El Gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de una nueva ley del sector eléctrico que dará la "solución definitiva" para atajar el problema del déficit tarifario sin cargarlo de forma exclusiva a los consumidores, según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha destacado que la del sector eléctrico es una de las más importantes del programa nacional de reformas, que garantizará la fortaleza y la sostenibilidad financiera del sistema "sin que sean los consumidores los que lo tengan que cargar en exclusividad". Era la forma de la vicepresidenta de reconocer que todos pagarán más, no solo los consumidores, sino también las eléctricas y también en parte el Gobierno por la vía de los Presupuestos.

"La reforma definitiva" según el Gobierno
Junto al anteproyecto de ley, el Gobierno ha aprobado un real decreto de medidas urgentes, que aplicará mientras se aprueba el nuevo marco legal, para acabar con este desfase del sector eléctrico, generado al ser los ingresos del sistema insuficientes para cubrir los costes. El agujero supera los 26.000 millones y sigue generando 4.500 millones anuales de forma estructural. "Es la reforma definitiva", ha asegurado Sáenz de Santamaría.

Los consumidores tendrán que pagar un 3,2% más
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha detallado cómo se logrará ajustar esta cantidad: 2.700 millones vendrán de la reducción de costes de las actividades reguladas (transporte, distribución y retribución a las renovables), 900 millones se pasarán a Presupuestos Generales y 900 millones más de los peajes, parte regulada de la tarifa eléctrica y que supone alrededor de la mitad del recibo. Este incremento se traducirá en una subida del 3,2 % en el recibo de los consumidores, que ahora pasarán a estar englobados en el concepto "precio voluntario al pequeño consumidor" en lugar de en la tarifa de último recurso o TUR.

Las elécticas asumen hasta 4.500 millones euros anuales del ajuste
En el capítulo de reducción de costes regulados, lo que cobran las empresas eléctricas por estas actividades, Soria ha señalado que para las renovables, que dejarán de regirse por el mecanismo de primas, la rentabilidad, ligada a la inversión, será del 7,5 % (bono a diez años más 300 puntos básicos) y para las redes (distribución y transporte) del 6,5 % (bono a diez años más 200 puntos básicos). Junto a estas menores rentabilidades, se reducirán los pagos por capacidad, lo que reciben algunas empresas por tener disponibles plantas de 26.000 euros por megavatio (MW) a 10.000 euros por MW, aunque lo cobrarán más años, de diez a veinte. Y se permitirá parar una cuarta parte de los ciclos combinados, unos 6.000 MW. Asimismo, Soria ha señalado que se incluirá un mecanismo de estabilidad al sistema que ajustará de forma automática ingresos y costes.

Soria ha afirmado que las empresas eléctricas, que verán reducidos sus ingresos de forma considerable, aunque ahora no vean bien los cambios a la larga "van a agradecer" la reforma porque "introduce estabilidad y certidumbre". Sobre la posibilidad de que las empresas emprendan acciones legales contra estos cambios, Soria ha dicho que están en todo su derecho pero que las medidas cumplen con los últimos dictámenes del Supremo y se rigen por la "rentabilidad razonable" que establece la ley.

"Reducción de empleo"
Las grandes eléctricas asociadas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E.ON y EDP) han advertido en un comunicado que con esta reforma el mayor esfuerzo recae en ellas, que tendrán que asumir un recorte total de 4.500 millones de euros solo en 2013, por lo que apuntan que las medidas "vuelven a perjudicar de manera injusta y desproporcionada" a las compañías de la patronal. Advierten asimismo de que la aportación del Gobierno vía Presupuestos es "insuficiente" para paliar el déficit de tarifa. Desde Unesa rechazan las medidas y el reparto de esfuerzos asignado que, según sus cifras, supone que 1.000 millones anuales recaigan sobre estas empresas lo que representa casi el 65% del total. "Estos recortes y la inseguridad regulatoria que generan obligarán a una drástica reducción del empleo y a replantearse sus inversiones en España", advierte el comunicado de Unesa.