El Gobierno ha cifrado en 1.291 millones de euros la compensación que realizará a Abertis por la reversión al Estado del tramo catalán de la AP-7. El próximo mes agosto, la autopista eliminará sus peajes y se convertirá en una vía gratuita, con un déficit de 1.291 millones de euros en las cuentas públicas anuales, según los cálculos del Gobierno.
El Estado tendrá que realizar una compensación por este importe a la concesionaria de la autopista, Acesa, perteneciente a Abertis, según consta en el Plan de Estabilidad que el Gobierno ha remitido a Bruselas.
La cifra queda muy lejos de los 4.200 millones de euros que reclama la compañía al Estado, justificada por las inversiones realizadas; los descuentos en el peaje en este tramo de la AP-7, que une Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Junquera, y por las compensaciones a la caída del tráfico durante la crisis financiera de 2008 y la crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19.
El cálculo del Gobierno recoge solo el saldo correspondiente a las inversiones realizadas y no incluye la compensación por descenso del tráfico, pendiente de una resolución del Tribunal Supremo. En 2017, el órgano jurídico se mostró favorable a este pago pero después fue recurrido por el Ministerio de Fomento.
El contencioso entre el Estado y Abertis comenzó con un acuerdo en 2006, por el que la empresa se comprometía a realizar obras de ampliación y mejora de la AP-7, así como a aplicar descuentos en sus peajes. Como contrapartida, el Estado se comprometía a asumir el riesgo de tráfico de la autopista si el número de usuarios no alcanzaba ciertos niveles.
Sin embargo, la situación cambió en 2011 con la llegada del Partido Popular al Gobierno, con Mariano Rajoy a la cabeza, que empezó a plantear dudas sobre la interpretación del acuerdo con respecto a las compensaciones por tráfico. Esto abrió un fuerte intercambio de consideraciones e informes entre la compañía y el Gobierno, que parece que se resolverá con esta compensación económica.
