Varios meses han transcurrido desde que se alcanzó el acuerdo para aprobar la primera parte de la reforma de las pensiones que, entre otras cosas, contemplaba una subida de las cuantías indexada al IPC. En enero, los pensionistas ya pudieron ver reflejado este incremento del 8,5%, más de 100 euros, en sus cuentas; pero aún queda pendiente la segunda parte, que no está consiguiendo el consenso de su predecesora. Desde diciembre las negociaciones se mantienen estancadas y ninguna de las partes pretende ceder. Sin embargo, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se muestra “optimista” y asegura que “se resolverá en las próximas semanas”.

El optimismo trasladado desde el Gobierno se debe a la recuperación de las negociaciones y al posible cumplimiento de la exigencia que trasladan los sindicatos: un pacto simultáneo del Gobierno con agentes sociales y fuerzas políticas. “Supongo que lo dirán por la situación de la reforma laboral (salió adelante por un error en la votación de un diputado del PP)”, ha explicado el ministro, que comprende que quieran tener atado el apoyo para que su tramitación parlamentario posterior no tumbe lo acordado. Esta situación, que Escrivá asegura que es lo que está demorando la segunda parte de la reforma, avanza: "Estamos buscando un acuerdo en ambos ámbitos […] Es un poquito más complicado”.

Propuesta de Escrivá

La intención de Seguridad Social es ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, pero a partir de 2027 y de forma progresiva, cinco meses por año, hasta 2038. De esta manera, se confirma que la pretensión de Escrivá es esperar al despliegue total de la anterior subida de la edad aprobada, 25 años en 2027, para comenzar este nuevo incremento. Además, según el documento facilitado por el Ministerio a patronal y sindicatos en noviembre, de los cinco meses que se ampliarán por año a partir de esa fecha, el trabajador podrá escoger los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. Fórmula similar a la que pretende Escrivá implantar una vez se alcanzase los 30 años en 2038, que el trabajador pueda descartar los 24 peores meses del periodo y quedarse con los 28 mejores años.

Ejemplificando detalles conocidos sobre la medida, en el año 2027, año de inicio de aplicación de la nueva edad, la persona que haya alcanzado la edad de jubilación, verá que el cálculo de su pensión contempla 25 años y cinco meses. Al año siguiente sería de 25 años y diez meses, en 2030 de 26 años y ocho meses y así sucesivamente hasta llegar a los 30 años contemplados para 2030, momento en el que se descartarán los 24 meses más desfavorables.

Sobre las bases de cotización, el titular de la cartera de Seguridad Social pretende aumentar los ingresos a la Seguridad Social haciendo que los empresarios paguen más por los trabajadores con mayores salarios aumentando las bases máximas. La idea de partida es aumentar el 28,85% las bases máximas entre 2025 y 2050, a tenor de 1,154 puntos por año, además de lo que cada año suba la base máxima según el IPC. También se pretende modificar el incremento de las pensiones máximas, que cada año suben según el IPC. La idea de Seguridad Social es que aumenten 0,115 puntos, además de lo que suba según la inflación cada año.

Negativa de los sindicatos

Los sindicatos no coinciden con el optimismo de Escrivá y aseguran que el Gobierno “no está siendo resolutivo” en las negociaciones, por lo que ven muy complejo que el acuerdo pueda alcanzarse en febrero, tal y como ha apuntado Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de CCOO. "Ya me gustaría ser tan optimista como el ministro", ha ironizado Bravo, que ha añadido que “para que eso ocurra tienen que pasar cosas que no están pasando".

Esta posición no es nueva, ya que, las organizaciones sindicales han expresado su desconcierto, en reiteradas ocasiones, ante una modificación que, según el Ministerio, no supondría grandes cambios. “La medida es innecesaria, no es una recomendación del Pacto de Toledo y no consigue el consenso político necesario para ser probada”, han señalado repetidamente CCOO y UGT.

A la par, los sindicatos han aprovechado el stand by para introducir una nueva variable sobre la mesa: el periodo de cotización mínimo exigido para acceder a la jubilación. Actualmente, el umbral se sitúa en los 15 años, periodo que parece excesivo a UGT, que ha propuesto reducirlo a 12, y a CCOO, que ha bajado aún más la cifra, hasta los 10. De esta manera, nuevos frentes polémicos se añaden a la negociación. Desde la otra orilla del diálogo social, la patronal también mantiene su negativa a apoyar las nuevas modificaciones, aunque por razones contrarias.

La patronal rechaza las bases

Desde la otra orilla del diálogo social, la patronal también mantiene su negativa a apoyar las nuevas modificaciones, aunque por razones contrarias. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) rechaza el aumento de las bases de cotización máximas propuesto por Seguridad Social para financiar el sistema de pensiones por suponer un incremento de los costes salariales para las empresas, a pesar de llevar aparejado un aumento de las pensiones máximas. “El acuerdo con la CEOE es casi imposible”, ha asegurado el líder de CCOO. “Deberían ser más sensibles a la hora de dotar de recursos al sistema público de pensiones”, ha lamentado.