Medida recaudatoria
En el año 2012 como consecuencia del hundimiento de la construcción y del sector inmobiliario las Comunidades Autónomas afrontaron un desplome sin precedentes en sus ingresos. Además de afrontar duros recortes en políticas sociales, Comunidades como Cataluña o Madrid decidieron poner en marcha medidas recaudatoria como la de cobrar un euro por receta. En Cataluña se llegó a cobrar el impuesto durante unos meses, hasta que el Gobierno de Rajoy recurrió la medida ante el Constitucional, que fue suspendida cautelarmente en enero de 2013 por el Tribunal hasta que hubiera sentencia.
El caso de Madrid
El euro por receta supuso el primer 'encontronazo' entre el gobierno de Rajoy e Ignacio González, que adoptó esa medida poco después de 'heredar' el cargo tras la dimisión de Esperanza Aguirre. El Gobierno también recurrió el euro por receta de Madrid, habida cuenta de que no tendría justificación que se recurriera en Cataluña y en Madrid no. Ignacio González replicó que ejercía las competencias que le correspondía, pero el Constitucional también paralizó su cobro en Madrid a principios de 2013.
El Gobierno recurrió el euro por receta al Constitucional al entender que ese impuesto o tasa ya afectaba a un supuesto regulado por una Ley estatal, además de señalar que las Comunidades Autónomas no pueden interferir ni directa o indirectamente la fijación de precios farmacéuticos, según el artículo 149.1 de la Constitución española.
