El Gobierno ha tomado la determinación de no reabrir el conocido almacén de gas subterráneo Castor tras las conclusiones emanadas del estudio realizado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard. Así lo ha comunicado el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital durante una rueda de prensa este miércoles y en la que han participado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, y los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw (Harvard).
Pongámonos en antecedentes. El 16 de mayo de 2008 se otorgó a Escal UGS una licencia de explotación relativa al almacén de gas natural subterráneo Castor con el objetivo de dar respuesta a las necesidades gasísticas. En 2010 se comenzó la perforación de los pozos de inyección/extracción de gas y, tres años después, concretamente el 5 de septiembre de 2013, se registraron una serie de sismos entorno a la plataforma Castor (situada en la costa Mediterránea). Dos semanas después, se ordenó el cese de las inyecciones de gas, a pesar de lo cual, los sismos continuaron hasta el 4 de octubre. Con este escenario como telón de fondo, se suspendió la operación y en julio de 2014 el propio Escal UGS presentó la renuncia a la concesión y el Gobierno encargó a Enagás la hibernación de las instalaciones.
Conclusiones que retratan al Gobierno
El MIT y la Universidad de Harvard, en un estudio que según cifras del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha costado 600.000 euros, ha analizado la geología, la sismología y el acoplamiento de flujos para deducir si los sismos registrados fueron causados por la inyección de gas en los yacimientos.
Según reconoce el profesor John H. Shaw, “el sistema de fallas es activo, aunque en la práctica solo una parte cercana al yacimiento: el segmento norte y sur”, sin embargo, ha matizado que lleva “millones de años inactivo”. El profesor del MIT, Rubén Juanes, ha indicado que la roca está sujeta a esfuerzos y “buena parte de esos esfuerzos tienen que ver con el fluido, inyección o producción del fluido [el gas]”. Esta presión está sujeta a variaciones: “Una falla está sujeta a esfuerzos. Hay esfuerzos normales y otros que son cortantes. El hecho de que la presión varíe, hace que el balance varíe. Y eso nos permite entender qué acciones en el medio subterráneo pueden ser estabilizantes o desestabilizantes para una determinada falla”, ha sentenciado.
Tras analizar estas presiones, el profesor Juanes ha concluido que “debido a la inyección se provoca una desestabilización de la falla de Amposta y de las ramificaciones de la falla en el bloque colgante. Esta desestabilización es significativa”. Además, se desestabilizan fallas de menor tamaño, pero presentes dentro del yacimiento”, a lo que añade que se han evaluado “escenarios de recuperación, llegando a la conclusión de que la desestabilización sería mayor a la que se provocó en septiembre de 2013”.
¿Negligencia?
Una pregunta sobrevolaba toda la sala de prensa mientras el Ministerio presentaba las conclusiones del informe: ¿Se podría haber evitado? La respuesta es ciertamente ambigua. Este estudio se ha realizado a posteriori, por lo que, de realizarse antes de las inyecciones, podrían haberse evitado los consecuentes sismos.
En lugar de este estudio, se realizaron los análisis que demandan los estándares habituales. Es en este punto donde se encuentra la ambigüedad. Y es que, el informe concluye que los análisis pertinentes no hubieran podido predecir los sismos y que el procedimiento se realizó “dentro de los márgenes de estudios anteriores”, según ha afirmado el profesor del MIT. Una arista que pone sobre la mesa la calidad y certeza de los informes habituales.
En cualquier caso, el Ministerio ha asegurado que estudiaran detalladamente el informe y ha matizado que el objeto del estudio no era determinar si existió -o no- negligencia alguna.
Lo que sí ha hecho el secretario de Estado de Energía ha sido señalar que “lo que toca es evaluar el informe”, “que las responsabilidades deben dirimirlas los tribunales” y que se mantendrá en hibernación, lo que supone un coste de unos 15,7 millones de euros.
