La gratuidad de la autopista AP-7 desde Tarragona a La Jonquera no fue un acto de liberación como prometieron las autoridades en la materia sino una decisión tomada según dictaba el calendario (previsible desde hacía 50 años), sin ningún tipo de precaución por lo que podía desencadenar el levantamiento de peajes. El resultado es catastrófico. La gran arteria de comunicación de Cataluña es una ratonera diaria para conductores y transportistas. Después de la multiplicación por tres del número de accidentes respecto de 2019, de la repetición de incidentes que provocan colas de 30 kilómetros, la Generalitat ha anunciado una serie de medidas a aplicar a partir de Sant Joan. Para esta salida de inicio de verano se teme una debacle circulatoria como no se recuerda desde la sufrida en 2005.

El levantamiento de barreras en septiembre de 2021 fue la salida de una carrera entre Generalitat y Ministerio de Transportes por ser el primero en eliminar las odiadas estructuras metálicas de pago. La carrera la ganó el gobierno catalán, que presentaban balances diarios de las obras en su televisión. Todos los responsables optaron por dejarse llevar por la ola de felicidad popular, obviando el ejercicio de sus competencias de cara al futuro. Después de 50 años de concesiones privadas de alta rentabilidad sea eliminaron los peajes sin ninguna medida de precaución para un fenómeno perfectamente previsible. Desde el minuto uno de la nueva era, los camiones de adueñaron permanentemente de unos de los tres carriles y a menudo también de un segundo carril para sus adelantamientos; los conductores de turismos que durante años se resistieron a pasar por la autopista por creer que el peaje era un privilegio y una injusticia se lanzaron a comprobar lo bien que se circulaba por la AP-7.

Todo el gozo cayó de inmediato en el pozo de la desesperación, para los nuevos y para los veteranos usuarios de la AP-7. La autopista perdió sus estándares de seguridad y las retenciones paralizaron la circulación en diversos puntos y en varias ocasiones al día. La proximidad del verano agudizó la crisis circulatoria y finalmente el departamento de Interior hizo pública sus medidas paliativas: los tradicionales carriles adicionales con conos, aumento del número de grúas para retirar con mayor celeridad los vehículos y camiones averiados o accidentados, prohibición de tránsito de camiones en fin de semana y festivos, reducción de la velocidad para los vehículos pesados y, si los aprueba el ministerio, reducción de velocidad para todos a 110 y mejor 100 kilómetros por hora. Y, sobre todo, identificación del culpable de siempre: el Estado y sus incumplimientos en inversiones en Cataluña.

La autopista AP-7 funcionaba como un reloj cuando era de peaje (salvo momentos de saturación puntuales en algunos fines de semana) y los compromisos de inversiones del Estado se incumplían incluso en mayor medida que en la actualidad. La seguridad y la fluidez eran los grandes atractivos de esta vía, sin embargo, desde septiembre es una infraestructura desfigurada, a la espera de una nueva implantación de sistema de cobro por uso que permita recuperar el sentido original de una autopista, llámese como vaya a llamarse el sistema de cobro. Y están por llegar las dificultades financieras de mantenimiento por el mayor uso de la infraestructura.

La rebaja de la velocidad permitida no parece ser una medida disuasoria suficiente; la autopista gratuita no presenta precisamente un riesgo de altas velocidades, más bien todo lo contrario. Según informó el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, el problema en los tramos más conflictivos es la saturación, entre un 40 y un 50% por encima de su capacidad, lo que obliga a la circulación lenta, sin necesidad de amenaza de radares, hasta llegar al colapso. Una de las propuestas sugeridas por Elena, el levantamiento de peajes en la autopista del Garraf para amortiguar los parones en la AP-7 sur, provocó de inmediato la aparición del titular de las autopistas de la Generalitat, desparecido hasta la fecha, para poner en duda la viabilidad de esta opción. La gratuidad de las autopistas autonómicas solo sería posible de hacerse cargo el Estado de las pérdidas, dejó claro por si alguien dudada de la última responsabilidad de todo, según el manual del gobernante independentista.

Nada en Cataluña escapa en esta agónica etapa política a los dos grandes frentes existentes. La tensión entre el Estado y la Generalitat (incumplimientos inversiones, Mesa de negociación, JJ.OO de Invierno, autopistas, espionaje) y el duelo permanente entre ERC y Junts por cualquier cosa que les permita diferenciarse ante su base electoral. En estas condiciones, no es de extrañar que en el momento histórico de la gratuidad de la AP-7, ninguno de los gobernantes implicados (ni los de Madrid ni los de Barcelona) pensara en otra cosa que en capitalizar el hecho, sin atreverse a aplicar (tal vez ni en pensar) medidas regulatorias cautelares para evitar un colapso cantado.

El caos y el peligro de circular se han adueñado de la autopista después de nueve meses comprobando como la crisis circulatoria se cumplía y de no haber sabido aplicar un peaje blando de carácter público desde el minuto uno, tras tantos años de un carísimo peaje privado. Unos por esperar una decisión europea y otros esperando que fuera el Estado quien lo aplicara y después le transfiriera la recaudación. Hoy es mucho más difícil tomar ninguna decisión que en septiembre de 2021, sin embargo, es mucho más urgente.