Un juzgado federal del distrito de Massachusetts ha dado vía libre a Iberdrola para continuar con su megaproyecto de eólica marina Vineyard Wind 1, tras conceder la medida cautelar solicitada por la sociedad promotora frente a la orden de suspensión dictada en diciembre por la Oficina de Gestión de las Energías Marinas del Departamento del Interior de Estados Unidos (BOEM). La decisión judicial permite retomar de inmediato las actividades de construcción, puesta en marcha y producción de energía del parque, considerado uno de los proyectos renovables más relevantes del país.
Vineyard Wind 1 es propiedad al 50% de Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid, y del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). El fallo supone un respaldo clave para una instalación que se encuentra ya completada en un 95% y que desde hace meses está produciendo electricidad para hogares e industrias de la región de Nueva Inglaterra.
La resolución judicial deja sin efecto, al menos de forma cautelar, la paralización de las obras decretada por la Administración estadounidense y despeja el camino para finalizar el 5% restante del parque. Desde la sociedad Vineyard Wind han señalado que, pese a la decisión favorable, seguirán trabajando con las autoridades federales para alcanzar “una resolución rápida y permanente” del procedimiento, subrayando su voluntad de cooperación institucional.
El parque eólico marino continuará produciendo energía mientras se completan los trabajos pendientes, manteniendo la seguridad como prioridad clave. El proyecto está diseñado para suministrar electricidad asequible y segura a más de 400.000 hogares y empresas del estado de Massachusetts, contribuyendo de forma decisiva a los objetivos de descarbonización y seguridad energética de la región.
A mediados de enero, Vineyard Wind presentó la solicitud de medida cautelar ante el tribunal federal de Massachusetts después de que la Administración de Donald Trump ordenara la suspensión de las obras en cinco concesiones de parques eólicos marinos. Entre ellas se encontraba Vineyard Wind 1, a pesar de que el proyecto se encontraba prácticamente terminado y con gran parte de sus aerogeneradores ya en funcionamiento desde principios de 2024.
Junto al proyecto de Iberdrola y CIP, la orden de suspensión afectó también a otros grandes desarrollos de eólica marina en Estados Unidos, como Revolution Wind (704 MW), de Ørsted; Sunrise Wind (924 MW); Coastal Virginia Offshore Wind (2.600 MW); y Empire Wind 1 (810 MW), de Equinor. No obstante, la Justicia estadounidense ha ido revirtiendo estas decisiones en varios casos, concediendo medidas cautelares similares a las de Vineyard Wind a otros promotores del sector.
Vineyard Wind 1 es la primera gran instalación de eólica marina de Iberdrola en Estados Unidos y uno de los proyectos más emblemáticos del sector en el país. Con una capacidad total de 806 megavatios (MW), el parque representa una inversión aproximada de 3.000 millones de dólares (más de 2.700 millones de euros), respaldada por contratos a largo plazo con las tres principales compañías eléctricas de Massachusetts, lo que garantiza su viabilidad económica.
Donald Trump contra las renovables
El desbloqueo judicial del proyecto adquiere especial relevancia en un contexto político marcado por el rechazo explícito del presidente Donald Trump a las energías renovables. Desde su regreso a la Casa Blanca, la Administración ha impulsado la paralización de permisos, la revisión de concesiones ya otorgadas y la retirada de autorizaciones a proyectos offshore, al tiempo que ha reforzado su apoyo a los combustibles fósiles. Esta estrategia ha generado una elevada incertidumbre regulatoria para el sector renovable, con impactos directos sobre inversiones ya en marcha y sobre la planificación energética a medio y largo plazo.
En el caso concreto de Iberdrola, esta ofensiva regulatoria ya había afectado en septiembre a otros dos proyectos eólicos marinos del grupo en Estados Unidos, New England Wind 1 y New England Wind 2, a los que se retiró la autorización para su construcción. A diferencia de Vineyard Wind 1, ninguno de estos desarrollos había iniciado aún las obras.
La decisión del tribunal de Massachusetts supone, por tanto, un importante espaldarazo para Iberdrola y para el conjunto del sector eólico marino en Estados Unidos. Más allá del impacto inmediato sobre un proyecto casi finalizado, el fallo refuerza la seguridad jurídica de las inversiones renovables y lanza un mensaje relevante en un momento de fuerte confrontación entre la política energética del Gobierno federal y los objetivos climáticos de muchos estados y promotores.
