Banco Santander, BBVA y CaixaBank se han unido para crear FrauDfense, una compañía conjunta a tres para luchar contra el fraude financiero, que estará liderada, por el momento, por Carlos Requena y Natalia Ortega. Los tres gigantes financieros a nivel español han anunciado su colaboración para hacer frente a uno de los grandes retos del sector bancario actual. La gran banca está trabajando ya en herramientas para intercambiar información y datos relevantes que ayuden a prevenir el crimen financiero. 

Bajo el nombre de FrauDfense, Santander, BBVA y CaixaBank han constituido una compañía conjunta que aglutinará iniciativas antifraude de las tres entidades y que ya ha sido presentada ante los diferentes supervisores y reguladores competentes. En una primera fase, la alianza abordará la creación de una herramienta de intercambio de información que permitirá compartir modus operandi fraudulentos y medidas de respuesta satisfactorias frente a ellos, tal y como han detallado las entidades este viernes. No obstante, aseguran que, en todo momento, se preservará la seguridad y la privacidad de la información compartida.

El proyecto común de Banco Santander, BBVA y CaixaBank abarca la lucha contra las diferentes prácticas fraudulentas, que reconocen pueden ser muy diversas y sofisticadas. Entre otras, la gran banca española luchará unida frente al fraude de admisión, en el que se compromete información de los clientes suplantándolos para la contratación de productos, y el fraude digital o de pagos con tarjeta. La colaboración arranca en España pero estará abierta a la incorporación de otras empresas y entidades, ya sean financieras o de otros sectores productivos, interesadas en poner en común información contra el fraude, con el fin de proporcionar una mayor protección a los clientes, a las entidades y a la sociedad en general.

Natalia Ortega como presidenta y Carlos Requena como director general

En cuanto al organigramaCarlos Requena ocupará la dirección general de FrauDfense como empresa conjunta. Por su parte, el consejo de administración está compuesto por dos representantes de cada entidad: Carles Solé Pascual, chief information security officer (CISO) de Banco Santander España y Daniel Barriuso, group chief transformation officer también procedente del Banco Santander; Natalia Ortega, responsable global de Prevención del Crimen Financiero y Sergio Fidalgo, responsable global de Seguridad Corporativa, en representación de BBVA, y Sofia Karapatsiou, directora de Gobierno del Fraude y Lorenzo Malo, CISO de CaixaBank. 

La presidencia de FrauDfense será rotativa entre las tres grandes entidades financieras integrantes del proyecto contra el fraude financiero. Por el momento, se estrenará en la presidencia Natalia Ortega, procedente de BBVA, en un cargo que se irá renovando cada dos años entre los miembros de Banco Santander, CaixaBank y la propia BBVA. 

Banco Santander, BBVA y CaixaBank ocupan los puestos más altos del sector financiero nacional y despliegan sus productos y servicios más allá del mercado nacional. La unión de estas tres entidades para luchar de forma conjunta contra el fraude financiero supone un importante avance en España, con la puerta abierta a la ampliación de la colaboración. Banco Santander cuenta con una presencia relevante en una decena de mercados internacionales, 161 millones de clientes y una posición como uno de los grandes bancos del mundo por capitalización bursátil. A la entidad liderada por Ana Botín se suma BBVA, con más de 68 millones de clientes y presencia en más de 25 países. A estos dos gigantes financieros se suma también CaixaBank, con más de 20 millones de clientes y la mayor red de oficinas y cajeros en España y Portugal, con una fuerte presencia en la España rural.

La lucha contra el fraude financiero es una de las principales iniciativas desarrolladas por la Unión Europea a día de hoy, que reclama una mejora de los controles y una colaboración entre los 27 Estados miembros para frenar este problema. De hecho, la Fiscalía Europea contra el Fraude ha reclamado hace apenas dos meses normas más estrictas y un acceso a bases de datos de la Unión Europea para avanzar en una solución conjunta. "Debemos mejorar la detección del fraude comunitario: a nivel nacional, en particular, en lo que se refiere al fraude en los ingresos, y a nivel de la UE, en cuanto al fraude en los gastos", declaraba la fiscal europea contra el fraude, Laura Kovesi.