El pasado 27 de febrero, el Congreso de los Diputados dio el visto bueno a los objetivos de estabilidad para el período 2020-2021, iniciando de esta manera el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para este año y, probablemente, para el año 2021. De lograr su objetivo, el Gobierno de Pedro Sánchez podrá aprobar para el verano su propio proyecto de presupuestos, tarea que se encalló el pasado año 2019 y que terminó en dos convocatorias electorales. De esta manera, pasaremos buena parte del año 2020 con unos presupuestos generales aprobados en 2018 y elaborados por un gobierno que hoy está en la oposición.
La senda presupuestaria aprobada por el gobierno supone un horizonte de reducción del déficit público que lleva al equilibrio presupuestario más allá de 2023. De esta manera, para 2020 se prevé un déficit público del 1,8% del PIB, exactamente la misma cuantía que se planteaba en la senda que el gobierno presentó en 2018 y que no pudo aprobar por la cerrazón de un Senado entonces dominado por la oposición. El bloqueo en el Senado de aquella senda de estabilidad, cuyo único motivo era dificultar la labor del gobierno -ya que la senda vigente en aquel momento era totalmente irreal-, y el bloqueo de los presupuestos de 2019, ha llevado a España a vivir en una especie de limbo fiscal, sin un objetivo creíble para el déficit público de 2019, y una ejecución previsible lejos de todos los objetivos previstos y todos los requerimientos exigidos por la Comisión Europea. Así, el plan presupuestario del Partido Popular, preveía que para 2019 España se comprometía con un déficit público de 1,3% del PIB, algo totalmente irrealizable teniendo en cuenta que los presupuestos de 2018 nacieron ya con una desviación de 0,4% del PIB (desviación que fue señalada por la Comisión Europea antes incluso de la moción de censura). El Gobierno socialista presentó una senda que situaba el déficit público en el 1,8% del PIB en 2019. Su rechazo y el rechazo en el congreso de los Presupuestos Generales, dejó a España sin instrumento principal para gestionar las cuentas públicas y el déficit público de 2019 probablemente termine en el entorno del 2,5%. En otras palabras, con un año perdido en materia de control del déficit público, y un déficit estructural -aquel que se calcula sin tener en cuenta el momento cíclico de la economía, sino la tendencia a largo plazo- que no termina de bajar del 3%, bien lejos del objetivo de, 0,5% recogido en los objetivos del brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
De esta manera, España se enfrenta al nuevo ciclo presupuestario en una situación de déficit estructural permanente, nuevas demandas de gasto vinculadas a los objetivos sociales y reformistas del gobierno de coalición -con un programa de actuación ya desgranado y con el programa presupuestario basado en los presupuestos de 2019- y con dificultades para hacer efectivos, durante este mismo año, los ingresos generados por las nuevas figuras impositivas como la tasa al sector financiero o la tasa de los servicios digitales.
La Comisión Europea ha presentado esta semana el informe de la economía española correspondiente al Semestre Europeo. En el mismo, y bajo las condiciones de continuidad de las políticas actuales, la Comisión prevé que el año 2020 el déficit público se situará en el 2,2% del PIB, esto es, un ajuste totalmente marginal si no se toman medidas adicionales. Medidas que en cualquier caso sólo tendrán efecto a partir de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, como pronto, en fechas cercanas al verano.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta todos estos elementos, y examinando el ejercicio de previsión presupuestaria que ha presentado el gobierno, quizá debería haber desplazado el esfuerzo fiscal hacia el año 2021 y mantener una senda realista para este año 2020. En resumen: siendo realista, España tendrá muy difícil cumplir en 2020 sus objetivos de déficit. La Comisión Europea ha venido repitiendo este riesgo de incumplimiento desde 2018, cuando el Partido Popular aprobó unos presupuestos alejados de sus propios objetivos de déficit público, y que hemos venido prorrogando desde entonces hasta esta fecha. Y todo indica que este año volverá a ocurrir. Éste es, entre otros, el coste de no haber aprobado los presupuestos de 2019, y el coste de haber repetido las elecciones. Ahora nos costará mucho más recuperar la pista de la senda presupuestaria.
En un momento en el que el núcleo “duro” de la Unión Europea cierra la mano y se niega a aumentar su grado de solidaridad en el marco del presupuesto europeo o en el marco de los mecanismos de refuerzo de la Unión Económica y Monetaria, no debemos esperar mucha ayuda de nuestros socios, sino que, más bien, tendremos que valernos por nosotros mismos. Si España quiere sentarse en la mesa de los mayores en la Unión Europea, debe presentarse con los deberes hechos. El esfuerzo de preparar planes y presupuestos, es inútil si luego no son aprobados o si no hay un gobierno que pueda ejecutarlos. Esperemos que, en esta ocasión, la mayoría que ha sostenido este gobierno se comporte con responsabilidad y no someta a nuestro país a un nuevo castigo que nos aleje definitivamente de nuestros objetivos fiscales.
