La RAE define estratégico como “de importancia decisiva para el desarrollo de algo” en una de sus acepciones. Más allá de la definición del diccionario, el calificativo de estratégico ha entrado de lleno en el argumentario del Gobierno a la hora de justificar cierto papel de control o de seguro para proteger a las empresas españolas. Es el caso de Telefónica, que se convirtió en protagonista absoluta en septiembre de 2023 con la irrupción sorpresa de capital saudí en su accionariado. Pero también es el caso de Talgo, a la espera de qué ocurra con la opa de la compañía húngara Magyar Vagon o bien, con los rumores de contraopa que han saltado en las últimas horas por parte de Stadler, otra de las empresas interesadas en hacerse con el negocio del fabricante de trenes.

Telefónica y Talgo, dos empresas bien diferenciadas y centradas en sus respectivos mercados, las telecomunicaciones y la fabricación de trenes, respectivamente, tienen algo en común: son empresas estratégicas para el Gobierno. En el caso de la primera, todo el Gobierno salió en tromba desde el primer momento para defender el carácter estratégico de Telefónica, no solo como operador de telecomunicaciones, sino por su papel en la defensa nacional y en la ciberseguridad. Y es que Telefónica tiene contratos de defensa con el propio Gobierno y con actores claves para la sociedad. También Talgo ha sido calificada como empresa estratégica públicamente por el ministro de Industria, Jordi Hereu, tras conocerse el interés del grupo húngaro Magyar Vagon por lanzar una opa sobre el 100% del negocio del fabricante de trenes nacional. Sin embargo, en este segundo caso los motivos no han sido esgrimidos de forma tan clara como sí que ha ocurrido en el caso Telefónica, con la SEPI haciendo comunicaciones oficiales reiterando el carácter estratégico de la teleco.

Entonces, ¿en qué se basa el Gobierno para considerar a una empresa estratégica? Pues bien, el argumentario para uno y otro caso coinciden en la definición que da la RAE al adjetivo estratégico, “de importancia decisiva para el desarrollo de algo”. Telefónica es decisiva para mantener las telecomunicaciones a nivel nacional, no solo entre los ciudadanos particulares, sino también entre grandes empresas y administraciones públicas. A día de hoy, las telecomunicaciones van más allá de mantener la cobertura móvil o de internet, sino que implica un rol decisivo para asegurar los niveles de ciberseguridad y defensa necesarios para mantener el buen funcionamiento de un país.

Por otro lado, Talgo también podría ser considerada “de importancia decisiva para el desarrollo de algo” por el Gobierno en cuanto a la fabricación de trenes, especialmente de Renfe como operador público. Precisamente Renfe, a través del Ministerio de Transportes, mantiene un contrato con Talgo para recibir un pedido de los trenes Avril, previsto para abril y con un retraso ya de varios meses, a lo que Renfe ha respondido con una multa. El operador público de trenes, dependiente del Gobierno, ha querido mantenerse al margen de la guerra de opas y contraopas de Talgo y se limita a reclamar el cumplimiento de su contrato y la entrega de los trenes Avril lo antes posible.

¿Qué dice la ley sobre las empresas estratégicas?

Estas son las razones prácticas que, bajo sentido común, dejarían claro el carácter estratégico de una empresa. Un sentido común que queda reforzado por la legislación vigente. Conocida en el sector es ya la actualización del escudo antiopas que el Consejo de Ministros aprobó en julio, dos meses antes de que arrancara el culebrón Telefónica, por el que el Gobierno se reservaba la última palabra para aprobar la entrada de capital extranjero en una empresa nacional considerada estratégica. Es la base legal que el Ejecutivo ha utilizado en todo momento para justificar su papel de control, o de escudo, para proteger la “españolidad” de Telefónica frente a la irrupción sorpresa de capital saudí en su capital. 

