Minnesota llora a sus muertos mientras Washington aprieta el acelerador. En un escenario de tensión extrema, con protestas en las calles y una creciente desconfianza hacia las fuerzas federales, Donald Trump ha optado por una solución de hierro: Tom Homan, el arquitecto de las políticas migratorias más duras de su primer mandato, será el nuevo hombre fuerte del Gobierno federal en el estado. Para unos, un gestor experimentado curtido en décadas de servicio; para otros, el rostro más reconocible de una estrategia migratoria basada en la mano dura, la disuasión y el uso intensivo de la fuerza.
El nombramiento llega tras una sucesión de episodios que han sacudido a Minnesota, especialmente en el área metropolitana de Minneapolis, donde varias operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han terminado con víctimas mortales y versiones oficiales puestas en entredicho. La presión política, social y mediática sobre la Casa Blanca se había intensificado en las últimas semanas, obligando a Trump a mover ficha. Y lo ha hecho recurriendo a uno de sus perfiles más ideológicamente alineados.
Un producto del sistema, no una anomalía
Homan no es un desconocido en Washington. Exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas entre 2017 y 2018, su nombre quedó asociado a algunas de las decisiones más polémicas de la primera presidencia de Trump, incluida la política de separación de familias en la frontera con México. Aunque el propio Homan ha defendido reiteradamente que aquella estrategia tenía un efecto “disuasorio” y que se limitaba a aplicar la ley, organizaciones de derechos humanos y agencias internacionales la calificaron de inhumana y contraria a los derechos del menor.
Su trayectoria, sin embargo, se remonta mucho antes del trumpismo y desmiente la idea de que Tom Homan sea únicamente un producto coyuntural de la era Trump. Con más de tres décadas dentro del aparato migratorio estadounidense, inició su carrera en la antigua Immigration and Naturalization Service (INS), el organismo precursor del actual ICE, donde fue escalando posiciones desde agente de campo hasta puestos de alta responsabilidad. Ese ascenso se produjo en gran medida durante la presidencia de Barack Obama, bajo cuyo mandato Homan ocupó la dirección de Enforcement and Removal Operations, el brazo encargado de las detenciones y deportaciones. Fue entonces cuando recibió reconocimientos oficiales por su gestión administrativa y operativa, un argumento al que recurren sus defensores para presentarlo como un funcionario técnico, conocedor del sistema y ajeno —al menos en origen— a la polarización partidista. Sus críticos, no obstante, subrayan que aquel periodo coincidió con el mayor número de deportaciones de la historia reciente de Estados Unidos, lo que para muchos demuestra que la dureza en política migratoria no comenzó con Trump, sino que fue una práctica consolidada y bipartidista de la que Homan fue uno de sus ejecutores más eficaces.
La diferencia, sostienen estos mismos sectores, es que con Trump Homan dejó de ser un burócrata para convertirse en un símbolo. En entrevistas, comparecencias públicas y apariciones en medios conservadores, el exdirector del ICE ha defendido sin ambages las redadas masivas, ha atacado duramente a las llamadas “ciudades santuario” y ha acusado a los demócratas de “favorecer la ilegalidad”. Su discurso directo, a menudo provocador, lo convirtió en una figura popular entre la base republicana más dura y en un enemigo declarado para el movimiento proinmigrante.
Ahora, su desembarco en Minnesota responde a una doble lógica. Por un lado, Trump busca recuperar el control del relato tras una gestión cuestionada de las operaciones federales. Por otro, envía un mensaje inequívoco: no habrá repliegue ni autocrítica en materia migratoria. La elección de Homan no apunta a una desescalada, sino a una recentralización del poder y a un refuerzo de la presencia federal en el territorio.
Desde el Gobierno se insiste en que su misión será “coordinar, supervisar y garantizar la legalidad” de las actuaciones del ICE. Sin embargo, activistas y líderes comunitarios temen que su llegada suponga un endurecimiento aún mayor de las operaciones, con más redadas, más detenciones y un clima de miedo en comunidades ya profundamente golpeadas. Legisladores estatales demócratas han reclamado transparencia y límites claros a su actuación, mientras que asociaciones civiles preparan recursos legales y movilizaciones.
