La investigación entre la supuesta relación de BBVA, una de las grandes entidades financieras españolas, y el excomisario José Manuel Villarejo, se mantiene en los juzgados españoles. La Fiscalía Anticorrupción ha puesto sobre la mesa la posibilidad de llamar a declarar al actual presidente de la entidad, Carlos Torres, en caso de que el plan de este viernes salga mal. Precisamente esta mañana la Fiscalía ha llamado a declarar a la Audiencia Nacional a la directora jurídica global de la entidad a día de hoy, María Jesús Arribas de Paz, como testigo en el caso Villarejo, que se ha amparado en su deber de secreto profesional ante el juez, como ha podido saber ElPlural.com según fuentes de BBVA.
Desde la entidad defienden que el propio juez ha amparado el deber de secreto de Arribas de Paz durante la declaración, prevista para este viernes a las 10 horas, lo que deja en el aire la actuación de la Fiscalía Anticorrupción. Los fiscales del caso han presentado un escrito este jueves, apenas 24 horas antes de la declaración prevista de la directora jurídica de la entidad como testigo, en el que planteaban llamar a declarar al actual presidente de BBVA en caso de que la declaración de Arribas de Paz de esta mañana no aportase claridad a la investigación en el caso Villarejo. Carlos Torres es presidente de la entidad desde el 1 de enero de 2019, en sustitución de Francisco González, también imputado a nivel individual en el caso Cenyt.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este jueves un escrito en el que responde al recurso interpuesto por BBVA contra la decisión del juez instructor del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, de llamar a declarar como testigo a la actual directora jurídica del banco. Fuentes de BBVA defienden ante ElPlural.com que la declaración de Arribas de Paz como testigo en el caso Villarejo "vulneraría el deber y la obligación de secreto profesional" según establece la legislación vigente y el Estatuto General de la Abogacía, justificando así el silencio durante la declaración de hace apenas unos minutos.
El banco alegaba en el recurso interpuesto que la declaración de Arribas de Paz podría vulnerar el deber de secreto profesional, así como el privilegio abogado-cliente, además de la defensa de la propia entidad como persona jurídica. BBVA aseguraba en dicho recurso que la citación de Arribas de Paz le obligaba a declarar "en calidad de testigo sobre hechos de los que ha tenido conocimiento única y exclusivamente por su labor, como profesional de la abogacía y como abogada interna de la entidad". Una defensa que la entidad continuaba en su recurso: "Es la letrada interna encargada de reportar a los órganos societarios todas las cuestiones relativas a la configuración de la posición jurídica y la defensa de la entidad en el presente procedimiento, al igual que lo hizo respecto de la investigación interna cuando esta se encontraba en curso".
Fuentes de la entidad reconocen a este medio que la actual directora jurídica del banco realizó una consulta al Colegio de Abogados, como organismo superior, del que recibió la siguiente respuesta: “La consultante se encuentra obligada a guardar secreto profesional, obligación que no decae por el hecho de ser abogada interna de una sociedad". Esto supone que, desde el Colegio de Abogados, defienden el secreto profesional de la responsable jurídica de BBVA como testigo del caso Villarejo.
La Fiscalía cree que Torres tiene conocimiento de los contratos con Villarejo
La posibilidad de que Carlos Torres declare como testigo en el caso Villarejo responde a la idea que tiene la Fiscalía Anticorrupción sobre el “alto grado de conocimiento” que tendría el actual presidente sobre la contratación de los servicios de Cenyt, con el excomisario al mando, por parte de la entidad que preside desde 2019. La Fiscalía Anticorrupción explica en el escrito presentado este jueves que el consejo de administración de la entidad tomó la decisión, ya en julio de 2019, de facultar al presidente de la entidad, Carlos Torres, como a la directora jurídica global, María Jesús Arribas de Paz, para elegir al mejor representante de la entidad como persona jurídica en el caso Villarejo. En concreto, "para que cualquiera de ellos indistinta y solidariamente" pudiera "proceder a la designación de la persona representante del banco en esta causa en el mejor interés de la entidad".
Para la Fiscalía, esta designación de poderes al presidente y la directora jurídica global del banco "se trata de una delegación como consecuencia, cabe inferir, del alto grado de conocimiento de lo que había pasado con Cenyt -el grupo empresarial de Villarejo- que tenían Torres y Arribas de Paz". Es decir, Anticorrupción deja entrever que el actual presidente de BBVA tiene conocimiento de la supuesta contratación de los servicios de Cenyt y del excomisario Villarejo por parte de la entidad en la etapa de Francisco González, popularmente conocido como FG. Y es que las fechas plasmadas en el escrito de la Fiscalía dejarían constancia de este conocimiento. “En efecto, de los correos revisados puede afirmarse que, con anterioridad al 10 de noviembre de 2017, María Jesús Arribas de Paz era conocedora de la existencia de Cenyt, así como que tal empresa se encontraba con contrato vigente con el BBVA", reza el escrito sobre la responsable legal actual de BBVA.
"No podemos compartir que ello implique formar parte del equipo de defensa pues, si la ejecución de la delegación la hubiese realizado Carlos Torres, ¿formaría este parte del equipo de defensa? O, en tal caso, habría de ser citado este al no ser abogado ante la imposibilidad de su subordinada", defiende ahora Anticorrupción en el escrito presentado en la pieza separada de la macrocausa Tándem.
El juez instructor del caso Tándem, Manuel García-Castellón, descartó ya en mayo de 2022 la citación de Carlos Torres como testigo del caso Villarejo. Ahora, más de un año después, la Fiscalía Anticorrupción vuelve a plantear que el actual presidente se siente a declarar por su supuesto conocimiento sobre la presunta relación entre la entidad y los servicios prestados por el excomisario y su sociedad. Torres sustituye en el cargo a Francisco González, expresidente de BBVA e imputado en el caso Villarejo, al igual que la entidad, por los supuestos servicios prestados por el policía retirado a la entidad entre, al menos, entre 2004 y 2017.
