Entre esas medidas destaca el aumento de la edad requerida para recibir el subsidio para desempleados mayores, que el Gobierno ha elevado de 55 a 55 años, la reducción en la cotización de la Seguridad Social de cara la pensión de jubilación o la eliminación de la parte que el Estado aportaba a la cotización de los parados: a partir de ahora los ciudadanos tendrán que aportar el 100%.

Medidas contra los más débiles
En la letra pequeña también se incluye que se exigirá más documentación y comparecer ante los servicios de empleo para mantener las prestaciones y que se podrá suspender el pago del subsidio cuando se aprecie indicios de fraude. También se reducen los pagos a los trabajadores de empresas en quiebra. Mientras que antes cobraban como máximo el triple del salario mínimo, ahora será sólo posible que cobren el doble.

La derogación encubierta de la Ley de Dependencia
Uno de los recortes más polémicos, porque afecta a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, es el decreto que reforma la Ley de Dependencia, que rebaja un 13% la financiación para la atención a esas personas y deja sin Seguridad Social a las cuidadoras familiares, a las que el Gobierno dejará de pagarles la cotización a partir del 31 de agosto. Las comunidades autónomas recibirán 200 millones menos de lo previsto. Los expertos sociales ya ven en este ajuste una derogación encubierta de la ley.

La deducción por vivienda para los compradores antes de 2006
Ni el presidente del Gobierno, el miércoles en el Congreso, ni los responsables económicos, De Guindos y Montoro, junto a la vicepresidenta este viernes anunciaron tampoco que se elimina la compensación tributaria en el IRPF de la que disfrutaban todos los que compraron su casa antes de 2006. Se limitaron a apuntar que se suprimirá la deducción por vivienda para los contribuyentes que compren su casa a partir del próximo año.

Renta de emancipación
Por otro lado, los jóvenes que disfrutaban de la renta básica de emancipación o ayuda al alquiler verán reducida su cuantía en un 30%, pasando de 210 euros a 147 euros al mes.

Contra los funcionarios
En lo que afecta al sector público, los funcionarios están entre los más castigados. La supresión de la paga extra de Navidad, que el Gobierno se había comprometido a compensar en 2015 mediante un ingreso en el fondo de pensiones, solo se devolverá si se cumple con el objetivo de déficit en 2015.

En este orden, en 2013, el ahorro será de 1.930 millones de euros y en 2014 de 2.000 millones de eurosEl Gobierno solo les devolverá la paga extra a los funcionarios si cumple el déficit de 2015, es decir, si logra llevar a cabo el ajuste de 65.000 millones en las cuentas públicas y controlar la desviación presupuestaria. Además, los empleados públicos podrán perder hasta cuatro días de vacaciones este año. Se trata de los seis días libres que tenían a su disposición hasta ahora.