El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón ha tardado más de dos meses, pero finalmente ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha llamado a declarar al presidente del BBVA, Carlos Torres, por el caso Villarejo. El líder de una de las entidades financieras más relevantes del país acudirá el próximo lunes 16 de octubre en calidad de testigo para colaborar al esclarecimiento de la investigación abierta por los contratos entre el banco y el excomisario, principal protagonista de la trama.

El magistrado acepta la llamada que Anticorrupción rogó a través de un escrito y, según recoge el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, considera "especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal". Así, el máximo dirigente del BBVA, que accedió a cargo a comienzos de 2019, deberá personarse ante el Tribunal, donde previsiblemente reiterará su no vinculación con las irregularidades de la entidad.

En el momento en el que se enmarcan los hechos investigados, el presidente del BBVA era Francisco González, que también está incluido en la causa, pero como imputado. No obstante, la Sala ha creído conveniente el testimonio del actual presidente debido a “la necesidad de conocer lo sucedido internamente en el BBVA en la fase posterior a junio de 2018 (cuando el banco abrió unas pesquisas internas)”, situación que “resulta de especial importancia en el presente procedimiento”, según recoge la resolución firmada por el juez este lunes.

Los dos fiscales al cargo del caso, Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro, plantearon esta alternativa en caso de prosperar el recurso presentado por la entidad para que María Jesús Arribas, directoras de los servicios jurídicos del BBVA, no declarase. En esto se apoya ahora el juez.

Arribas era la persona que reportaba al comité lo que se iba realizando en la entidad, pero debido a que "se acogió a su derecho a no declarar por voluntad propia", se ha tomado esta decisión. Concretamente, se indica que "resulta preciso interesar la citación como testigo de Torres, a fin de poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma".

Además, Torres preside Comité de Assurance Corporative del BBVA, órgano designado responsable de la responsabilidad penal de la persona jurídica, del que se han aportado las actas. "Resulta evidente la necesidad de poder interrogar a Carlos Torres", ha indicado García-Castellón. De esta manera se compensa la no declaración de Arribas, sobre la que el banco aludió al secreto profesional para evitar. Es más, desde el BBVA aludían que el conocimiento de la letrada respondía únicamente a su desempeño profesional.

"Es la letrada interna encargada de reportar a los órganos societarios todas las cuestiones relativas a la configuración de la posición jurídica y la defensa de la entidad en el presente procedimiento, al igual que lo hizo respecto de la investigación interna cuando esta se encontraba en curso", recogía el recurso emitido por la entidad financiera.

Villarejo vuelve a encender el ascensor

Este lunes, el excomisario Villarejo ha confesado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) propuso enviar tanques a Cataluña en el 2012. Además, ha asegurado que el órgano conocía dónde se guardaban las urnas del referéndum del 1 de octubre de 2017, pero que el departamento que dirigía la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, prefirió no intervenir y dejar que se celebrara. Esta afirmación expone a la antigua lideresa del PP y a la gestión que el partido realizó de la crisis catalana.

Villarejo ha revelado estas informaciones en una entrevista en Rac1 de la que habrá más entregas. Durante su intervención también ha asegurado que la idea de enviar "carros de combate a Cataluña" surgió tras la gran manifestación independentista de la Diada del 2012, cuando el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocó elecciones anticipadas. Ante esta situación, explica, y siempre según la versión del excomisario, que en el CNI hubo "varias reuniones de crisis" donde se planteó esta acción.

"Los responsables del CNI que iban a las reuniones eran partidarios de posicionar carros de combate en lugares estratégicos, como la televisión. Allí, yo me permití comentarles: '¿Por qué no opta por furgones policiales? Consumen menos combustible, gastan menos y además, y ustedes lo saben porque hace 30 años que lo permiten, hay corrupción en el Govern de Catalunya como para poder hacer una actuación judicial y policial”, ha indicado asegurando que no fue el cerebro de la operación sino que solo dio una sugerencia como agente de inteligencia.