La revelación de los Papeles de Pandora este fin de semana ha acaparado miradas en todo el mundo. El País y laSexta han sido los medios españoles participantes en la investigación de estos documentos que revelan distintas maniobras de diversas personalidades de fama internacional usando sociedades offshore.

Es la legislación de los paraísos fiscales lo que facilita la creación de estas sociedades offshore, ya que no impone estándares internacionales que permitan transparentar el origen de los fondos. Es por esto que pueden recibir fondos obtenidos de manera lícita pero también ilícita.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer la investigación de los Papeles de Pandora, una investigación global que desvela una gran filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas. Así, la filtración señala a más de 27.000 compañías creadas entre 1971 y 2018, y a casi 30.000 de sus beneficiarios.

Qué es un paraíso fiscal

Los paraísos fiscales son territorios donde la creación de sociedades mercantiles es la principal o la única industrial. Es por ello que ofrecen ventajas a los ciudadanos de otros países que buscan cargas tributarias reducidas. Ejemplo de ello es que el impuesto asociado a la actividad de estas entidades es simbólico.

Estos estados también protegen el anonimato con contextos legales que dificultan identificar a los beneficiarios de la sociedad. Cada país decide con quién firmar los acuerdos tributarios o los de intercambio de información, ya que no hay una lista a nivel internacional de jurisdicciones de este tipo.

La Comisión Europea ha cifrado en doce los países no cooperativos en la actualidad: Samoa Americana, Anguila, Dominica, Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Vanuatu y Seychelles.

Así, en resumidas cuentas, un concepto clave en la identificación de los territorios que puedan tratarse de refugios fiscales es su escasa inclinación a compartir información con las autoridades de otros países.

Qué es una sociedad offshore

Literalmente, offshore significa “más allá de la orilla del mar”, “fuera de la playa”. Pero metafóricamente es “fuera de territorio”. Así, las sociedades offshore son entidades creadas en un país distinto de aquel en el que residen sus beneficiarios. Son legales, siempre y cuando no se creen con el objetivo de buscar escasas o nulas cargas impositivas y de confidencialidad. Las sociedades que se crean con este último fin no tienen una actividad real en los países donde están registradas, ni necesitan oficina y empleados. En rasgos generales, se utilizan para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de los activos, que no tienen que ser exclusivamente financieros, ya que pueden ser también propiedades inmobiliarias, obras de arte o vehículos, por ejemplo.

Según un estudio publicado en 2017, se calcula que un 10% del producto interior bruto mundial se encuentra en sociedades offshore. Mientras, la OCDE calcula que al menos 9,7 billones de euros están guardados offshore a nivel mundial.

Tener una sociedad en un paraíso fiscal es legal siempre que sus activos y los beneficiarios derivados de su actividad se declaren a las autoridades del país donde el beneficiario tiene su domicilio fiscal.

No hay ningún problema en que alguien que tiene su domicilio fiscal en España monte una sociedad en una jurisdicción offshore siempre que lo notifique a la Hacienda española y reciba los tributos correspondientes por ello.

El problema está cuando esas sociedades están escondidas en dichas jurisdicciones, sin declararse su existencia a la autoridad competente del país en el que se tributa. La opacidad que ofrecen los paraísos fiscales para ocultar activos abren la puerta al cohecho, el lavado de dinero, la evasión fiscal e, incluso, la financiación de actividades como el terrorismo.