de finalizar 2022 y que se encuentra bloqueada en las negociaciones.
El plan 30/30 de Escrivá
A pesar del enquistamiento de las conversaciones, la reforma de las pensiones recupera su actividad poco a poco, razón por la que el ministro se muestra “optimista”. "Se resolverá en las próximas semanas", aseguraba Escrivá la pasada semana, mostrando su intención de “hacerlo en el curso de este mes”. La mayor demora en esta situación, justifica Escrivá, no responde tanto al fondo de la reforma sino a la petición de los sindicatos de que el Gobierno consiga un pacto simultáneo con agentes sociales y fuerzas políticas.
Más allá de los apoyos que consiga recabar, el Gobierno está preocupado por las medidas que garanticen las pensiones en las próximas décadas. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es la herramienta definida por la Seguridad Social para combatir el aumento de la esperanza de vida y el desequilibrio generacional. Este plantea una cotización adicional del 0,6%, de carácter temporal, destinada a un Fondo de Reserva. Desde el Ministerio calculan que la subida sería de en torno a 12 euros mensuales para una base reguladora media y de 6 euros mensuales para el salario de un mileurista. Además, este extra recaudado, que pretende sumar más de 40.000 millones de euros en 10 años, no podría utilizarse hasta 2032.
La otra pata de este plan es el aumento de las bases de cotización máximas un 30%, a lo que habría que añadir la inflación, de forma progresiva en un periodo de 30 años. De implantarse esta reforma, un millón de trabajadores asalariados se verían afectados, los comprendidos por debajo del nueve tope planteado, 65.000 euros sin tener en cuenta la inflación. Este incremento de las bases máximas traería aparejado una subida de las pensiones máximas, aunque no se vería reflejado simultáneamente, sino años más tarde; ya que, esto coartaría la capacidad de la medida para combatir la pirámide demográfica invertida.
Otra de las propuestas, la que más polémica ha generado, es elevar la edad de jubilación. La intención de Seguridad Social es ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, pero a partir de 2027 y de forma progresiva, cinco meses por año, hasta 2038. De los cinco meses que se ampliarían por año a partir de esa fecha, el trabajador podría escoger los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. Fórmula similar a la que pretende Escrivá implantar una vez se alcanzase los 30 años en 2038, que el trabajador pueda descartar los 24 peores meses del periodo y quedarse con los 28 mejores años.
