El actual presidente de BBVA, Carlos Torres, se sienta este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional para declarar como testigo por la relación entre la entidad y el comisario retirado José Manuel Villarejo, a día de hoy condenado a 19 años de cárcel. El directivo actuará como representante del banco en el caso Tándem, investigado por el juez Manuel García Castellón, a pesar de que la contratación del excomisario para prestar sus servicios de espionaje habría tenido lugar en la etapa anterior del BBVA, con Francisco González al frente, entre 2004 y 2017. Torres llegó a la presidencia del banco el 1 de enero de 2019 para sustituir al expresidente, también imputado en el caso por la relación de la entidad con Villarejo, pero ocupaba el cargo de consejero delegado en el final de la etapa de FG.
El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Manuel García Castellón, ha pedido la declaración de Carlos Torres como testigo en la investigación. En concreto, quiere preguntar al presidente de la entidad por las actas del Comité de Assurance Corporative de BBVA, el órgano designado de la responsabilidad penal de la entidad como persona jurídica. Por ello, García Castellón considera “evidente la necesidad de poder interrogar” al presidente de BBVA, también presidente del comité encargado de la investigación interna realizada por el banco.
García Castellón intentó ya que María Jesús Arribas de Paz, directora global jurídica de BBVA, declarara como testigo en el caso como representante legal de la entidad citándola al banquillo a finales de julio. No obstante, la directiva se acogió a su derecho a no declarar por voluntad propia ante la Audiencia Nacional. También la propia entidad evitó la declaración de su directiva en la Audiencia Nacional por considerar que la declaración de la responsable jurídica del banco podría vulnerar el deber de secreto profesional y el privilegio entre abogado y cliente, así como el derecho de defensa de la propia entidad. BBVA entendía que la citación de Arribas de Paz obligaba a la responsable a declarar "en calidad de testigo sobre hechos de los que ha tenido conocimiento única y exclusivamente por su labor, como profesional de la abogacía y como abogada interna de la entidad".
Fuentes de BBVA explicaron a ElPlural.com en su momento que la actual directora jurídica del banco realizó una consulta previa a su citación al Colegio de Abogados, como organismo superior, del que recibió la siguiente respuesta: “La consultante se encuentra obligada a guardar secreto profesional, obligación que no decae por el hecho de ser abogada interna de una sociedad". Esto supone que, desde el Colegio de Abogados, también defendieron el secreto profesional de la responsable jurídica de BBVA como testigo del caso Villarejo.
Torres, llamado a declarar tras el silencio de la directora jurídica de BBVA
Ahora Carlos Torres tendrá que declarar como testigo en el caso por la presunta contratación de los servicios de vigilancia y espionaje que el comisario retirado José Manuel Villarejo prestaba a través de su sociedad Cenyt. Lo que pretende García Castellón con la citación del presidente de BBVA como testigo del caso Villarejo es "delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo" en el seno de la entidad. La citación del presidente era algo que la Fiscalía Anticorrupción ya planteaba tras la previsible negativa de declarar de la responsable jurídica de la entidad.
De hecho, los fiscales del caso presentaron un escrito 24 horas antes de la declaración prevista de la directora jurídica de la entidad como testigo, en el que ya planteaban llamar a declarar al actual presidente de BBVA en caso de que la declaración de Arribas de Paz no aportase claridad a la investigación en el caso Villarejo. Precisamente lo que ocurrió la mañana del pasado 21 de julio en la Audiencia Nacional.
García Castellón quiere comprobar ahora si BBVA ha hecho algo para cumplir con la normativa y si realmente ha investigado la información interna relativa a los años en los que, presuntamente, se firmaron los encargos al excomisario tras la salida de Francisco González de la entidad. "Es especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal", reza el auto emitido por el juez instructor del caso.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la citación del presidente
El pasado 2 de octubre García Castellón llamó a Torres a declarar como testigo en la pieza separada del caso Villarejo, una petición formalizada con anterioridad por la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que era "preciso interesar la citación como testigo de Torres, a fin de poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma".
Desde la Fiscalía Anticorrupción contemplan que Torres podría tener un “alto grado de conocimiento” sobre la contratación de los servicios del comisario retirado. "No podemos compartir que ello implique formar parte del equipo de defensa pues, si la ejecución de la delegación la hubiese realizado Carlos Torres, ¿formaría este parte del equipo de defensa? O, en tal caso, habría de ser citado este al no ser abogado ante la imposibilidad de su subordinada", defendía Anticorrupción en el escrito presentado a finales de julio para pedir la declaración de Torres como testigo. García Castellón ya descartó en mayo de 2022 la citación del presidente como testigo en la pieza número 9 del caso Tándem ante la petición de la Fiscalía. Una petición que ahora el juez instructor ha decidido llevar a cabo.
En base a la información conocida hasta ahora, BBVA, y el anterior presidente, Francisco González, habrían contratado los servicios de Cenyt, la sociedad con la que operaba el excomisario, para distintos proyectos de investigación y espionaje entre 2004 y 2017, por los que el banco habría pagado más de 10 millones de euros. Tanto la entidad, como persona jurídica, como el expresidente Francisco González, conocido en la pieza como FG, están imputados en el caso Villarejo. Hasta el momento es la única compañía española todavía imputada por su relación con el excomisario, condenado a 19 años de cárcel por sendos delitos de espionaje y revelación de secretos.
La entidad ha mantenido una estrategia de silencio en todo momento, tanto por su imputación como persona jurídica como de algunos de sus directivos, y se emplaza al apartado disponible en su web en el que informa de los avances del caso. Tras la declaración de su presidente como testigo esta mañana en la Audiencia Nacional, fuentes de la entidad se limitan a defender que, "en su condición de testigo", Carlos Torres ha declarado "con total normalidad", respondiendo a las preguntas realizadas por el Ministerio Fiscal y por las partes presentes en el juzgado.
