"Hay que obligarles con el BOE en la mano". De esta forma se expresan los socios del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la posibilidad de aplicar el tope de la cesta de compra que ha impulsado el Ejecutivo de Francia. Se trata de una iniciativa que algunas voces del seno de la coalición celebran en pos de atajar los efectos de la inflación y que también aplauden las formaciones que hicieron posible la investidura. Sin embargo, mientras algunos ministros apelan a la "libre competencia" y al respeto a la "ley de la Cadena Alimentaria" y otros sacan pecho de las medidas contra inflacionistas ya en vigor -como la rebaja del IVA-, la izquierda parlamentaria insta a la Administración central a obligar a los supermercados a bajar los precios así como a hacer públicos sus márgenes de beneficios.
El Gobierno, a favor pero con condiciones
La decisión del Ejecutivo de Francia de impulsar una cesta de la compra topada con los supermercados ha reabierto el debate en el Gobierno de nuestro país, que decidió hace meses limitar los precios de algunos alimentos básicos a través de una rebaja en el IVA. Ahora, esta propuesta francesa ha vuelto a remover las distintas voces en el seno de la coalición, que piden aplicar esta iniciativa. Sin embargo, las posiciones son diferentes y algunos piden ciertas condiciones. Preguntado por si esta medida podría llegar a España, el portavoz del PSOE apeló a sus resultados aunque reconoció que podrían estar valorándolo para aplicarlo. "El Gobierno lo estará estudiando, pero no es la primera vez que en Francia lo han hecho y no ha funcionado muy bien", ha sostenido Patxi López.
Sin embargo, algunos ministros sí se han manifestado abiertamente a favor. Es el caso de la titular de Economía, Nadia Calviño, o del de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha valorado positivamente la medida. "El Gobierno francés ha presentado un paquete antiinflación para este trimestre, en el que se incluyen algunas medidas de apoyo a la población más vulnerable", ha reconocido este lunes. Planas incluso ha abierto la puerta a la creación de esta cesta en nuestro país aunque lo ha desligado de un tope real a los precios. "Las empresas pueden plantear iniciativas similares en nuestro país que lleve a una contención de los precios, pero siempre con respeto a la Ley de la Cadena Alimentaria y que no sea en perjuicio de la industria ni de los productores", ha matizado.
"Esperamos que dentro del campo de la libre competencia, las empresas de la distribución puedan también en este sentido plantear iniciativas similares en nuestro país que no sea en perjuicio de la industria ni sobre todo de los productores primarios", ha defendido el ministro, dejando de esta forma en manos de los propios establecimientos la decisión bajo la máxima de la no intervención por parte de la administración central. Por su parte, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha celebrado la iniciativa, que “es posible” y “completamente legal”. "Es posible ofertar una cesta de productos por un precio limitado. Artículo 13 de la ley del comercio minorista", anunciaba públicamente tras conocer la iniciativa francesa.
Los socios piden obligar a las cadenas
Entre tanto, los socios de la investidura en el Congreso se muestran a favor de incorporar esta medida al sistema español al tiempo que apuestan por intensificar la presión hacia los supermercados. En concreto, apelan a los márgenes de beneficios de las grandes cadenas mientras insisten asimismo en la necesidad de topar los precios de la cesta de la compra por parte de la Administración bajo el precepto de que "el zorro no puede cuidar el gallinero", en referencia a dejar en manos de las empresas atajar los efectos de la inflación a costa de sus ganancias. Y es que esta es una de las grandes diferencias entre el sistema español y el francés para llevar a cabo una iniciativa como la aplicada por Macron.
Esto es precisamente lo que esgrimen desde el grupo confederal de Podemos, que aseguran que la coalición lo "debe hacer". "Si en Francia con un gobierno de derechas se puede, en España con un gobierno progresista se debe hacer", ha sostenido este martes el portavoz de los comunes, Jaume Asens, en la rueda de prensa previa a la junta de portavoces. Unas palabras que también comparten desde Unidas Podemos, que instan a los socios mayoritarios a adoptar "medidas urgentes" al tiempo que ponen el foco en el papel de las compañías alimentarias como ya hizo a mediados de febrero la secretaria general Ione Belarra, quien sostuvo entonces que "un Gobierno no debe pedirle por favor a los grandes supermercados que bajen los precios" ya que "han sido parte del problema".
"Hay que volver a poner sobre la mesa dos propuestas urgentes: topar el diferenciar el Euribor en hipotecas de tipo variable para que los españoles no elijan entre pagar o comer y poner un tope a la cesta básica de alimentos como permite el artículo 13 de la ley de comercio minorista y como ha hecho Francia", ha sostenido Javier Sánchez, diputado morado y quien ha hecho las veces de portavoz en sustitución de Pablo Echenique. A su juicio, en el país vecino "los grandes supermercados han aceptado limitar los margenes de beneficios mientras aquí se niegan a moderar sus beneficios", por lo que ha pedido actuar. "No hay que pedirles nada más, hay que obligarles con el BOE en la mano", ha defendido antes de confiar en que "va a acabar pasando" en nuestro país.
"No podemos confiar al zorro el cuidado del gallinero"
En la misma línea se han pronunciado desde el BNG. Su dirigente Néstor Rego ha asegurado en la misma rueda de prensa que su apuesta es aprobar un "tope" a los alimentos ya que la eliminación del IVA en algunos productos, como llevó a cabo el Ejecutivo y como pide extender el Partido Popular, "no es suficiente". "La única medida, como en la energía y los combustibles, es topar los precios en la cesta de la compra para acabar con las dificultades de las familias. No sé si el modelo de Francia es el mejor porque eso fue un acuerdo con las grandes distribuidoras, que elegirán el listado de productos que van a limitar los precios. No somos partidarios de confiar al zorro el cuidado del gallinero. Debe ser la administración pública por una norma quien establezca los topes y la cesta", ha sostenido.
Por su parte, desde Más País no solo instan a aplicar este tope sino a que la Administración haga públicos los márgenes de beneficio de las grandes superficies, como sí hacen en Francia, con el objetivo de "saber a qué se debe la subida del precio de los alimentos". "La reducción del IVA puede significar que ese margen se las sigan quedando las grandes distribuidoras. La lechuga se paga peor a los cultivadores y se venden más caras", ha explicado Íñigo Errejón, quien ha criticado que las distribuidoras están "aumentando de forma desorbitada" sus beneficios mientras "los productores no están ganando más" y "los consumidores lo estamos pagando más caro".
La transparencia, principal diferencia con Francia
Estas palabras y la petición de Más Madrid a la Mesa del Congreso responde a una de las principales diferencias que existen entre el sistema español y el francés. En el país vecino los grandes establecimientos tienen la obligación por ley de publicar los márgenes de beneficios que obtienen en cada paso de la distribución. Es decir, que es pública la diferencia entre lo que pagan a los agricultores y lo que cobran después a los consumidores por un producto. En el caso de España solo el Ministerio de Hacienda cuenta con los datos, que se publican de forma trimestral en el Banco de España. Eso sí, como sector y no por cifras individualizadas, por lo que no sirve a los consumidores para saber cómo se comporta cada supermercado en la cadena de distribución.