Por si fuera poco, el escudo antiopas del Gobierno ha vuelto a la palestra en las últimas semanas por el caso de Talgo. Y es que esta ley incluye un supuesto en el que el Gobierno -en concreto el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa tras el traslado de competencias de comercio tras la marcha de Nadia Calviño a Europa- sería el responsable de proteger las inversiones en empresas españolas procedentes de empresas extranjeras “que estén controladas directa o indirectamente por el gobierno de un tercer país o se constate que existe un riesgo grave de que ejerza actividades delictivas o ilegales, que afecten a la seguridad pública, orden público o salud pública en España”. Una de las informaciones más críticas frente a la opa de Magyar Vagon sobre el 100% de Talgo pasa por la supuesta relación de la compañía con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, e incluso con el presidente ruso, Vladimir Putin.

La última actualización del escudo antiopas, recogida en el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2023, mantiene un equilibrio entre proteger a las empresas españolas de inversiones extranjeras mientras, en paralelo, facilita este tipo de inversión dentro de las fronteras españolas. Para ello, implica una serie de requisitos y supuestos que deben cumplir las empresas extranjeras para poder invertir y entrar en el capital de ciertas empresas españolas consideradas estratégicas.

Por un lado, el escudo antiopas del Gobierno contempla que toda operación en la que un inversor extranjero compre, al menos, el 10% del capital de una cotizada española considerada estratégica necesita de la aprobación del Gobierno. No obstante, el porcentaje para que el Gobierno pueda ejercer su control baja hasta el 5% si se trata de una empresa estratégica con intereses en el ámbito de la defensa nacional, como en este caso es Telefónica.

Todo esto con un matiz: que la empresa extranjera quiera ejercer control, algo que Saudi Telecom Company (STC) no ha confirmado por el momento. Todo lo contrario: desde el primer comunicado aseguraba que su intención no era hacerse con el control de la teleco. El artículo 18 del Real Decreto incluye esta excepción en el caso de Telefónica: “Cuando se haya alcanzado entre el 5 y el 10% del capital social, siempre y cuando el inversor notifique la operación a la Dirección General de Armamento y Material y a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones y acompañe dicha notificación de un documento en el que se comprometa fehacientemente en escritura pública a no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, ni a formar parte de cualesquiera órganos de administración de la sociedad cotizada”.

Talgo y Telefónica, pendientes del papel del Gobierno

En el caso de Telefónica los porcentajes aclaran los supuestos pero ¿qué ocurre con Talgo? De nuevo aquí entra en juego la importancia de equilibrar la balanza entre la protección de las empresas consideradas estratégicas y potenciar las inversiones extranjeras en el sector productivo nacional. Según el mismo escudo antiopas con el que el Gobierno ha protegido a Telefónica, también Talgo tiene un carácter estratégico por formar parte de las infraestructuras consideradas "críticas" para el buen funcionamiento de un país, en este caso a través de las comunicaciones ferroviarias.

La ley que regula las inversiones extranjeras en la economía española menciona literalmente la necesidad de “obtener autorización administrativa previa” para las inversiones extranjeras “directas” en España en caso de que se trate de un inversor externo a la Unión Europea o bien, siendo un inversor de un estado miembro como es el caso de Magyar Vagon, se cumpla alguna de las siguientes condiciones. Uno: que se trate de una inversión “en las infraestructuras críticas, las tecnologías críticas y de doble uso, el suministro de insumos fundamentales, aquellos con acceso a información sensible y los medios de comunicación”. Talgo forma parte de las infraestructuras críticas ferroviarias por ser uno de los principales fabricantes de los trenes, más allá del contrato que tiene pendiente entregar a Renfe.

Pero esta no es la única consideración a analizar por el Goberino. El segundo supuesto pasa por el control o las relaciones de la compañía interesada en entrar en España. Literalmente el escudo antiopas menciona “que esté controlado directa o indirectamente por el gobierno de un tercer país o se constate que existe un riesgo grave de que ejerza actividades delictivas o ilegales, que afecten a la seguridad pública, orden público o salud pública en España, tal y como señala el apartado 3 del artículo 7bis” para pasar el trámite del Gobierno. Dos supuestos diferentes, con base numérica en el caso de Telefónica y con otro tipo de supuestos en el caso de Talgo pero que se resumen en el mismo punto común: ambas son empresas “de importancia decisiva para el desarrollo de algo”.

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