El pasado 27 de diciembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la eliminación del IVA de los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0%, y la reducción del que grava el aceite y la pasta, del 10% al 5%, como medida estrella contemplada dentro del ultimo paquete anticrisis para combatir el encarecimiento de la cesta de la compra. Sin embargo, la publicación de los datos definitivos del Índice de Precios de Consumo (IPC) de febrero, publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que las pretensiones del Gobierno están lejos de cumplirse y reavivan los debates internos.

En el mes de enero se registró un amago de reducción del precio de los alimentos, pasando del 15,7% de diciembre al 15,4%, pero la leve caída no fue más allá. Los datos del segundo mes del año han asestado un duro golpe a la evolución del índice, catapultándolo hasta el valor más alto de la serie histórica (16,6%), que comenzó en el año 1994. Además, gran parte del incremento corresponde a los alimentos frescos, en mayor medida a legumbres y hortalizas y frutas, que experimentan un incremento mensual del 6,7% y el 4,5%, respectivamente, a pesar de estar beneficiados por la eliminación del IVA.

Debate en el Gobierno

La no traslación de las reducciones de impuestos al precio que finalmente pagan los consumidores en los supermercados ha reavivado el debate en el seno del Gobierno, donde aparecen dos posturas enfrentadas por la línea de actuación que debe asumirse. Por un lado, la parte socialista defiende esperar a que las medidas aprobadas recientemente se traduzcan en los precios; por el otro, los morados presionan para acometer una intervención pública que aborde directamente los precios, aludiendo a que las familias no pueden sostener más el incremento desmedido de los precios.

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, aseguraba el pasado mes que existían razones para pensar que “el IPC de los alimentos ha tocado techo”, previsión que, lejos de cumplirse, se ha invertido al crecer la cifra en 1,2 puntos. La “libre competencia” ha sido uno de los principales aspectos defendidos por el titular de Agricultura, apoyado por la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, parte también del socio mayoritario del Ejecutivo. Mientras, la otra vía ideológica, encarnada por Unidas Podemos, ha aprovechado los datos conocidos este martes para reiterar la necesidad de ir más allá en la asunción de medidas.

“Es absolutamente fundamental que, además de las medidas tomadas en el pasado, que son las más ambiciosas tomadas nunca ante una crisis en nuestro país”, ha reconocido Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, “hagamos más, porque es verdad que no es suficiente”, ha continuado, en declaraciones concedidas a TVE minutos después de conocerse el dato. “La cesta de la compra y el precio de la vivienda, principales gastos de la gente de nuestro país, necesitan de una intervención pública por parte del Gobierno”, ha reiterado, aprovechando el momento para enumerar las propuestas presentadas por la formación de la que es secretaria general (Podemos).

“Nosotras hemos propuesto el tope a una cesta de la compra básica, que pensamos que es la medida más efectiva, como hemos visto con el tope al gas. También hemos propuesto una bonificación sobre la cesta de la compra básica para reducir ese 16,6%”, ha añadido. En la misma línea, se ha pronunciado en más de una ocasión Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, favorable a topar los precios utilizando la ley del Comercio Minorista de 1996. “El Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa, en los casos siguientes”, refleja el artículo 13 de la ley citada por Díaz.

La parte del Gobierno reticente a asumir estas medidas se abre, ahora sí, a definir alguna línea más que auxilie a los hogares. El acuerdo alcanzado en Francia, entre el Ejecutivo de Emmanuel Macron y las grandes distribuidoras, para definir una cesta básica con precios asequibles ha propiciado la nueva predisposición de los socialistas españoles. "Las empresas pueden plantear iniciativas similares en nuestro país que lleve a una contención de los precios, pero siempre con respeto a la Ley de la Cadena Alimentaria y que no sea en perjuicio de la industria ni de los productores”, apuntaba Planas la semana pasada, asegurando que “un sector maduro y competitivo como la distribución española está totalmente en condiciones de llevar a cabo medidas similares”.

Eroski da el primer paso

La primera distribuidora que ha decidido dar el paso de definir una cesta de la compra básica, con productos frescos y de primera necesidad, ha sido Eroski, que pondrá disponible a partir del 16 marzo 1.000 productos a precios asequibles. Esta cesta contará con 600 productos básicos a menos de 2 euros y otros 200 productos de un euro o menos. De la selección, el 35% estará compuesta por productos de la marca propia y el resto pertenecerá a marcas líderes y locales. Más del 50% será de productos de consumo diario y semanal (lácteos, verduras, frutas, aceite, huevos, pescado), el 20% corresponde a categorías para el cuidado personal y del hogar, y el resto, de categorías de consumo ocasional como galletas, chocolates o bollería, detalla la distribuidora.

Ni rastro de Carrefour, que ha decidido diferenciar entre los consumidores franceses y los españoles, considerando que estos últimos no son merecedores de la cesta de 200 productos que estará presente en los supermercados galos de la compañía. Además, en esta ocasión el conjunto de la cesta sí contará con productos frescos y de primere necesidad, suerte que no tuvieron los consumidores españoles, que vieron como la distribuidora aprobaba una cesta en España que contaba con limpiacristales, gel de ducha o chocolate blanco.

Por el momento, habrá que esperar para saber si el resto de grandes supermercados que operan en España, que por el momento no se han pronunciado, decide seguir el ejemplo de Eroski o, por el contrario, van a seguir exigiendo la reducción del IVA también para el pescado y la carne, a pesar de que esta medida no parece haber servido para reducir el precio de los productos que copan sus estanterías y ya se benefician de la medida. Una parte del Gobierno apela a la buena voluntad de las distribuidoras, la otra a la intervención directa y, mientras, las familias siguen teniendo que asumir el encarecimiento en algo tan básico como la alimentación.